Sugieren prohibir minería metálica en El Salvador

OceanaGold ya no puede pedir permiso para explorar o explotar El Dorado, pero no está prohibida la actividad minera.

El fiscal general, Douglas Meléndez, junto al abogado defensor Luis Parada (al centro), reiteró los resultados favorables del caso contra OceanaGold. / DEM

El Salvador ganó la semana pasada una millonaria demanda a la minera australiana OceanaGold, y con esta victoria legal se abre la oportunidad para que prohíba la minería metálica en el país, afirmó Luis Parada, el abogado de la firma Foley Hoag, encargada de la defensa salvadoreña  en el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Parada, junto al Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, se refirieron ayer en una conferencia de prensa a los resultados obtenidos en el arbitraje y que ambos anunciaron el viernes pasado desde Washington.

Parada señaló que las leyes actuales impiden que, una vez concluido el periodo de exploración, una empresa solicite otro permiso para continuar interviniendo la misma zona; además, desde 2007 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no otorga permisos ambientales para exploración. Sin embargo, “es imperativo, para dar seguridad jurídica, que la Asamblea legislativa actúe para dar cobertura legal a esa moratoria que solo ha existido de palabra”, señaló.

Los permisos de explotación de la canadiense Pacific Rim, la empresa que inicialmente demandó al Estado salvadoreño y que en 2013 fue adquirida por OceanaGold, se vencieron el 1 de enero de 2004, indicó Parada, por lo que no podría solicitar más aval para continuar trabajando en la mina El Dorado, en San Isidro, Cabañas. Ahora corresponde al Ministerio de Economía (Minec) archivar la solicitud de concesión de esta empresa, añadió.

El abogado de Foley Hoag hizo eco de esta manera a la opinión vertida por el fiscal Meléndez el viernes, cuando consideró necesario “revisar la legislación para tener claridad y que todo inversionista que vaya de alguna manera interesado en este tema, pueda tener la respuesta, de entrada, de cómo se maneja el tema de la minería en el país”.

Embargarían inmuebles

El CIADI ordenó también a OceanaGold el pago de $8 millones al Estado, para compensar el gasto en el que incurrió con este arbitraje y que según la firma Foley Hoag asciende a $13 millones.

El fiscal Meléndez dijo esperar que la empresa haga efectivo el pago lo antes posible, pues además adeudan cerca de dos años de pagos a los abogados que defendieron a El Salvador en este caso.

De lo contrario, no descartó  buscar los inmuebles de la compañía en El Salvador. “Lo estamos analizando, y podríamos ejercer una acción subsidiaria (…) si esta empresa no quiera responder con el pago”, afirmó.

Claves del caso

2009

Pacific Rim anunció el inicio de un arbitraje en contra de El Salvador, argumentando que el país le suspendió sin justificación los permisos para iniciar trabajos en El Dorado, ubicada en San Isidro, Cabañas.

Abril 2013

Tras desestimarle su amparo al TLC con Estados Unidos (Cafta) en 2012, Pacific Rim, esta vez a través de Pac Rim Cayman, anunció una nueva demanda por $315 millones, amparada bajo la Ley de Inversiones.

Noviembre 2013

En octubre, OceanaGold anunció que había llegado a un acuerdo definitivo para adquirir todas las acciones de Pacific Rim, mismo que se concretó en noviembre. Uno de los beneficios que destacaron era la mina El Dorado.

2014

Habiendo sido comprada por OceanaGold un año antes, Pacific Rim continúa el litigio. El peritaje revela ajustes y la demanda de la empresa se reduce a $250 millones, cifra que se mantuvo en el resto del proceso.

Octubre 2016

En una conferencia de prensa ofrecida en Washington, la Fiscalía anuncia que el CIADI falló a favor de El Salvador, y que se ordenó a OceanaGold el pago de $8 millones al país, para reconocerle los costos del litigio.

$13 Millones

Estos siete años y medio de litigio contra la minera Pacific Rim, y luego OceanaGold, el Estado ha gastado $13 millones.

 

 

El Mundo SV

 

 

 

$8 Millones

 

El tribunal del CIADI, además de darle la razón a El Salvador, ordenó a OceanaGold el pago de $8 millones al país.

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