Por Rodolfo Cavgnaro, Periodista y Economista.
El gobierno convocó a un debate sobre el tema minero. Para esto convocó a distintos sectores sociales, incluidas ONG, empresas, organismos públicos y otros interesados con la intención de lograr consensos que permitan generar una “política de estado minera”.
Lo cierto es que en Mendoza existe la ley 7722 que prohibió el uso de sustancias químicas que se usan para separar los metales contenidos en las rocas. Según los especialistas, sin esas sustancias (que se usan en otras industrias) sería mucho más caro obtener dichos metales.
El problema es que, existiendo la ley y no habiendo ninguna normativa que establezca sistemas de control, el debate parece más una catarsis radical para justificar su oposición férrea a la minería. Tanto es así que el caído proyecto San Jorge, en Uspallata, estaba concebido sin el uso de esas sustancias. Lo mismo ocurrió con varios proyectos que no fueron aprobados por la legislatura el año pasado, donde el radicalismo se oponía sin concesiones.
Este cambio repentino y el interés por debatir parece un cambio de maquillaje porque la sociedad ya se embanderó a contra cualquier forma de minería y una de las razones es que no confían que el Ejecutivo ejerza un control férreo sobre las empresas, y eso los funcionarios lo saben. Lo que buscan es un consenso negativo contra la actividad que los legitime y no tener que dar explicaciones.
En contra de la minería no solo se embanderó el radicalismo sino que lo hicieron otros partidos, y muchas empresas financiaron campañas en contra, asustando a personas y comunidades. En muchas de esas comunidades se usa el arsénico y el ácido sulfúrico en otras industrias, pero nunca se supo de movilizaciones contra su uso ni acciones severas de control por parte del Estado.
Otras de las razones esgrimidas era que se pagaba solo un 3% de regalías y nadie sabía cuánto era el costo de prospección y explotación para la obtención de los metales. Pero la regalía está fijada en una ley nacional y nunca, ningún diputado o senador nacional mendocino presentó un proyecto para su modificación. Es que en realidad no les interesa que haya minería y con este debate quieren sacarse el tema de encima.
El discurso oficial es muy hipócrita e intenta mantener movilizados a los sectores que se oponen volcándolos a su favor. Además, argumentar que harán una “política de Estado” de consenso con los sectores sociales significa, en buen lenguaje, que no tienen idea que de qué forma salir del tema e inventaron este debate para enterrarlo. Lamentable.
Radio Mitre
