Abarca obligaciones con la DGR y el Ministerio de la Producción. Hay beneficios escalonados para los que regularicen en enero, febrero y hasta el 15 de marzo.
El jefe de Gabinete, Fernando Yarade, durante la reunión de ayer por la mañana con los ministros. Prensa
El Gobierno provincial emitió ayer un decreto por el que establece una amplia moratoria para todas las deudas fiscales, de todo tipo, vencidas al 30 de junio pasado. Los deudores podrán regularizar su situación en un plan de pago que otorga beneficios especiales según se presenten al 31 de enero, al 28 de febrero o al 15 de marzo, que es el último plazo para acogerse.
Las obligaciones contempladas son las que se registran con la Dirección de Rentas y con el Ministerio de la Producción.
El decreto que establece este Régimen Especial de Regularización fue redactado en una maratónica jornada y lleva las firmas de Juan M. Urtubey, el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, el secretario Ramiro Simón Padrós y los ministros de Economía, Emiliano Estrada, y de Trabajo, Producción y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini. En la tarea participó también el secretario de ingresos público, Diego Dorigato
El régimen de regularización está contemplado en la ley de Presupuesto sancionada el jueves e incluye condonación parcial o total de intereses, multas, recargos y sanciones vencidas al 30 de junio de 2017. Se incluye también las obligaciones que tengan un proceso administrativo o judicial iniciado.
Obligaciones fiscales
Con este plan, el Gobierno confía en recaudar unos doscientos millones de pesos. Además, se propone responder a un pedido de la Cámara de Comercio e Industria para que se facilite la regularización de deudas a empresarios y contribuyentes en general.
Contempla las deudas tributarias propias, solidarias o como agentes de retención; los saldos impagos; deudas por regalías mineras y obligaciones en trámite de determinación de oficio o de discusión administrativa o judicial.
Todas estas deudas podrán ser canceladas de contado o con Certificados de Crédito Fiscal, mediante planes de pago hasta 12 cuotas para grandes contribuyentes, 24 cuotas para las MiPymes cuando al deuda sea menor a 500.000 pesos y 36 cuotas cuando supere esa ci fra.
Para quienes regularicen en enero, la reducción de intereses y multas será del 100%; del 75% para quienes lo hagan en febrero y del 50%, para los que regularicen en marzo.
Para todos los casos se aplicará un interés mensual del 3%.
Ministerio de la Producción
Asimismo, el plan de regularización alcanza a quienes tengan deudas y multas por obligaciones laborales y ambientales vencidas al 30 de junio de 2017, con el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable.
Abarca deudas del registro de Operadores de la Carne (Asuntos Agrarios); con la secretaría de Ambiente, resultantes de Fiscalización y Control; con Minería, por multas o canon de tercera categoría; por Certificados de Crédito Fiscal, con Industria; por multas surgidas de infracciones laborales, con Trabajo, y por canon de riego, de agua para uso minero y de aguas subterráneas para uso industrial. Estas obligaciones, multas e intereses podrán ser pagadas de contado, en doce cuotas y con reducción escalonada de intereses: 100%, cuando la regularización de haga en enero; 75%, en febrero y 50% en marzo.
Recaudar y producir
La ministra de Producción, Paula Bibini, se reunió en la Municipalidad con Marcelo Lara Gros, acompañada por el secretario de Recursos Hídricos, Fernando D’Angelo; el director de Agricultura, Juan Garay y Agustina Soto, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. También visitó la planta agroindustrial de Ramón Tuma S.A., y luego fue recibida en el Centro de Obrajeros por el presidente de la institución, Daniel Loutaif. Allí se puso de relieve los esfuerzos y las necesidades en materia de capacitaciones. Los oranenses destacaron la preocupación por el riesgo de cierre de la carrera en Recursos Naturales y la Tecnicatura en Recursos Forestales de la UNSa.
Finalmente, Bibini y su equipo se reunieron con referentes de los sectores frutihortícola, transportistas, cañeros, obrajeros, industriales y de emprendimientos tecnológicos para escuchar y evaluar la situación de los sectores económicos y productivos en la zona.
Estas acciones forman parte, explican en el Gobierno, de una estrategia por reactivar la alicaída actividad productiva, generar empleo y potenciar la recaudación provincial.
Reducción de los gastos
El Gabinete salteño constituyó ayer una comisión en la que habrá un representante por cada ministerio para supervisar los gastos corrientes. Esa comisión deberá revisar, y eventualmente rescindir o modificar los contratos por servicios de alquiler, seguridad, limpieza, insumos e informática. Se estima que, de ese modo, se podrán reducir entre un 5% y un 10% los gastos corrientes.
Ministros, secretarios y coordinadores de distintas áreas realizaron un seguimiento de las medidas anunciadas en las últimas semanas a fin de reducir el gasto público, a fin de cumplir con el decreto de austeridad en los gastos públicos, además de las leyes de Presupuesto 2018 y de adhesión al pacto fiscal.
Al mismo tiempo, a pesar de que aún no se puso en marcha el programa de retiros voluntarios, ayer se informó que el Gobierno nacional ratificó la decisión de financiar el sistema con recursos del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, creado para garantizar a las provincias el equilibrio fiscal.
La puesta en marcha de este programa de austeridad es el fruto de una situación crítica que se refleja en el presupuesto sancionado esta semana.
La reducción de gastos incluye, además de los retiros voluntarios y del tope de sueldos para las autoridades superiores, la jubilación de todos los que hayan alcanzado la edad y la regularización de casos de empleados que cobran sueldo, además de la jubilación.
El Tribuno
