Qué cambió en la materia con la nueva administración de Gobierno. Debe y haber de los primeros meses de gestión. Cuáles son los pendientes.
En lo macro, «la Argentina cambió su posición internacional respecto de la problemática del cambio climático», dice Horacio Franco, fundador de Franco Abogados, acerca de qué cambió en materia ambiental en los últimos meses. Aunque nuestro país seguirá manteniendo su postura de «responsabilidades diferenciadas» entre los desarrollados y los en desarrollo, implementará métodos de contabilidad transparentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ligados a la obtención de financiamiento internacional, explica.
En continuidad, en cambio, se mantiene la política de la administración Kirchner en relación al apoyo al desarrollo de la explotación minera y el fracking petrolero; enfatizando la necesidad de fortalecer los controles ambientales, dice el especialista. Otra muestra de continuidad, agrega, es el apoyo a la energía nuclear; al tiempo que se impulsa la inversión en energías renovables y se mantiene la postura en contralor ambiental de productos agroquímicos. En la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), se espera su relanzamiento, con miras a concretar logros postergados, dice Franco.
Para Gabriel Macchiavello, name partner de Rattagan, Macchiavello, Arocena & Peña Robirosa Abogados, «hay tareas que realizar en revisión y perfeccionamiento de la normativa ambiental, como las normas de presupuestos mínimos que no funcionaron, como la de residuos industriales o la de preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional, entre otras».
Por otra parte, se diferencia del anterior, todavía no está del todo claro si va a haber un criterio unificado en el tratamiento a nivel nacional de la actividad minera, «industria que por falta de políticas claras tiene una imagen muy negativa en la sociedad».
Retomando Acumar, es «positivo» que los gobiernos que la integran sean del mismo signo partidario, dado que «requiere mucho apoyo y fondos» para llevar a cabo su cometido.
Hasta ahora, agrega, «es mucho lo que se ha gastado y poco se ha avanzado» y recuerda que pasaron ocho años desde el fallo de la Corte que ordenó el saneamiento.
Mucho más cotidiano, el combate a la corrupción en los cuerpos administrativos que tienen el control y fiscalización ambiental de industrias es uno de los puntos favorables de la actual gestión, enfatiza Macchiavello.
Para Francisco Macias y Gabriel Fortuna (Marval, O’Farrell & Mairal), la elevación a Ministerio de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable fue un acierto.
Es positivo el intento por coordinar el control ambiental de las empresas radicadas en la cuenca Matanza-Riachuelo, anticipando las inspecciones, homologando criterios de inspección y brindando mayor transparencia, dicen.
En cuanto a los desafíos, aparece la generación de una mayor dinámica para la emisión de autorizaciones y permisos ambientales en tiempos razonables.
María Morena del Río y Martín Prieto, socios de Allende & Brea, señalan entre los aciertos las nuevas normas de energías renovables que serán necesarias para cumplir el compromiso asumido en relación al cambio climático, en el marco del Acuerdo de París.
Otro factor alentador, evalúan, es el avance en el trabajo conjunto entre las autoridades ambientales de las distintas jurisdicciones que integran el AMBA. Aquí, dicen, hay que prestar atención a Buenos Aires provincia, que estudia la descentralización de la evaluación de impacto ambiental de los establecimientos industriales de segunda categoría en los municipios, la modificación de los plazos de vigencia y renovación de los certificados de aptitud ambiental y cambios en el proceso de fiscalización y en el sistema de notificaciones emitidas por el organismo.
Judicial
En el frente judicial, señala Franco, comienza a ponerse la lupa en los efectos acumulativos de los proyectos inmobiliarios e industriales. «La justicia federal de la Provincia de Bs. As. ordenó detener el proyecto Venice e impidió el inicio del proyecto Remeros Beach, ambos en Tigre», ejemplifica.
Además, crecen los cuestionamientos de ONGs frente a los avances de las represas Cépernic y Kirchner sobre el río Santa Cruz.
Macchiavello agrega que la Corte Suprema confirmó este año la tendencia marcada con los casos Mendoza y Salas, con las decisiones en Cruz, Fe1ipa y otros c/Minera Alumbrera Limited, y Martínez, Sergio Raúl c/Agua Rica LLC Suc. Argentina.
«Si bien el nivel de judicialización de los problemas ambientales se mantuvo, a las actividades que tradicionalmente involucran acciones ambientales se ha sumado el desarrollo de proyectos inmobiliarios en áreas ambientalmente sensibles», aporta Macías.
A eso añade que «una minera chilena enfrenta ante los tribunales de San Juan una causa por daño ambiental transfronterizo en nuestro país», y que «un fallo de la provincia de Bs. As. introdujo en el marco de una condena por daño ambiental la figura de los daños punitivos de la Ley de Defensa del Consumidor».
En responsabilidad pública ambiental, el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy confirmó una sentencia que había condenado a un municipio a indemnizar a vecinos por los daños y perjuicios ocasionados por la omisión en el control ambiental de las industrias dentro de su ejido municipal, agregan desde Marval.
En otra línea, retoma Franco, «lenta, pero sostenidamente, se produce un cambio cultural respecto del status jurídico de los animales y la naturaleza».
El Cronista
