La semana pasada el secretario de Minería, Rodolfo Micone, emitió una resolución por la que pide la intervención de Fiscalía de Estado para que investigue lo actuado con respecto al plan de cierre de mina durante la gestión del FCS. El funcionario le pidió a Fiscalía de Estado que inicie los sumarios administrativos y presente las denuncias penales que correspondiesen por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los fundamentos del instrumento ponen en evidencia que existen pasos relativos al cierre que no se habrían cumplido y que falta documentación que hoy debería estar en manos del Estado.
El instrumento llamó la atención porque Micone fue parte del equipo del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral a partir de 2010 y hasta que finalizó su gestión. Desde entonces, siguió en la gestión de la gobernadora Lucía Corpacci. Si bien Micone no estuvo al frente del área que realiza el control ambiental –la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera- fue parte del equipo ya que se desempeñó como director de Minería.
«Es de conocimiento que el cierre de minas es una actividad que debe desarrollarse desde el inicio del proyecto minero hasta el final de su vida útil”, expresa la resolución. Luego, señala que hasta 2012, y desde el inicio de las operaciones en 1997, el expediente en el que se tramita el cierre de mina «no posee evaluación en detalle ni seguimiento continuo de las actividades específicas concernientes al cierre”.
Más adelante agrega que a partir de 2012, cuando ya asumió esta gestión de gobierno, «se observa mayor detalle y presentaciones por parte de la empresa en la temática concerniente al cierre, debido a solicitudes y exigencias de la autoridad de aplicación”.
La resolución toma como referencia a la DIPGAM ya que el organismo concluyó que «falta en el expediente ambiental información previa al año 2013 que permita monitoreos, inspecciones y mantenimiento a largo plazo como tampoco hay un seguimiento sobre la garantía financiera para el cierre de mina”.
En esta misma línea, Micone habla de la inacción de las autoridades en años anteriores si se contempla que el yacimiento podría haberse extinguido hace cinco años.
«A casi dos años del cierre nos encontramos ante un escenario en el que los estudios, informes y previsiones anteriores a 2012, respecto al cierre de mina, son casi inexistentes encontrándose la actual gestión abocada a subsanar y solucionar todas las deficiencias y negligencias que durante años se produjeron en el tema cierre de minas de Alumbrera.
El fiscal de Estado, Carlos Bertorello, recibió ayer la documentación de Minería y consultado sobre el tema, expresó: «Vamos a investigar si se realizaron la previsiones en su momento como para tener un cierre adecuado. No hay que olvidar que el cierre de mina tiene que estar planteado desde la apertura. Tenemos que ver si con anterioridad a la gestión actual se realizó algún tipo de trabajo. Vamos a analizar si hubo controles anteriores y si se llevaron a cabo adecuadamente», dijo Bertorello al ser consultado sobre el tema.
El Ancasti
