La pelea por la minería en Chubut: investigan si hubo instigadores y una “zona liberada” que fomentaron la violencia

La provincia atraviesa una crisis que pone en jaque la estabilidad política; ni la derogación de la ley de zonificación minera ni la convocatoria a una consulta popular alcanzaron para calmar el clima

Un desacierto político expuso el profundo debate pendiente en torno a la minería y le devolvió a Chubut su peor cara en un año en el que la política parecía encaminarse.

Las imágenes de un grupo de activistas destruyendo 16 edificios públicos en Rawson -entre ellos la Casa de Gobierno, la Legislatura provincial y oficinas del Poder Judicial- y el incendio del diario “El Chubut”, de Trelew, reabrieron heridas y sembraron sospechas sobre quiénes fueron los verdaderos instigadores y autores de los desmanes.

Un equipo de fiscales investiga si hubo “zona liberada” e infiltrados en las movilizaciones pacíficas en contra de la ley de zonificación minera en Chubut. Revisan imágenes de video y cámaras de seguridad, y buscan pistas de la logística que acompañó a la primera marcha en Rawson el viernes 17, que terminó con una violencia sin precedente contra los principales edificios del Estado.

Las primeras piezas del rompecabezas apuntan a agitadores de Rawson. Llama la atención un inusual movimiento de colectivos en las horas previas a la violenta movilización en la capital provincial desde el municipio de Trelew, que lidera el intendente y exministro de Familia durante la gestión de Martín Buzzi, Adrián Maderna. Se investiga si dirigentes que le responden participaron de un recorrido por barrios marginales de esta ciudad para sumar manifestantes.

Bajo la mira de los investigadores están las empresas de transporte que trasladaron a los manifestantes. Se busca determinar quiénes fueron los referentes que hicieron la “colecta” para pagar el servicio. También se investigan algunos elementos de distracción generados un día antes para mantener ocupada a la Policía y dispersar su atención, más allá de las marchas en las que se desencadenó la violencia.

El análisis de audios y mensajes de WhatsApp podría ser una prueba clave para determinar si hubo un vínculo entre los culpables de los desmanes y referentes barriales de esta ciudad, una de las que registra el mayor desempleo del país y en la que hacen base organizaciones que mantienen un estrecho vínculo con el dirigente social Juan Grabois.

En la ciudad que conduce Maderna ocurrió el segundo hecho grave en la semana de furia que vivió esta provincia: el incendio del histórico diario El Chubut. El propio intendente se vio obligado a hacer declaraciones para desvincularse de la autora de un audio que se viralizó y que instigaba a la violencia contra medios de comunicación “pro mineros”.

“Pasamos por el diario El Chubut y ahora está todo lleno de milicos”, aseguró en uno de estos audios una manifestante tras los disturbios. Luego de detallar una lista de medios de comunicación, hace referencia a pasar “por la casa de la diputada (Gabriela) De Lucía que vive ahí, cerca del aeropuerto viejo”. Y dice: “Están todos en la mira”.

Maderna aclaró que la autora “no es una empleada municipal”, como se había deslizado. “No tiene planta transitoria ni permanente. Tampoco es una funcionaria del municipio. Si hubiese sido así, ya la hubiéramos echado”, dijo.

Agregó que “hay cámaras y varias personas fueron identificadas”. Afirmó: “Esperemos avanzar y que esto no quede en nada. Más allá de que son grupos minoritarios, nadie tiene derecho a atentar contra la propiedad. Cuantitativamente fueron daños importantes porque se rompieron vidrios y se quemaron otros espacios”.

La Justicia trabaja también sobre otras hipótesis. Omar Rodríguez, el fiscal jefe en la Agencia de Delitos contra la Administración Pública, que intervino en las principales causas de corrupción en Chubut, aseguró: “Más allá de individualizar a los autores materiales, soy optimista en que la investigación va a determinar si realmente hubo autores ideológicos para poder descifrar si estamos en presencia de algo realmente grave o si fue un grupo desarticulado que se expresó de manera espontánea de un modo irracional”.

Agregó que “la marcha fue totalmente pacífica y el grupo que hizo los destrozos fue absolutamente minoritario”. Dijo que “será importante determinar si ese grupo respondía a alguien y ejecutó un plan o, por el contrario, era un grupo desorganizado y actuó así porque eran violentos”.

“Existe responsabilidad de alguien por lo que pasó, que puede ser por omisión. Lo cierto es que no había personal policial, no había gente preparada como grupos de choque para disuadir a estas personas que estaban prendiendo fuego”, dijo.

En referencia a los desmanes en Trelew, también sostuvo que “las personas quemaban todo lo que había a su paso porque no había nadie que los contuviera”.

El jefe de la Policía de Chubut, Víctor Acosta, descartó que hubiera habido una zona liberada. Dijo que el personal a su cargo trabajó “desde adentro” de la Casa de Gobierno y “siguiendo las órdenes del gobernador” de evitar “cualquier tipo de confrontación” que empeorara el escenario.

El año político en Chubut

Arcioni intentó la semana pasada poner fin a un tema de debate pendiente desde hace 20 años en Chubut: el ingreso de la minería. Tras la aprobación de la ley 5001, hace dos décadas, que prohíbe esta actividad a cielo abierto en toda la provincia, el mandatario provincial decidió promover la reglamentación del artículo que habilita a avanzar en aquellos departamentos en los que exista “licencia social”.

Así, presentó el proyecto de ley de zonificación minera para los departamentos de Telsen y Gastre, los más empobrecidos de esta provincia, golpeados por el despoblamiento ovino. Pero la estrategia política corrió a espaldas de un creciente malestar social, fogoneado por el intento de una desgastada clase dirigente de controlar los pasos institucionales de la polémica iniciativa.

Pese al impacto que provoca el debate en torno a la minería en esta provincia, solo una comisión en la Legislatura -la de Recursos Naturales- fue la encargada de emitir el despacho favorable sobre el proyecto de ley, ante el reclamo de diputados opositores que reclamaban avanzar con un análisis más amplio. El segundo paso fue el rechazo dentro de la Legislatura al tratamiento de una iniciativa popular que sumó mas de 30.000 firmas en todo el territorio provincial.

Con el camino supuestamente allanado y especulando con el cierre del año, 14 diputados creyeron que el escenario era propicio para aprobar la ley. La avanzada implicó un cierre de filas de Arcioni con intendentes de esta provincia, partícipes de futuros acuerdos políticos y de la renta que generaría la actividad en sus respectivos municipios.

Pero la política no midió la ola de rechazo social que tendría el proyecto, por fuera de los departamentos involucrados que albergan uno de los reservorios de plata más importantes del mundo.

La “lista negra” de legisladores

Las masivas manifestaciones en las calles fueron el termómetro del descontento social en las principales ciudades de Chubut. La “lista negra” de los 14 legisladores que abrieron la puerta a la minería provocó la expulsión de todos ellos de clubes deportivos, la publicación de sus nombres en las puertas de locales comerciales para impedirles el acceso y la declaración de “personas no gratas” en cada una de sus ciudades.

Hubo intendentes que arengaron con entusiasmo el proyecto. A pocas horas de aprobada la ley de zonificación minera, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn adhirió a la norma. Hasta se habló de la creación de un parque industrial minero en la ciudad. Una semana después, su intendente, Gustavo Sastre, consideró que mas allá de que exista una consulta popular, la minería “ya no amerita más tratamiento”, y como parte de su marcha atrás publicó en Twitter: “No vamos a adherir a la Ley de Zonificación Minera en Madryn”.

Para sanar las heridas abiertas en Chubut no alcanza con la derogación de la ley, resuelta por unanimidad por la Legislatura a menos de una semana de su aprobación y por pedido del gobernador Arcioni ante la escalada de violencia.

Paradójicamente, el gobernador Arcioni cerraba el primer año ordenado de su gestión. Desgastado durante un año y medio por el pago escalonado y con retrasos a los empleados estatales, había logrado poner al día los sueldos gracias a una reestructuración de la deuda pública -que incluyó acuerdos con los diputados provinciales- y al viento de cola provocado por las regalías hidrocarburíferas, la actividad minera que desde Comodoro Rivadavia sostiene el presupuesto provincial.

Las urnas, sin embargo, no le perdonaron a Arcioni el desmanejo político y de las cuentas públicas. En las últimas elecciones legislativas, la lista del gobernador quedó en el cuarto lugar.

Pese a este escenario, acuerdos con el vicegobernador, Ricardo Sastre, y el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, le permitieron resolver dos temas pendientes en la Legislatura: la aprobación del presupuesto provincial y la designación de cuatro ministros para el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. La lista de los elegidos incluye, por primera vez en la historia de la provincia, a dos mujeres.

El entusiasmo hizo que impulsaran la pendiente ley de zonificación minera, una chispa que provocó masivas movilizaciones pacíficas en toda la provincia, detonó acuerdos políticos y dejó otra fractura dentro de la sociedad chubutense, enojada por una medida inconsulta y aprobada de manera sorpresiva.

La escalada de protestas volvió a dejar al gobernador en soledad. Hubo una estampida intendentes y referentes que tomaron distancia a menos de una semana de aprobada la ley. En el medio queda pendiente el debate acerca de con qué matriz productiva Chubut enfrentará su prolongada crisis.

La Nación

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