Se da en la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) una coincidencia sugestiva: la denuncia penal impelida por el Gobierno nacional contra el directorio anterior por supuestas maniobras comerciales espurias con lingotes de oro se superpone a la sostenida decadencia que sufre la firma desde que hace dos años asumió su comando Santiago Albarracín. Podría ser, por supuesto, mero correlato azaroso, pero de todos modos llama la atención cómo el desplazamiento producido en la cúpula desencadenó sucesos extraños. Hasta la llegada de Albarracín, el desempeño de YMAD no registraba incidentes negativos. Arrojaba interesantes utilidades, parte de las cuales eran depositadas periódicamente a favor del Estado catamarqueño, no se producían accidentes ni despidos, las relaciones entre la patronal y los trabajadores eran más que armónicas, tenía una producción importante de oro y plata del yacimiento Farallón Negro. En resumidas cuentas: gozaba de excelente salud y nada habilitaba suponer que su estabilidad estaba amenazada. Sin embargo, el cambio gerencial introducido por la Casa Rosada precipitó a la firma en un proceso de ajustes sistemáticos en el que se han agotado millones de pesos y dólares en dinero y en mineral que tenía de reservas.
Albarracín no dio nunca explicaciones razonables sobre los motivos del retroceso empresario. Capaz que también sea casual que se haya iniciado justo cuando él se hizo cargo, pero no puede saberse porque no lo aclara. La cuestión es que desde principios de 2016 el historial de YMAD empezó a incorporar máculas como la muerte de un operario mientras trabajaba, quejas recurrentes por deficiencias en la seguridad, conflictos salariales y despidos. Entre las disposiciones tomadas por el nuevo presidente tuvo gran repercusión la de trasladar la planta de refinamiento de oro y plata que funcionaba en la Capital al yacimiento Farallón Negro. La reducción de costos fue la excusa esgrimida, pero no dejó de despertar curiosidad que el espíritu ahorrativo no se manifestara en otras medidas menos traumáticas para los trabajadores, como podría ser la instalación en Catamarca de las oficinas que YMAD tiene en Buenos Aires a costos muy altos, a los que debe añadirse el costo de alojamiento y los viáticos de los directivos que no son de allá.
Con muy poco –nada, en realidad- para mostrar como resultado de su gestión, muy oportunas le resultan a la nueva conducción de YMAD las denuncias por presuntas corruptelas de sus antecesores, tanto para intentar disimular lo modesto de su competencia como para tratar de justificar una política que parece consistir en la cronificación de los ajustes sobre el personal, la seguridad laboral y las inversiones, que han pasado a ser una rareza. Casualidad o maniobra de distracción deliberada, ya se verá, pero mientras tanto lo que no precisa de comprobación alguna es el contraste entre el auspicioso panorama que se abría ante YMAD antes del cambio de autoridades y el deprimido presente al que ha sido arrastrada tras tres lustros consecutivos de actividad sin sobresaltos.
Ancasti