Los dos proyectos en el Senado que buscan habilitar la minería metalífera en Mendoza todavía no logran el acuerdo político necesario para convertirse en ley. El legislador Alejandro Abraham introdujo la posibilidad de auditorías nternacionales por el riesgo ambiental y que un porcentaje de las regalías vaya a obras de riego frente a la crisis hídrica de la provincia.
Se sigue poniendo cuesta arriba el camino para los dos proyectos que hace más de un mes se están debatiendo en el Senado y que tienen por objetivo habilitar la minería metalífera en Mendoza. La oposición que han generado ha provocado que haya modificaciones para poder consensuar la aceptación de la reforma.
Las propuestas consisten en la creación de parques mineros, en uno de los casos, y la modificación de la Ley 7.722, en la otra alternativa. Ambas cuentan con adeptos de todos los sectores, pero también fuertes rechazos.
Mientras se van agotando los días en el calendario del trabajo en la Legislatura, tanto el senador Juan Agulles (PJ), como Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana) -mentores de los proyectos- trabajan a contrarreloj para lograr los votos necesarios.
Sin embargo, tan profunda es la grieta al interior de los bloques por la modificación a la ley 7.722 que ni siquiera se ha avanzado en lograr un despacho de las camisones para que lleguen las dos propuestas al recinto.
Cambios al borrador
Para destrabar el conflicto que existe tanto dentro de la oposición como en el propio oficialismo -pese a que el Gobernador Alfredo Cornejo se mostró a favor de los cambios en la 7.722-, Abraham realizó modificaciones en la letra de su proyecto.
Para lograr más adhesiones y un impacto concreto en una de las problemáticas más serias que atraviesa Mendoza con la sequía, el senador apuntó que «de las regalías que genere la actividad a la provincia, que son el 3% del producido por la minera, se destinará un 25% a mejorar la matriz de riego con obras de impermeabilización de canales cauces, entre otras mejoras».
«Con toda esta reformulación lo que estamos apuntando es a una transformación de la matriz de riego. Todos saben que Mendoza tiene una matriz de riego deficiente por la cual se pierde muchísima agua, sea por filtraciones o por canales que no están impermeabilizados o por la misma característica del sistema que es el riego por manto», fundamentó el referente de Unidad Ciudadana.
Asimismo, remarcó: «Lo que nosotros queremos es que haya fondos suficientes para hacer una transformación de riego y aprovechar ese 30% o 40% de los mendocinos que se desaprovechan por malas técnicas. Con lo cual, no sólo va alcanzar para la actividad minera industrial, sino para la superficie cultivada de la provincia».
En otro orden, puntualizó que aparte de la regalía se establece una sobretasa minera equivalente al 1,5 por ciento del total facturado por la minera porcentaje del cual se destinaría el 66% a obras de infraestructura hídrica.
Obras de riego y controles ambientales
La iniciativa también apunta a que además de estos montos en cada proyecto «se podrá exigir, si es necesario y corresponde, obras adicionales de las características detalladas», apuntó.
Por otro lado, frente a los principales reclamos de los sectores ambientalistas, Abraham subrayó: «La provincia deberá contratar anualmente una auditoría internacional de organismo público como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por ejemplo».
Más allá de la reconversión que se quiere hacer del sistema que nutre al agro, la senadora Patricia Fadel (PJ), quien integra una de las comisiones donde se tratan los borradores, rechazó esta idea y aclaró que «actualmente hay recursos y los tiene el Fondo de la Transformación para eficientizar el riego, pero no sabemos por qué no lo difunden y por qué no se están usando».
La legisladora del Valle de Uco apuntó contra la gestión del Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli y cuestionó: «Tampoco nos parece acertado el plan de sequía que presentó Marinelli, sino que deben administrar adecuadamente el agua de las cuencas de la provincia».
La senadora, que remarcó su negativa a modificar la 7.722, dejó en claro a los integrantes de la Cámara de Empresarios de Servicios Mineros «que queremos que el gobernador saque una iniciativa propia, o que los proyectos peronistas sean votados por sus legisladores y aliados, ya que no nos necesita a nosotros».
Este jueves quedó en evidencia esta falta de acuerdo en el seno del justicialismo, desde donde nacen los dos proyectos, debido a la ausencia de algunos senadores. Pero también, las inasistencias se notaron en el oficialismo.
Parques mineros controlados
Ante la necesidad de trabajar en un desarrollo sustentable de otras actividades a la par de la minera, sobre todo en localidades como Malargüe, Agulles también amplió el texto de su iniciativa.
Ambos senadores aclararon que están trabajando en sumar los aportes del resto de los integrantes de las comisiones de Minería e Hidrocarburos, Ambiente, como también Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
Esta semana volverán a reunirse intentando sacar un despacho unificado, todo en un contexto de presión por parte del sector empresario para que salga la ley. Y en la vereda de enfrente, se ubican los ambientalistas y productores del agro, quienes rechazan que se modifique la 7.722.
El Sol
