La gobernadora Alicia Kirchner fue una de las que firmó el martes la adhesión de Santa Cruz al Acuerdo Federal Minero, aunque dejó sentado «reservas» en cuanto a algunos artículos que ponían limites a ingresos a las arcas provinciales, defensa de puestos de trabajo e incorporación de proveedores locales a la cadena de valor.
La ceremonia que tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada contó con asistencia del presidente Mauricio Macri Blanco Villegas; el jefe de gabinete, Marcos Peña Braun; y el titular de la cartera de Energía, Juan José Aranguren, entre otros ministros.
Vale detallar que además de Santa Cruz, el Acuerdo Federal Minero (AFM) fue avalado por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Catamarca, Neuquén, Río Negro, habiéndose negado a hacerlo, por diferentes criterios, Chubut, La Rioja y La Pampa.
El acuerdo que había comenzado a elaborarse a fines de 2016, establece un conjunto de normativas, entre las que se destaca la conformación de un Catastro Minero Unificado y de un Centro Nacional de Información Minera.
De los 27 artículos que lo conforman, Santa Cruz hizo expresa reserva de adhesión de sólo dos, el 15° y el 19°, que tratan sobre el valor de regalías y aportes a fideicomisos provinciales para los cuales se proponía un techo del 3% del valor de la venta bruta y del 1,5%, respectivamente. Este último es un valor menor al que se acordó para el fideicomiso denominado UNIRSE.
Alicia Kirchner concurrió acompañada por su ministro de la Producción, Leonardo Álvarez, quien al finalizar el acto formuló declaraciones de prensa.
En principio señaló que «nosotros consideramos oportuno analizar más profundamente la base imponible de regalías, toda vez que se trata de recursos extractivos no renovables, propiedad de las provincias y con un valor de mercado altamente fluctuante para el cual debe existir un sistema de regalías móviles».
«En consonancia –añadió-, no se puede aplicar el mismo régimen al oro y la plata que al litio o el cobre, como tampoco imponer una alícuota a una empresa que tiene un yacimiento maduro, con los costos de extracción que esto implica, que a otra con reservas comprobadas para 20 años vista».
Por otro lado, puntualizó que «en cuanto al techo propuesto para los acuerdos de Infraestructura y Responsabilidad Social Empresaria, no podemos firmar a la baja, ya que hoy Santa Cruz tiene el UNIRSE que prevé el 2% de aporte sobre el valor de venta versus un techo de 1,5% que fija el acuerdo porque estaríamos firmando en contra del interés de los santacruceños».
Finalmente dijo que «fuimos propositivos desde el inicio de la discusión del acuerdo y pudimos aportar nuestro criterio en materia de defensa de las fuentes laborales regionales y de las pymes locales, así como también modificamos el artículo referido a las empresas públicas provinciales».
El Patagónico
