Paralización por COVID-19 sacude a proveedores

Las pymes salteñas que dependen de la actividad emplean a unas 4.000 personas.

Desde Capemisa advirtieron al secretario de Minería, Ricardo Alonso, sobre las consecuencias del parate.
«Lo que más nos preocupa es poder sostener la fuente laboral en nuestras pymes, pero sin contratos y sin facturación se hace muy cuesta arriba poder hacerlo», dijo el presidente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa), Gustavo Carracedo, para graficar de la manera más clara posible la desesperante situación que atraviesa el sector que representa tras la paralización de la actividad minera por la pandemia del coronavirus.

Capemisa tiene 170 empresas salteñas asociadas que emplean en total a unas cuatro mil personas, según precisó a El Tribuno Carracedo. No todos esos trabajadores se desempeñan en los campamentos mineros, sino que también hay personal administrativo y de logística, entre otras funciones. Una gran porción de los empleados son oriundos de las localidades puneñas donde están los yacimientos.

Desde el viernes pasado las empresas mineras empezaron a cerrar sus plantas y durante el fin de semana se desalojó a unos 1.900 obreros de acuerdo a lo que informó a este diario el presidente de la Cámara de Minería de Salta, Iván Gómez.

El dirigente empresarial pidió que la minería sea declarada una actividad esencial, como se hizo por ejemplo con la agricultura y el sector energético, y se la incluya dentro las excepciones que dispuso el Gobierno nacional para que sigan produciendo y no se paralicen por el aislamiento social al que se ven obligados la mayoría de los argentinos.

A esa solicitud se suma la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras, pero al ser un sector con menos poder económico también buscan ayuda.

75 % de los trabajadores que se desempeñan en la actividad minera salteña son oriundos de esta provincia, de acuerdo a un relevamiento oficial que se hizo en 2019.

«Principalmente queremos cuidar a nuestros empleados y tratar de buscar formas de que el Estado tanto nacional y provincial apoyen a las pymes para poder sostener estas fuentes de trabajo», dijo Carracedo.

«Una forma de ayuda podría ser con algún tipo de subsidio parcial de los costos de mano de obra, que es la mayor inversión que afronta cualquier empresa de servicios mineros, y desde ya con la declaración de estado de emergencia del sector proveedores mineros», amplió el titular de Capemisa.

Revés

La actividad minera fue una de las pocas que no solo pudo sostener sus fuentes laborales en la provincia durante la crisis económica que aún continúa desde el segundo trimestre de 2018, sino que también venía ampliando la planta de trabajadores. El revés que supone la paralización por el COVID-19 tiene efectos a futuro que todavía no se pueden estimar en el sector.

«Los contratos que estaban en curso con las compañías mineras están empezando a suspenderse. Tenemos notificaciones formales de suspensiones de contratos hasta tanto se reanuden las operaciones, que no sabemos cuándo ocurrirá, pero mientras tanto no hay facturación y tenemos toda una planta de trabajadores que sostener», insistió Carracedo.

«La actividad minera venía repuntando y muchas empresas contratistas hicieron fuertes inversiones para ponerse a la altura de la exigencia de la industria y hoy se encuentran con toda la deuda que asumieron más una carga salarial que tienen que solventar», agregó el dirigente.

En noviembre de 2019, desde Capemisa reclamaron que las mineras, todas de capitales extranjeros, tengan más en cuenta a las pymes salteñas en sus contrataciones y, además, que se reglamente la ley provincial que se hizo en tal sentido. Sobre lo primero «hubo muchos avances», dijo Carracedo, pero la parte que le corresponde al Estado todavía está en falta.

El Tribuno

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