Opinión El Ancasti / Tras los cuatro de copas ex intendenta. mónica hernández fue condenada por el alquiler irregular de un camión.
La condena por fraude en contra de la administración pública dictada contra la ex intendenta del municipio santamariano de San José, Mónica Hernández, provoca un efecto paradójico: en lugar de constituirse en un triunfo sobre la corrupción, destaca la impunidad imperante. Hernández fue sancionada con 3 años de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por irregularidades cometidas en los trámites para el alquiler de un camión aguatero en 2008. Mientras, el multimillonario “negocio del hambre” montado a través de compras directas amañadas en el área de acción social entre 2001 y 2003, o el megafraude de las fundaciones perpetrado en el mismo enclave estatal en 2004, por ejemplo, aguardan resolución judicial. Tampoco se registran movimientos significativos en los expedientes abiertos por malversaciones de las regalías mineras en los municipios, salvo en el caso del ex intendente antofagasteño Carlos Fabián, quien, menos suertudo que su colega Hernández, estuvo preso por las irregularidades cometidas.
Estos dos ex intendentes son dos solitarios mojones que sobresalen por su excepcionalidad. La norma en Catamarca es que los delitos contra la administración pública queden impunes, y hay que decir, en honor a la ecuanimidad, que de entuertos como el del camión aguatero de San José está la administración pública tan llena que llama la atención que solo a Hernández le caiga el sanbenito. Que lo digan en Vialidad de la Provincia. Esgrimiendo la evidencia de tanto malandra exento de sanciones por contravenciones incluso más graves que las que les imputaron a ellos, Mónica Hernández y Carlos Fabián podrían solicitar el derecho a ser considerados víctimas de una injusticia. Acaso por pudor frente al grotesco, la ex intendenta de San José se abstuvo de incurrir en tal comparación, aunque en algún punto las declaraciones que hizo luego de la sentencia pueden leerse como un velado reproche a sus antiguos compañeros. «Estos cargos (por la Intendencia) son para los políticos y no para los que hacen las cosas bien por el pueblo. No me sorprende el veredicto porque sabemos cómo es la Justicia y en manos de quién está. Lo tomo más como un fallo político, como para no dejar seguir en un lugar político. Pretenden decir que en esta democracia no podés ser nada», dijo. Su resentimiento es comprensible: los integrantes de la casta política que en cuando ganaba elecciones y estaba al frente de la administración de los fondos de San José la celebraban, se mandaron a guardar en cuanto la sombra judicial se cernió sobre ella.
Por supuesto, no hay punto de comparación entre el alquiler irregular de un camión por el que fue castigada Hernández y la malversación de millonadas de la renta minera por la que fue preso Fabián. La diferencia de escala es excesiva. Sin embargo, en ambos casos el desamparo político fue idéntico. Ninguna voz se alzó desde el peronismo para defender a los ex jefes comunales en desgracia. Casi como si los hubieran entregado para que sirvieran de chivos expiatorios pues, más allá de que las sentencias se circunscriban a hechos puntuales, en el mundillo político local son pocos los que no están informados de las maniobras que caracterizados dirigentes, a los que la Justicia no les busca las cosquillas, tramaron en los entresijos de las administraciones comunales aprovechando las buenas relaciones que tenían con intendentes a los que luego les dieron vuelta la cara. Muy bien está que Hernández haya sido investigada y sancionada. Pero su condena es insignificante. La Justicia seguirá muy lejos de merecer crédito por su desempeño contra la corrupción mientras continúe concentrada en los cuatro de copas que la propia política le entrega.
Ancasti
