CIADI falla en contra de minera australiana

Tras siete años, proceso de arbitraje entablado por Oceana Gold da la razón a Estado salvadoreño.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial, desestimó el 14 de octubre los reclamos de la minera australiana Oceana Gold que desde el 2009 reclamaba al Estado salvadoreño el pago de una indemnización de US$250 millones por haberle negado la autorización para explotar la mina El Dorado en el norteño departamento de Cabañas.

El fallo dio la razón al Estado salvadoreño que aseguraba que la empresa no cumplió con las precauciones ambientales requeridas para operar en el país, y que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales nunca aceptó siquiera su plan de impacto ambiental.

“Durante más de cinco años, y a lo largo de las tres fases de este arbitraje, El Salvador ha tenido que responder a las siempre cambiantes historias y argumentos legales de Pacific Rim [adquirida en el 2013 por Oceana Gold]”, dijo el CIADI, añadiendo que los alegatos de la empresa “carecen de cualquier base de hecho o de derecho”.

Al inicio del proceso de arbitraje, señaló el CIADI, la empresa aseguró que poseía “el perfecto derecho” a una concesión porque había cumplido con todos los requisitos excepto el permiso ambiental, “que El Salvador injustificadamente no había concedido”.

“Sin embargo, más de cuatro años después (…) la demandante no ha logrado demostrar que tenía el ‘perfecto derecho’ a esa concesión. Por el contrario, la demandante se ha visto obligada a admitir que no era propietaria ni tenía la autorización requerida para el uso de la tierra en el área solicitada para la concesión. La demandante también se ha visto obligada a admitir que nunca completó el requerido estudio de factibilidad”, indicó el CIADI.

El caso se remonta al 2002, cuando el gobierno del expresidente Francisco Flores (1999-2004) otorgó los primeros permisos de exploración a la empresa canadiense a Pacific Rim Mining. Aunque en el 2008 el entonces mandatario Antonio Saca (2004-2009) se negó a autorizar el inicio de operaciones, fue recién al año siguiente que el presidente Mauricio Funes (2009-2014) denegara definitivamente los permisos a la empresa para empezar a explotar la mina.

Funes basó su decisión en una potencial contaminación por cianuro, usado para extraer el oro, y el riesgo de que las fuentes de agua resultaran afectadas. La minera pretendía utilizar diariamente un promedio de 2 TM de cianuro y alrededor de 900,000 litros de agua. Se calcula que en el yacimiento existen 9.4 millones de onzas de plata y 1.3 millones de onzas de oro de alta.

“Para nosotros es una victoria como país y creo que trasciende la importancia de este laudo arbitral a otros países”, declaró el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez.

Resistencia a la minería metálica

Oceana Gold manifestó en un comunicado su decepción y que “revisará el fallo del CIADI en detalle antes de evaluar los próximos pasos relacionados con su unidad empresarial en El Salvador. La empresa considera que una industria extractiva moderna, que opera de manera segura y sostenible y dentro de  las mejores prácticas reconocidas internacionalmente, tiene el potencial para desbloquear una oportunidad de desarrollo sostenible y de varias décadas en la República de El Salvador”.

“Sin embargo, la empresa reconoce que el gobierno deberá tomar medidas positivas y definitivas dirigidas a establecer un ambiente empresarial estable si desea atraer la inversión extranjera para establecer esta oportunidad”, agregó el comunicado.

El CIADI ordenó a Oceana Gold pagar al Estado salvadoreño la suma total de $8 millones por los costos legales en los que incurrió.

Según el fiscal Meléndez, la empresa tiene la obligación de respetar el fallo y cumplir con el pago porque fue ella la que creyó que esta instancia era la conveniente para el arbitraje. De negarse la minera a pagar dicho monto, indicó Meléndez, el gobierno está evaluando la posibilidad de embargar los bienes que la empresa posee en Cabañas.

Desde que Pacific Rim inició en el 2002 las labores de exploración, organizaciones ambientalistas, religiosas y de derechos humanos, así como pobladores de la zona mantuvieron una campaña constante contra la minería metálica por considerar que acarrea consecuencias negativas para la salud y para el medio ambiente, debido al uso de cianuro en el proceso.

Raquel Caballero de Guevara, procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, precisó que “si bien para la empresa la motivación para el litigio es porque representaba pérdidas económicas, para el pueblo salvadoreño representa la defensa de la vida y la protección de los recursos naturales del país. Para los pobladores del municipio de San Isidro, Cabañas, oponerse al proyecto dejó costos irreparables en virtud de que los habitantes del lugar y defensores de derechos humanos fallecieron violentamente en su lucha para defender la vida y el medio ambiente”.

La procuradora hizo referencia a los casos de Marcelo Rivera, Dora Sorgo, Ramiro Rivera y Juan Francisco Durán, activistas opositores a la mina que fueron asesinados en el 2009. Aunque no se ha probado el involucramiento de la minera en los crímenes, ambientalistas y pobladores de la zona consideran que las muertes habrían estado relacionadas con la oposición de las víctimas a la actividad minera.

En el 2011, Francisco Pineda, agricultor y activista ambiental fue galardonado con el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su defensa de los recursos hídricos seriamente amenazados por Pacific Rim.

En un comunicado, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica saludó el fallo del CIADI señalando que “reafirma la necesidad de concretar la prohibición de la minería en el país”. Asimismo, exigió al presidente Salvador Sánchez Cerén “que apruebe la propuesta de Decreto Ejecutivo para la prohibición de la minería metálica, mientras la Asamblea Legislativa aprueba la ley que prohíba la minería metálica en El Salvador, y así evitar otros arbitrajes similares”.

 

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