Lo afirmó Jorge Zavatti, licenciado en Química, investigador y consultor ambiental de Chubut con el registro número 1. Fue en una nueva charla organizada por la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros (CAPEM).
Jorge Zavatti, licenciado en Química, doctor en Ciencias del Mar y consultor ambiental de Chubut con el registro número 1, afirmó que “el desarrollo industrial minero en Gastre y Telsen”, en la Meseta del Chubut, “tiene y tendrá los controles necesarios y suficientes para certificar la sustentabilidad de las actividades”, y añadió que “se asegura la tranquilidad y los derechos de los habitantes de Chubut a vivir en un ambiente sano”.
Zavatti lo dijo en una nueva charla organizada por la Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros del Chubut (CAPEM) como parte del conversatorio sobre minería y ambiente que se transmite todos los viernes en vivo por Facebook.
El especialista, que ejerció como docente de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” y fue investigador de la UTN, elaboró trabajos científicos relacionados con el ambiente; es socio de la Asociación Toxicológica Argentina, de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, e integra la Red de Académicos por la Minería Sustentable, entre otros espacios como el Observatorio Argentino para el Desarrollo.
Durante la charla, Zavatti realizó un recorrido “por las herramientas y las instituciones que nos permiten ejercer un control ambiental más que satisfactorio sobre la industria y, en particular, sobre la minería en Chubut”, planteó.
En este contexto se preguntó: “¿Por qué los ciudadanos o las comunidades perciben un riesgo ambiental y se inquietan por los temas de control?”. Y mostró un trabajo basado en la visión de un psicólogo ambiental, Slovic, que dice que las personas y las comunidades que integran, en función del conocimiento de los territorios que habitan y sus vulnerabilidades, desarrollan percepciones sobre los riesgos que afrontan tanto para su salud como para el ambiente en general.
Al respecto comentó que “este año se hizo un trabajo con estudiantes de una Tecnicatura Minera de Salta a los que preguntaron sobre esta percepción a través de una encuesta. El trabajo fue presentado hace pocas semanas en un congreso sobre Salud Ambiental en Iberoamérica. Los resultados fueron muy claros: la aceptación del riesgo en una comunidad está muy vinculada a los controles y a la confianza que esa comunidad tenga en las políticas públicas y en el Gobierno en general”.
Identificación de riesgos
En este contexto, Zavatti habló de la identificación de los riesgos ambientales y sociales. En relación con el desarrollo minero de Chubut, mencionó la gestión y uso del agua. “Uno de los temas importantes para reducir la percepción del riesgo es el conocimiento profundo sobre la región en la que se pretende desarrollar la actividad”, planteó.
Así, citó al hidrogeólogo Carlos Scatizza en relación con el conocimiento hídrico de la zona acumulado desde hace varios años y sostuvo que es “muy significativo para la gestión pública”, dijo Zavatti.
E indicó que “este conocimiento está incorporado en el proyecto de ley de zonificación minera en los Departamentos Telsen y Gastre, dejando fuera del desarrollo a las cuencas del Arroyo Telsen y del Río Chubut”.
Fuerte soporte técnico
“Esto no es arbitrario: detrás de esta zonificación hay un fuerte soporte técnico, de ciencia y de ingeniería para decir por qué hay zonas que quedan afuera del desarrollo minero y qué zonas lo permiten”, explicó.
Otro tema que mencionó como preocupación fue la concentración en el ambiente del material particulado. “De nuevo -dijo- ponemos la ingeniería y la técnica al servicio de la evaluación previa de los riesgos ambientales, estimando qué ocurre con la generación del material particulado esparcido en el aire”.
Así, mostró en base a estudios del emprendimiento a desarrollar en el Departamento Gastre que “en las emisiones de 50 o 100 gramos por cada tonelada de material movilizado en la mina, la afectación que podría tener a 25 km es de 0,1 microgramo, cuando un microgramo es la millonésima parte de un gramo”, lo cual, reveló, “es 100 veces menos que el valor de referencia más estricto que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en septiembre emitió esa recomendación”.
Además repasó herramientas asociadas a instituciones vinculadas con el control ambiental. Entre ellas mencionó la evaluación de impacto regulatorio, “con procedimientos objetivos para evaluar las ventajas y los costos que ese desarrollo puede tener, en el sentido lo más amplio posible”.
Incluyó “la evaluación ambiental estratégica, que está antes del desarrollo de los proyectos”, y dijo que “sin evaluación de los riesgos ambientales no hay actividad económica posible”.
“Proteger el ambiente es negocio”
“No es pensable un desarrollo industrial o una obra de infraestructura sin tener en cuenta los efectos ambientales y sociales. Proteger el ambiente es negocio, en el sentido de la productividad, de generar trabajo y de maximizar la inversión”, manifestó.
En relación con “los proyectos -precisó- tenemos la evaluación de impacto ambiental, que tiene en cuenta los proyectos concretos en la región y en el ámbito concreto. A partir de una línea de base se evalúan los riesgos que generan los eventuales aspectos ambientales”.
Por último mencionó como herramienta “una evaluación de riesgo ambiental desarrollada para una comunidad” es decir “una vez que las actividades se están desarrollando, las consecuencias ambientales de la actividad urbana”, y planteó que “hay herramientas para evaluar esos riesgos en función del monitoreo de la calidad del aire y del ambiente en general. La evaluación de riesgo orienta las políticas públicas y las decisiones del Gobierno”.
Triple control
“En este contexto -añadió- en la Red de Académicos por la Minería Sustentable desarrollamos una nota sobre el triple control para la minería en Chubut: tenemos el proyecto de ley de zonificación como aspecto regulatorio; también actúan los principios de Ecuador, es decir las características de los proyectos que son elegibles para el financiamiento; y, por último, el acuerdo de Escazú, que entró en vigencia en Argentina este año y les garantiza a las comunidades el acceso a la información ambiental, y a la inclusión y a la protección de derechos ambientales”.
“Este triple control es para las actividades industriales en general”, indicó.
Además sostuvo que el proyecto de ley de zonificación que está en tratamiento en Chubut “garantiza el financiamiento para el desarrollo de las actividades de control ambiental”.
Incluyó también en su exposición los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030, impulsados por la ONU, en relación con la minería en Chubut. El organismo internacional “impone objetivos para los países de las Naciones Unidas para la década que estamos empezando a transitar”.
“A la luz de esos ODS se analizó el proyecto de ley 128/20”, explicó, y mencionó en particular que “uno de ellos es el fin de la pobreza”. Puso como ejemplo que “está previsto que el 80% de las personas que trabajen en el proyecto sean de Chubut. Y que la participación de los proveedores en la actividad o en las compras que cada desarrollo minero realice deberá ser el 70%, así como la contratación de servicios profesionales radicados en Chubut”.
También dijo que el proyecto de zonificación “prevé la creación de un fondo de sustentabilidad orientado a microcréditos para el desarrollo local”, mientras que en los Departamentos donde se va a radicar la actividad minera “hay un fondo fiduciario para infraestructura que son caminos, hospitales, escuelas, proyectos de capacitación”.
“El resultado de la evaluación del proyecto 128/20 frente a los ODS queda muy favorable al avance”, analizó.
Y finalizó: “Las comunidades aceptan el desarrollo de la minería a partir del trabajo previo que está razonablemente expuesto y conformado”.
