El pedido del bloque opositor es por el conflicto judicial que tiene la empresa estatal con Agua Rica por la propiedad de las 17 minas.
Los diputados del FCS solicitaron al secretario de Minería, Rodolfo Micone, que revoque la aprobación del informe de impacto ambiental presentado por CAMYEN para comenzar los trabajos en la zona de Cerro Atajo.
El pedido del bloque opositor es por el conflicto judicial que tiene la empresa estatal con Agua Rica por la propiedad de las 17 minas.
En la presentación, los legisladores solicitaron la revocación de la resolución SEM Nº 733/15 emitida por la Secretaría de Minería por «resultar nula de nulidad absoluta” en razón de que la voluntad de la Secretaría «se ha encontrado viciada por error esencial teniéndose por existentes hechos y antecedentes falsos”.
Así recuerda que la presentación de CAMYEN «reúne una serie de consideraciones sugestivas y presenta como operador de la misma a Agua Rica en virtud de Contrato de Exploración con Opción de Explotación suscripto entre ambas empresas que denota una serie de contradicciones” y que «generan incertidumbre jurídica en torno a la futura responsabilidad por eventuales daños que se generen en el ambiente a partir de las actividades que se desarrollen”.
Los legisladores recordaron que entre CAMYEN y Agua Rica si bien existe un «acuerdo transaccional” para aunar esfuerzos en actividades de prospección y exploración en el Área del Cerro Atajo.
Agua Rica no cesó su planteó judicial por la propiedad de las 17 minas en cuestión. «Está claro que la pretensión procesal de Agua Rica subsiste y con este también el conflicto sobre la propiedad”, indicaron los diputados.
A lo que agregaron: «Pareciera ser que CAMYEN está asumiendo un riesgo careciendo de certidumbre sobre sus derechos sobre la mina y, por su parte, la Secretaría de Minería de la Provincia, generando más incertidumbre jurídica en torno a la responsabilidad por daños eventuales que pudieran surgir de la actividad a desarrollar en Cerro Atajo».
Más adelante y para justificar su planteo respecto al error insalvable, los diputados destacaron que la propia Secretaría de Minería requiere, a quienes solicitan a aprobación del Informe de Impacto Ambiental, «la presentación de copia de la resolución de concesión de la propiedad minera, emitida por el Juzgado de Minas. En este caso, la concesión se encuentra en plena disputa judicial que es de tal relevancia que la declaración de impacto ambiental se presenta ante la autoridad administrativa una vez que se encuentra vigente el Contrato de Exploración con opción de Explotación entre la empresa Estatal y Agua Rica».
Ante esta situación, señalaron que «en aras de circunstancias confusas en torno a la responsabilidad por eventuales daños futuros en Cerro Atajo o a propósito de las actividades de exploración o de explotación, debe regir el principio de precaución (previsto en la ley general de Ambiente) y denegarse la aprobación del informe de impacto ambiental».
Finalmente, advirtieron que hacen «reserva de acudir al ámbito jurisdiccional en salvaguarda de derechos colectivos que pudieran comprometerse en razón de la aprobación del Informe de Impacto Ambiental».
Nova Cata
