Apuesta a que los gobernadores usen los PPP y préstamos multilaterales. El Ejecutivo tiene que dar el aval o la garantía y eso se computa como un pasivo
El Gobierno le sugerirá a las provincias que mantengan el ritmo de las obras de infraestructura mediante contratos de Participación Público Privada ( PPP), mecanismo que les permite no incrementar el gasto, y préstamos de organismos multilaterales, en el marco del ajuste fiscal que el Ejecutivo debe aplicar para cumplir con las metas que le impuso el Fondo Monetario Internacional ( FMI).
Es que, en conjunto con el entendendimiento por u$s50.000 millones, también se acordaron desembolsos del Banco Mundial (BM) por u$s1.750 millones, la Corporación Andina de Fomento (CAF) por u$s1.400 millones y el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID) por u$s2.500 millones. En ese sentido, la semana pasada la CAF ya aprobó girar al país los primeros u$s400 millones.
En el ministerio del Interior tienen presupuestados $60.000 millones para llevar adelante obras en el 2018 y prevén que el año que viene se mantendrá ese monto en términos nominales lo cual, por efecto de la inflación, implicará un recorte del 30%. El objetivo del Gobierno es recortar los gastos totales en $300.000 millones para llegar al objetivo de un déficit de 1,3% del PBI en 2019, de los que pretende que los gobernadores se hagan cargo de $100.000 millones en concepto de menores transferencias discrecionales a los distritos.
Para que las provincias puedan mantener el ritmo de las obras, el Gobierno propuso que se endeuden con los organismos multilaterales vía Nación, ya que si bien los mercados internacionales permanecen bloqueados para todas las jurisdicciones, los gobernadores cuentan con más margen para seguir incrementando sus pasivos, a diferencia del Ejecutivo, que en la Rosada reconocen que está cerca de llegar a un límite. De esta manera, obtendrían financiamiento con un costo en torno al 4% anual en dólares y se computaría «debajo de la línea», de acuerdo a la metodología utilizada por el FMI, que dejó fuera de la cuenta del déficit un «programa de inversiones prioritarias» fondeado con el dinero del BID, la CAF y el BM.
El nuevo escenario económico tras la corrida cambiaria dejó a los distritos en una situación dispar. Mientras las más delicadas son Chubut y Salta, San Juan y Neuquén se vieron favorecidas por la actividad minera y la suba en el precio del petróleo, respectivamente. Al mismo tiempo, la suba en el tipo de cambio implicará un mayor monto de regalías para los gobernadores patagónicos. Por otro lado, el pacto fiscal por medio del cual el Gobierno se comprometió a devolver paulatinamente el 15% de coparticipación que retenía para financiar a la Anses, dejó a varias provincias mejor paradas que antes en relación a la situación que tenían en 2015, por ejemplo en Buenos Aires o la Capital. De ahí la insistencia del Ejecutivo para ir descentralizando las obras públicas menores y ocuparse sólo de las grandes.
Un economista de otra cartera señaló a BAE Negocios que probablemente este año el resultado primario de las provincias tomado en su conjunto termine en equilibrio. Sin embargo, minimizó la posibilidad de que se hagan obras vía PPP: «no veo que se útil en números, sería raro encontrar alguna ruta a la que se le ponga un peaje que pueda dar rentabilidad». Tampoco consideró viable que la Nación sea «puente» para que los distritos se endeuden: como la Rosada debe poner el aval o la garantía, eso se suma al stock de pasivos de la administración central. Al término de 2017, esta partida contabilizaba como «deuda indirecta» u$s7.000 millones de los u$s320.000 millones que debía el Gobierno argentino en ese entonces.
BAE Negocios
