Este lunes debían empezar las indagatorias a tres gerentes de Pelambres. Debieron reprogramar para diciembre.
Ignacio Cruz Zabala debía prestar declaración indagatoria el miércoles 19 de octubre, pero lo reprogramaron para este lunes 21 de noviembre y ahora pasó para el lunes 19 de diciembre. Alberto Cerdá Mery iba a ser indagado el jueves 20 de octubre, pero debieron reprogramarlo para el 22 de noviembre y ahora pasó para el 20 de diciembre. Y, el más importante de todos, un pope entre los ejecutivos mineros chilenos, Roberto Andrew Mayne Nicholls, debía arribar a San Juan para ser indagado en octubre, lo pasaron para el miércoles 23 de noviembre y ahora lo reprogramaron para el 21 de diciembre.
Todas esas vueltas por un solo motivo: por tercera vez el gobierno de Chile no contestó los exhortos de la justicia argentina, según confirmaron en el Juzgado Federal N° 2 de San Juan.
Allí es donde se impulsa la investigación penal que tiene en la mira a los exejecutivos mineros de Los Pelambres, la compañía minera chilena que arrojó ilegalmente escombros mineros (más de 500 neumáticos de gran porte y toneladas de rocas residuales) en la cordillera argentina, sobre el departamento Calingasta.
Los tres ejecutivos mineros chilenos están siendo investigados por delitos excarcelables (dos artículos de la Ley de Residuos Peligrosos, el 55 y el 182), pero si el juez federal Leopoldo Rago Gallo tiene otras pruebas, tras tomarles declaración indagatoria podría imputarles otros delitos y hasta privarlos de su libertad.
Esta nueva suspensión a las indagatorias se decidió a última hora del viernes último. Florencia Gutiérrez, titular de la Secretaría Penal N° 5, se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores y se comprobó que el gobierno de Chile no había enviado las planillas de antecedentes de los tres ejecutivos mineros.
Tener en la mano esas planillas es un requisito indispensable para poder arrancar con las indagatorias.
Antes la demora fue porque un juez chileno no había notificado a tiempo a los tres ejecutivos mineros.
Todas las medidas vinculadas a los gerentes que toma el juez federal Rago Gallo se deben tramitar ante la cancillería argentina y su par chileno, lo que requiere de muchos trámites burocráticos.
Tiempo de San Juan
