Hay malestar oficial con Josemaría por el manejo del reclamo riojano

En el Gobierno sanjuanino no están conformes con la forma de trabajo con las poblaciones aledañas al proyecto.

En medio de los planteos del Gobierno riojano que apuntan a sacar alguna tajada del proyecto de cobre Josemaría, ubicado en Iglesia, fuentes oficiales confirmaron ayer que en las autoridades sanjuaninas hay malestar con la empresa que maneja el emprendimiento. Es porque consideran que no ha habido buen manejo con las poblaciones aledañas a la futura mina ubicada en la vecina provincia, por ejemplo haberles ofrecido participación en las futuras obras, como así también que puedan ser proveedores de algunos servicios porque, en la actualidad, para llegar a la zona, se debe transitar por suelo riojano. Y así se hubiera moderado el reclamo que encabeza el gobernador Ricardo Quintela. El mandatario, después incluso de un freno que le puso el presidente Alberto Fernández el lunes en San Juan, parece que ayer bajó el tono porque luego de amagar con ir a la Corte Suprema de Justicia por una cuestión de límites interprovinciales, pidió trabajo para las poblaciones aledañas a la futura mina y poder ser proveedores.

El mandatario riojano venía insistiendo con un pedido de participación en las ganancias de las regalías de la futura mina, al punto que fue el propio presidente Alberto Fernández, en su visita del lunes a San Juan, el que salió a ponerle freno. Dijo, en declaraciones a DIARIO DE CUYO, que «la Constitución dice que las provincias son dueñas de sus recursos naturales y éste (el proyecto) es uno que está en San Juan. No hay más que hablar». Además, fue más allá al expresar que la Carta Magna «es muy clara en ese sentido y es claro que el proyecto está en territorio sanjuanino».

Incluso ayer, por nuevas declaraciones del mandatario riojano, parece que las palabras del presidente Fernández surtieron efecto. Fue porque incluso Quintela, quien hasta había amenazado con recurrir a la Corte Suprema de Justicia por un reclamo de límites interprovinciales, manifestó en declaraciones a medios riojanos que lo que ahora pide para los habitantes de las localidades aledañas a la futura mina, como las de Villa Unión, Guandacol y Vinchina, es «oportunidades laborales» y poder «brindar servicios» en el futuro.

Cuando está en pleno debate el proceso para la Declaración de Impacto Ambiental (ver aparte), un paso fundamental para que avance el proyecto. Y lo que menos quieren en el Gobierno sanjuanino es que puedan surgir planteos, como los del Gobierno riojano, que puedan frenar la construcción de la mina y la explotación del yacimiento. Si todo avanza y no surgen nubarrones en el horizonte, la empresa Deprominsa, a cargo del proyecto, tiene previsto iniciar la construcción el próximo año. Se trata de un yacimiento de cobre, oro y plata, que contempla una inversión superior a los 3.000 millones de dólares y que demandará unos 4.000 trabajadores en los trabajos para levantar la mina y 800 en la operación, con una vida útil estimada en 19 años.

En medio de los tironeos, desde la empresa prefirieron no expresarse oficialmente porque, según entienden, se trata de cruces entre gobiernos provinciales, hasta con la intervención presidencial, y todo se debe dirimir en ámbitos oficiales. De todos modos, desde hace rato que en el Gobierno sanjuanino también le vienen reclamando la necesidad de que haya más comunicación para evitar malas interpretaciones.

Hasta ahora, para llegar a la zona del campamento Batidero, donde se aloja el personal que trabaja en el emprendimiento minero, hay que pasar por suelo riojano, aunque está proyectado construir un camino que transitará en su totalidad por territorio sanjuanino.

El proyecto está al norte de San Juan. Limita hacia el oeste con Chile y al norte con el departamento de General Lamadrid, en La Rioja. Todas las instalaciones se van a desarrollar en San Juan, con una altitud comprendida entre los 3.700 y los 5.300 msnm.

Impacto ambiental

Para que sea posible la construcción de la mina hace falta la aprobación del informe de impacto ambiental. Se trata de un documento, presentado por la operadora del proyecto, con la descripción pormenorizada de cómo se hará y qué cuidados tendrán para el procesamiento de los metales, como cobre, oro y plata. Y también contiene los detalles para el cierre de la mina y que no quede un pasivo ambiental.

En el proceso se abrió a la población una consulta pública, es decir que cualquier persona o institución puede pedir aclaraciones. De los planteos, la mayor parte ha tenido que ver con el uso del agua y el resto son cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el impacto social y económico del emprendimiento. En la tarea trabaja una comisión de evaluación, pero todavía no hay fecha para terminar con la tarea.

Vida

19 Es la cantidad de años de vida útil de la futura mina de Josemaría, ubicada en Iglesia, según las estimaciones hasta ahora.

Diario de Cuyo

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