El paro convocado por los gremios de las principales cuencas del país y ratificado el sábado por el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut se iniciaba a las 0 de hoy y se extenderá en principio hasta mañana a la medianoche. Sin embargo, si en la reunión que los gremios sostendrán horas antes con funcionarios nacionales y empresarios no se arriba a un acuerdo, se endurecerán las medidas de fuerza. El pedido es de un aumento salarial superior al 25% y la garantía de los puestos laborales hasta julio de 2017. La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos llamó a la reflexión de los sindicatos ante las pérdidas fiscales que tendrán las provincias y los riesgos ambientales.
Anoche a las 20, los trabajadores petroleros que estaban afectados a diferentes tareas de turno, comenzaron a bajar de los yacimientos de la cuenca del Golfo San Jorge. A partir de esa hora solo subieron camionetas de transporte de personal que se dirigían a los yacimientos a buscar a los obreros de guardia, y a los afectados a operaciones especiales y equipos.
La intención era que cuando el reloj marcara las 0 de hoy, la paralización de la producción de petróleo y gas fuera total en la cuenca, tal como sucede también en Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Cruz y Salta, luego de que los gremios petroleros acordaron la semana pasada un paro nacional. En principio se estima que la medida de fuerza se extenderá por 48 horas con afectación de las producciones de petróleo y gas. Aunque todo dependerá de lo que suceda mañana cuando en Buenos Aires los ministros de Energía, Juan José Aranguren; del Interior, Rogelio Frigerio; y de Trabajo, Jorge Triaca; reciban a los secretarios generales de los gremios petroleros y a los representantes de la cámara empresaria.
El encuentro donde se buscará llegar a un acuerdo, luego de que se suspendiera la reunión del viernes, se celebrará en el Ministerio de Trabajo o la Casa Rosada. Allí estarán los dirigentes petroleros y el ministro de Hidrocarburos Sergio Bohe, en representación del Gobierno de Chubut.
En este marco, se buscará alcanzar un acuerdo, luego de que la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) ofreciera un 25% de aumento, un porcentaje inferior a la pretensión que tienen los gremios, que además exigen garantías de los puestos laborales hasta julio de 2017 y una suma fija para marzo, abril y mayo con la posibilidad de abrir una segunda mesa negociación antes de fin de año.
«Estamos buscando llegar a un acuerdo porque lo más importante que se solucione el conflicto, caso contrario se va a profundizar durante toda la semana», advirtió el diputado provincial Carlos Gómez, referente del Sindicato Petrolero de Chubut al ser consultado ayer por El Patagónico sobre el alcance de la medida de fuerza que no tendrá piquetes ni movilización.
LA CEPH PIDE REFLEXION
La medida es apoyada por otros gremios que tienen trabajadores que prestan servicios en yacimientos. Cada organización adoptó diferentes posturas. Desde la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Rubén Crespo, confirmó el apoyo a la medida, pero prestando servicios en sus respectivos puestos de trabajo. Mientras que la CEPATACAL (Cámara Empresaria Patagónica del Transporte Automotor de Cargas, Afines y Logística suspenderá sus actividades. Así lo confirmó su presidente Juan Carlos Cárdenas, quien repudió la presunta llegada de Gendarmería ante la medida de fuerza.
De esa forma, por el paro solo habrá guardias mínimas, y tanto las bases como las oficinas de empresas contratistas, proveedores de la industria hidrocarburífera, y servicios de transportes petroleros estarán cerradas, al igual que las plantas de Termap en Comodoro Rivadavia y en Caleta Olivia.
Esta situación preocupa a la CEPH que horas antes del inicio de la medida de fuerza emitió un comunicado en el cual llamó a la reflexión de los sindicatos «para que la medida no genere graves consecuencias para el sector, los trabajadores y el país».
«El paro en la actividad impactará negativamente en el suministro de gas y petróleo de todo el país. Además, generará importantes pérdidas de ingresos fiscales para las provincias y eventuales riesgos ambientales que podrían tener lugar como consecuencia de la paralización no programada de las operaciones por falta de guardias mínimas», cuestionó
El Patagónico