(El Ancasti) El administrador de Vialidad Provincial, Hugo Naranjo, anunció el inminente inicio de los trabajos de reacondicionamiento y pavimentación del segundo tramo de la Ruta Provincial Nº 46, que une las ciudades de Andalgalá y Belén. El Banco Internacional del Reconstrucción y Fomento (BIRF), se entusiasmó el funcionario, ya dictó la «no objeción” para el crédito y en poco tiempo el Gobierno estará en condiciones de adjudicar los trabajos (ver página 4).
De este modo, se completaría la puesta a punto de la conexión vial entre los dos distritos mineros más emblemáticos de la provincia, del que se asfaltaron 32 kilómetros en 2013, a un costo de 95 millones de pesos. Se trata de una muestra cabal de los distorsionados criterios que se aplicaron en la inversión de la renta minera: para pasar de Andalgalá a Belén, o viceversa, debe acometerse una travesía por camino de ripio en muy malas condiciones, pero alrededor de 250 millones de pesos se erogaron para levantar el prescindible Estadio Bicentenario, que se cae a pedazos y demandará otra millonada en restauraciones.
Cómo no comprender, entonces, la decepción que campea en el oeste con la minería? La Provincia debe endeudarse para completar una ruta que, en una administración sana, debería haber sido prioridad. Para ir a Tinogasta y Belén desde San Fernando del Valle es necesario salir del territorio provincial y entrar en La Rioja, como para ir a Santa María hay que pasar por territorio tucumano. El asfalto en la Ruta Provincial 46 potenciará la región comercial y turísticamente, con la habilitación de un circuito que vinculará las bellezas de Pomán, Andalgalá y Belén para pasar derecho a Antofagasta de la Sierra o hacia el Paso de San Francisco. Será un avance medular en términos de integración territorial.
La evidencia del despilfarro de las utilidades y regalías mineras surge palmaria no solo en la comparación con las obras superfluas que se financiaron con ellas en lugar de avanzar en la resolución de las deficiencias de infraestructura provinciales. Que recién ahora, créditos mediante, vaya a asfaltarse la 46, marca la postergación a la que los gobernantes sometieron a los pueblos más directamente relacionados con Bajo La Alumbrera. Las responsabilidades del Gobierno provincial que administró el tiempo dorado de la minería son tan claras como las de los intendentes de Andalgalá y Belén de la época, José Perea y Daniel «Telchi” Ríos, respectivamente, quienes se patinaron en un clientelismo elemental y el paroxismo de las designaciones las abultadas regalías que multiplicaron varias veces los ingresos de sus municipios.
No es casual que en Andalgalá se haya expresado el rechazo más virulento a la minería. La controvertida ordenanza en contra de la minería a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá, al margen de cualquier consideración de orden legal, expresa a una comunidad que se siente justamente defraudada, porque asistió a la sostenida decadencia y el empobrecimiento de sus horizontes de progreso, mientras sus dirigentes y representantes experimentaban un exponencial mejoramiento de sus situaciones económicas particulares. Como ya se ha dicho, para esta comuna la gran minería, que durante décadas se había visualizado como oportunidad histórica, terminó siendo una maldición. A casi veinte años de la puesta en marcha de Bajo La Alumbrera, está socialmente mucho peor de lo que estaba: fracturada entre mineros y antimineros, con su aparato productivo diezmado y los vicios de la plata fácil –alcohol, drogas, juego, prostitución- arraigados hasta el tuétano.