La Cámara Federal de Tucumán designó al juez de esa provincia, Daniel Bejas. Pero la investigación se realizará en la Fiscalía Federal local.
La denuncia de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) contra la empresa minera CAMYEN volvió a Catamarca y ya se investiga en la órbita de la Fiscalía federal, a cargo de Santos Reynoso. El eje de la presentación fue por supuestas irregularidades en la comercialización de la rodocrosita que perjudicaría a Fabricaciones Militares, dueña del yacimiento. También se denunciaron supuestas irregularidades en la prórroga del acuerdo que el ex director de Fabricaciones Militares, Santiago Rodríguez (FV), firmó con la Provincia, por la que se extendió la concesión de la administración de la mina a CAMYEN.
En la primera instancia, la presentación se había realizado en los tribunales de Comodoro Py (Buenos Aires) y recayó en el juez federal Julián Ercolini, quien se declaró incompetente por considerar que se debía investigar en la jurisdicción donde sucedieron las supuestas irregularidades. La causa se giró a Catamarca, pero el juez federal Ricardo Moreno planteó su inhibición porque es cuñado de Ángel Mercado, quien aparece mencionado en la denuncia que había iniciado el interventor de la DGFM, Héctor Lostri. La Cámara Federal de Tucumán aceptó la inhibición y designó al juez federal de Tucumán, Daniel Bejas. Desde allí, la causa se remitió a la fiscalía federal de Catamarca para que investigue y será el juez Bejas quien autorice las medidas de investigación que pida la fiscalía.
«Se están practicando algunas diligencias similares a la causa de obras públicas. Son trámites que resultan ineludibles a los fines de avanzar y determinar si los hechos a los que se hace mención existen y si constituyen o no delito», dijo el fiscal Santos Reynoso en declaraciones radiales y agregó que la causa está bajo secreto de sumario.
En la presentación, Fabricaciones Militares argumenta que fue perjudicada en su sociedad con la CAMYEN. Pide que se investigue supuestas maniobras fraudulentas, dirigidas al vaciamiento del patrimonio de Fabricaciones Militares a través de acciones en las que habrían tomado parte funcionarios del Gobierno nacional y actuales autoridades de la Provincia.
También cuestiona duramente el último contrato que se firmó el año pasado, por el que se extendió la relación entre CAMYEN y Fabricaciones Militares por 10 años más. La presentación considera que se trata de la suscripción de «un contrato leonino para la explotación del yacimiento». Denunció, además, «la deliberada ausencia de mecanismos de control por parte de Fabricaciones Militares y el desvío y comercio ilegal de los minerales extraídos, sobre los que existen indicios del establecimiento de una cadena de comercialización clandestina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Corrupción en obras públicas
Reynoso se refirió también a la denuncia que investiga por la trama de la corrupción en la obra pública y en este sentido fue consultado por el tiempo que le llevará investigar hechos que ocurrieron a mediados de 2000.
«El Código penal prevé algunos plazos para la instrucción y para llevar a cabo las medidas procesales. Estamos ante causas que tienen complejidad con respecto al trámite. Son muchos los informes que hay que recabar para tener una panorama cierto sobre cuáles son los hechos que pueden representar un ilícito penal. Hay que remitir oficios a la AFIP, Banco Nación y la Secretaría de la Vivienda. También hay otras medidas como testimonios, no podemos decir en cuánto tiempo pero sí que la Fiscalía está abocada de lleno a concretar estas medidas», manifestó.
LAS CAUSAS
La presentación de la Dirección General de Fabricaciones Militares ingresó el 19 de septiembre. Desde hace un mes, aproximadamente, está en la Fiscalía Federal de Catamarca.
La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública también tiene una causa en la que se investiga la venta de rodocrosita y por la que ya realizó un allanamiento en CAMYEN.
No se descarta la colaboración entre ambas jurisdicciones.
El Ancasti
