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Tensión en el altiplano

El Ancasti/ No es de los mejores el clima que se vive en la empresa Minera del Altiplano S.A., que explota litio en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra. Los jerarcas de la firma, en especial los de la subsidiaria FMC Lithium, están inquietos por las consecuencias que podría tener la polémica en torno a un acuerdo transaccional celebrado con el Gobierno de la Provincia, que dio fin a litigios judiciales entre las partes, y la utilización de un fideicomiso armado en teoría para financiar obras de infraestructura en Antofagasta que tiene al Banco Provincia de Buenos Aires (BAPRO) como fiduciario. Como en ninguno de los dos trámites habrían participado los representantes que la Provincia tiene en el directorio, en contra de lo que establece el contrato que dio origen a la empresa, la situación podría terminar en un escándalo, con alguno de los más altos referentes de la política minera catamarqueña involucrado en maniobras en las que, en teoría, no deberían tener incidencia, encima poco claras.

El origen de la historieta se remonta a cuatro años. En octubre de 2013, el Gobierno anunció que la población de Antofagasta de la Sierra podría contar con el servicio de gas natural debido a un acuerdo al que había llegado con Minera del Altiplano S.A., que comenzaría a proveerse de gas a través de un gasoducto tendido desde Pocitos, en la provincia de Salta. Los equipos de gas que la empresa venía utilizando se trasladarían a la cabecera del departamento puneño y Minera del Altiplano aportaría además 500 mil dólares para las obras complementarias a la planta. Este dinero –podría haberse sumado bastante más desde entonces- sería el origen del Fideicomiso que tiene a BAPRO Mandatos y Negocios S.A. como fiduciario, al que se hace mención en el acuerdo transaccional que terminó con un litigio contencioso administrativo entre Minera del Altiplano y el Poder Ejecutivo provincial.

El gasoducto de Pocitos al Salar del Hombre Muerto se hizo, pero del servicio de gas natural para Antofagasta de la Sierra no se tienen todavía noticias. De todos modos, en el momento del anuncio se anticipó que no sería tarea sencilla y que acaso llevará tiempo cumplir con el compromiso. El problema está en que se haya obviado a los representantes que la Provincia tiene en el directorio para la conformación del fondo fiduciario, lo que sería irregular conforme al contrato de 1991 y su enmienda de 1994, aprobados por la Legislatura, por el cual los directivos provinciales son designados, precisamente, para custodiar que los intereses de la Provincia no sean lesionados. La conducción de Minera del Altiplano teme que los detalles de la discusión trasciendan y que el caso llegue eventualmente a la Justicia. Pero al margen de las preocupaciones de los ejecutivos, la cuestión vendría a sumarse a los incidentes que vienen afectando el prestigio de la política minera de Catamarca, uno de los cuales ya tiene su terminal judicial, con la denuncia que la Dirección de Fabricaciones Militares radicó en contra de la estatal CAMYEN por presuntos manejos fraudulentos en la comercialización de la rodocrosita que se extrae de Minas Capillitas.

 

 

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