El Gobierno local pone la lupa en las inversiones que deben realizar las firmas, para evitar lo que ya sucedió con reconocidos empresarios.
No repetir los errores del pasado. Ese es uno de los principales objetivos del Gobierno provincial, que se prepara para lanzar una nueva ronda licitatoria de áreas petroleras, aunque con controles más estrictos. Esos fallos que la administración de Alfredo Cornejo quiere evitar están vinculados a licitaciones anteriores que permitieron que empresas –algunas de ellas con escasa experiencia en el sector– realizaran negocios millonarios sin hacer las elevadas inversiones que prometieron.
El Ejecutivo busca que no se reiteren casos como Chachahuén. Esa fue la principal área licitada –en medio de varias polémicas en el final de la gestión de Julio Cobos y adjudicada por el gobierno de Celso Jaque a Ketsal-Kilwer, vinculada a Vila Manzano– que había ofrecido 126,7 millones de dólares para convertirse en el operador.
Pasaron los años con inversiones prácticamente nulas hasta que Ketsal-Kilwer se asoció primero con Energía Mendocina (de Omar Álvarez) y, luego, con YPF, que se transformó en operador. Actualmente, la petrolera posee 70% del permiso de explotación del área y el resto está en manos de Ketsal-Kilwer y Energía Mendocina (10% cada una). Hoy, Chachahuén está en producción y es una de las principales áreas petroleras que tiene Mendoza.
Otra experiencia negativa ocurrió en el área del río Diamante, adjudicada por US$66 millones a Oil M&S. Esa compañía del empresario kirchnerista Cristóbal López se asoció luego con Energía Andina (también de Omar Álvarez) para operar el área que, sin embargo, nunca entró en producción.
Ahora, López ofreció devolver el área pero exige a la provincia US$7 millones por los costos de trabajo. Mientras se analiza la propuesta que, seguramente, tendrá respuesta negativa, en la Casa de Gobierno se sorprendieron por un dato: el apoderado de la empresa es Alejandro Rodríguez, el ex funcionario cobista que estuvo a cargo del área que armó lo pliegos licitatorios que ahora es cuestionada por favorecer intereses empresarios.
En el Gobierno reconocen que aquella licitación tuvo demasiadas irregularidades, provocando “que al negocio petrolero entrasen muchos actores que no necesariamente tenían experiencia en el negocio ni interés de trabajar como petroleros, sino de actuar como meros intermediarios en el movimiento de las áreas, especulando con la llegada de operadores más grandes, lo cual nos ha generado bastante atraso”.
Esa declaración pertenece a Emilio Guiñazú Fader, el subsecretario de Energía y Minería, que actualmente trabaja con un grupo de especialistas en la confección de los nuevos pliegos licitatorios. La expresó durante el encuentro Argentina Shale Gas & Oil Summit 2016, realizado el mes pasado. En ese evento informó, además, que para fin de año o principios del 2017 se convocará a nuevas licitaciones de 6 o 7 áreas para exploración de hidrocarburos convencionales en la provincia.
“No se calificó adecuadamente ni se evaluó técnicamente”, aseguró Guiñazú Fader en diálogo con El Sol. Esa experiencia negativa es un aprendizaje para el Gobierno, que ahora se tomará todo el tiempo que considere necesario antes de lanzar la licitación.
“Estamos trabajando para generar información útil que nos permita saber qué tenemos, qué podemos hacer y qué necesitamos”, explicó el funcionario, y agregó: “Se está planificando un horizonte de 20 años”.
El trabajo de recolección y análisis de esos datos está a cargo de un grupo de 20 personas, muchas de ellas ingenieros retirados que fueron contratados por el Gobierno para la tarea.
El Sol
