El secretario gremial del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de Tierra del Fuego, Moisés Solorza, analizó el aumento de tarifas aplicado por el Gobierno nacional, confirmó la jornada de protesta que se realizará en esa provincia el próximo primero de junio, pero que se sentirá en el resto del país, ya que en la práctica se cortará el paso del gas hacia el Continente.
El aumento en las tarifas aplicado por el Gobierno nacional afectó de manera más profunda a las provincias de la Patagonia, en una época del año en que un recurso como el gas se transforma en vital para la vida de las distintas poblaciones. Los amparos que llegaron desde Santa Cruz y Chubut fueron el primer freno a esta medida. La semana que viene, la Provincia de Tierra del Fuego llevará adelante una medida de fuerza que, en lo concreto, implicará el cierre del paso de gas hacia el Continente. En un reportaje con TiempoSur, Moisés Solorza, secretario gremial del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de esa provincia, analizó las consecuencias del incremento y de la transferencia de recursos hacia las empresas privadas, el proceso de desinversión en YPF y reclamó la necesidad de que todos los gobernadores patagónicos planteen políticas comunes para la gestión de los recursos naturales.
¿Cuál es el principal cambio aplicado por este Gobierno en materia energética?
-Este Gobierno descartó de lleno la aplicación de una política que busque el autoabastecimiento por una política de transferencia de recursos hacia los capitales más concentrados. No lo digo solamente por querer acoplarse al contexto internacional de los precios de los commodities, sino por la política austera de inversiones por parte de las grandes empresas. Desde acá se observa que no existen exigencias para que las compañías petroleras inviertan. El Estado se alejó de su rol impulsor de inversiones en el sector como ocurría durante la gestión de Miguel Galuccio (durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner) con una empresa como YPF que se había empeñado en buscar capitales extranjeros para acompañar un proceso de autoabastecimiento. Ese objetivo quedó en el olvido, ya que implicaría la búsqueda de inversiones que este gobierno no está fomentando.
¿Usted dice que la devaluación, que mejoró el ingreso en dólares de las petroleras y el aumento del precio del gas en boca de pozo, no fue acompañada por exigencias de inversiones genuinas para obtener una mayor producción?
-Es lo mismo que ocurrió con la quita de retenciones al campo, la eliminación de retenciones a las mineras, el aumento del transporte y los combustibles. Los CEOs que vienen del ámbito privado solamente se dedican a realizar un evalúo técnico para que les cierre el número (N.d.R.: el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dijo que tomaba las medidas que tomaba porque debía “cumplir con un Excel”) sin importar las consecuencias. Aranguren está haciendo los deberes como otros ministros o gerentes hicieron lo mismo. El petróleo no escapa a esta realidad, donde se ha aplicado una monstruosa transferencia de recursos a las empresas privadas. Con la devaluación, se le abarataron los proyectos a las petroleras, porque no es lo mismo llevar adelante proyectos con un dólar a 9 que a 15 pesos. Les mejoraron la rentabilidad y el Estado se corre como nave insignia para las inversiones, así nadie va a invertir a riesgo en nuevas exploraciones. Con la liberación del llamado cepo, van a preferir poner la plata en la bicicleta financiera, con una tasa de interés del 37 por ciento antes que arriesgar ese dinero en nuevos pozos.
YPF ya anunció que venderá 6 áreas en Río Negro pero el plan es vender 30 áreas en las distintas provincias petroleras. ¿Qué cree que harán con la empresa insignia del sector?
-Nosotros pretendemos que YPF mantenga su plan de negocios tal cual se había comprometido Galuccio la última vez que estuvo en la Provincia. No me cabe duda que la actitud de las nuevas autoridades de la compañía es desprenderse de áreas a precio barato. Es más caro invertir y sacar, y la verdad es que no se vende un reservorio cuando el precio del barril se ubica en los 80 dólares. Ahora que está a 40 dólares, vas a vender las áreas a un precio inferior que lo que te costó desarrollar esas áreas. Lejos de capitalizarse, están desmembrando una compañía en pequeñas partes. A nosotros nos da la impresión de que están haciendo cabecera para una nueva incursión privatista en YPF. Es preferible dejar el recurso debajo de la tierra, no sacarlo hasta que se reacomode el precio internacional, antes que empezar a vender. El Gobierno está llevando adelante una estrategia equivocada.
El incremento tarifario en la Patagonia fue superior al del resto del país. ¿Considera que hubo una “enemistad manifiesta” hacia la región?
-Las consecuencias de los actos de Aranguren hablan de su falta de sensibilidad social característica de este tipo de gerentes devenidos en ministros, que lo único que hacen es cerrar un número sin tener sensibilidad social. En este marco, existe una política peyorativa sobre el Sur, una falta de sensibilidad para con los habitantes de la región. Por eso, no me cabe duda que el Gobierno viene por la Ley 19.640, que es la promoción industrial de Tierra del Fuego. Para un Gobierno pro-mercado es inviable una ley que sustenta la actividad de una Provincia con recursos que salen de Nación. Esta cuestión peyorativa se observa en la improvisación, ya que armaron un esquema para transferirle a las empresas ganancias de manera rápida. Lo peyorativo se observa en la falta de procedimientos legales para aplicar el tarifazo, ya que se tendría que haber realizado una evaluación de costos y audiencias públicas (Ver aparte). Acá dio todo lo mismo. Una vez que cerraron los números para la operadoras, listo. Es más, la Resolución 1/3733 del ENARGAS da por cumplida la audiencia cuando no fue así. En esa resolución se dejaron afuera las zonas climáticas adversas, hubo una falta de visión total sobre la medida que se estaba implementando.
El Gobierno sostiene que las audiencias públicas no fueron necesarias porque ya se habían realizado en 2003, trece años atrás.
-La normativa indica que mientras no cambien las leyes vigentes, se deben realizar audiencias públicas para modificar una estructura tarifaria de manera consensuada entre los productores, transportistas y distribuidores. Y si bien no son vinculantes, las audiencias le permiten a la sociedad saber cuáles son las objeciones o incluso plantear las suyas y, si hay buena voluntad, modificar algunas de las cuestiones planteadas. Ahora bien, en este caso, la resolución da por hecha la audiencia pública, cuando no fue así. Sin embargo, los amparos en contra del tarifazo sostienen que no hubo audiencias. Acá es donde se observa nuevamente el apuro del Gobierno por transferirle a las empresas del sector una abultada rentabilidad a través de un nuevo cuadro tarifario.
El Gobierno pasó de una tarifa del 1300 o 1800 por ciento según la Provincia a un tope máximo del 400 por ciento. ¿Cómo explica esa suerte de viraje?
Es el mejor ejemplo de la improvisación. Si las provincias no nos hubiéramos unido en este reclamo, no hubiéramos elevado la voz y obligar al Gobierno a sentarse con los gobernadores, habría pasado el tarifazo del 1300 por ciento. La política está para dar previsibilidad.
Si bien es cierto que los gobernadores patagónicos alzaron su voz en contra del tarifazo, la Organización Federal de Estado Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) no se pronunció ni por los aumentos ni por la política energética del Gobierno. ¿Por qué?
Más allá de la cercanía política de algunos gobernadores con el Gobierno nacional, deben responder a la gente que los votó. En estas situaciones se ve quiénes defienden los intereses colectivos y quiénes no. Todos los fiscales de Estado deberían impulsar un amparo colectivo para eliminar el tarifazo. Creo que tendría que haber un documento conjunto de toda la OFEPHI reclamando la vuelta atrás con la suba de precios. Por otro lado, una deuda pendiente de los gobiernos de la Patagonia es delinear políticas públicas comunes de gas y petróleo.
Claves
*El primero de junio, los petroleros de Tierra del Fuego realizarán una medida de fuerza en contra del incremento de tarifas.
*Con el cierre del paso de gas hacia el Continente, los sindicatos buscarán concientizar sobre lo vital de este recurso.
*Para Solorza, el Gobierno nacional no respetó el llamado a audiencias públicas para modificar el cuadro tarifario.
*El Gobierno sostuvo en la Resolución 1/3733 del ENARGAS que las audiencias ya se habían realizado.
*Sin embargo, las autoridades nacionales apelaron a unas audiencias realizadas hace trece años.
*Los amparos judiciales que frenaron el incremento exigieron la realización de las audiencias.
*Solorza reclamó a los gobernadores de la OFEPHI un pronunciamiento conjunto en contra del aumento de tarifas.
*Además, planteó que las provincias petroleras deberían unificar una política energética.
Tiempo Sur
