San Juan. Además la medida pone en riesgo el futuro de varios yacimientos que están al límite de su vida útil, entre ellos Casposo, en Calingasta. Se perderían varios millones de dólares en exportación y quedan en riesgo más de 12.000 puestos de trabajo.
Las retenciones a las exportaciones mineras constituyen un impuesto no coparticipable, por lo que en caso de resultar aprobado por el Congreso de la Nación el proyecto unificado por la oposición y promulgado por el Poder Ejecutivo, financiarán solamente al Estado nacional.
En 2015, el sector minero en Argentina facturó unos U$S 4000 millones de dólares por exportaciones y ha llegado a los 5500 millones en años en los que las commodities tenían mayores precios.
Las retenciones a las exportaciones mineras, equivalen a unos 220 millones de dólares que ingresarán al Estado nacional, sin ningún beneficio para las provincias, incluso aquellas donde se desarrolla la explotación de los yacimientos minerales que, por Constitución, pertenecen a los estados provinciales.
En cambio, la baja de las exportaciones del sector por acortarse de vida útil de las minas será de US$ 1.325 millones, según la estimación efectuada oportunamente por la Cámara Argentina de Empresas Mineros (CAEM).
Un informe de la entidad había puntualizado la situación de cinco minas cuya vida útil se había extendido a raíz de los menores costos que implica la quita de los derechos de exportación. Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, que había extendido sus operaciones hasta diciembre de 2018, es probable que cese definitivamente su producción ya que anteriormente había anunciado su cierre en mayo de 2017, con un adicional de exportaciones por ese plazo de US$ 1.083 millones que se perderían.
La mina Pirquitas, en Jujuy, tiene previsto extender de su cierre programado de abril de 2017 a diciembre de ese año en el caso de las operaciones en la mina y en diciembre de 2018 para el caso de la planta, con un adicional de US$ 116 M en exportaciones, los cuales también quedarían sin poder concretarse.
El proyecto Manantial Espejo, en Santa Cruz; la Mina Casposo, en San Juan; y Sierra Grande, en Río Negro, figuran también entre los proyectos cuyo futuro quedaría condicionado por la medida.
La continuidad de esos proyectos significa alrededor de US$ 870 millones más para el pago de proveedores y mano de obra, que implicarán trabajo para 2.352 pymes proveedoras. “Estas empresas, además de proveer al mercado local, también exportan a diversos países del mundo”, plantea el informe empresario, señalando que 117 pymes mineras exportadoras de doce provincias que fueron favorecidas por la eliminación de retenciones, ahora se verían perjudicadas y se estima que estarían en riesgo unos 12.612 puestos de trabajo.
El Decreto 349/2016, firmado por el presidente Mauricio Macri publicado el 15 de febrero pasado y anunciado durante una visita a San Juan, por el cual se eliminaron las retenciones a las exportaciones mineras, puntualizaba que las retenciones mineras provocaron “una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera”, en “que los mencionados derechos de exportación inciden sobre los márgenes de utilidad” y “generan un mayor costo operativo”, en “la reciente caída en el precio internacional de los metales y demás productos minerales” y en que “la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”.
Diversos legisladores habían criticado la medida que revirtió el régimen de retenciones de entre 5 y 10% para la exportación de productos del sector desde marzo de 2002, al considerar que se le otorgaba un beneficio a empresas transnacionales y a una actividad que consideraban con alto costo ambiental sin un requerimiento previo de inversiones o desarrollo local.
El ingeniero en minas y director del Centro de Estudios para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Hugo Nielson, recordó que “En los países mineros hay una ley que otorga estabilidad fiscal a los proyectos. Desde el momento en que un proyecto es inscripto no se le pueden agregar impuestos nuevos y haber puesto las retenciones a las exportaciones hizo que la Argentina fuera menos atractiva para las inversiones. Por ejemplo, la empresa Glencore tenía dos proyectos en competencia para extracción de cobre en América Latina, uno en Las Bambas, Perú, y el otro en San Juan, Argentina. Finalmente ganó Las Bambas y hoy ese proyecto está en producción, y se han creado más de 18.000 puestos de trabajo. Un solo proyecto pagaría más de lo que se recauda hoy en la Argentina”.
De volver a aplicarse retenciones a las exportaciones mineras, las inversiones que se requieren para poner en explotación proyectos como El Pachón, o para factibilizar otros como Los Azules, con yacimientos de cobre a escala mundial, seguirán sin llegar frenando la posibilidad no solo de explotar la riqueza que se encuentra en el subsuelo sanjuanino, sino también de generar puestos de trabajo y actividad económica.
En cambio, favorecerá al estado nacional que seguirá quedándose, con un porcentaje de lo que exportan empresas como Barrick Gold o Yamana Gold sin coparticipar con la provincia a la cual pertencen los yacimientos de Veladero, Gualcamayo o Casposo, actualmente en explotación.
A su vez, Glencore Xstrata seguirá retrasando sus planes de inversión para la construcción de El Pachón, proyecto que lleva décadas en etapa de exploración y constituye un gran activo inmobiliario minero, otorgando grandes dividendos a las empresas que compran y venden esta concesión, obteniendo grandes utilidades pero sin ningún beneficio para la Provincia de San Juan.
Las retenciones mineras en cifras
El sector minero estima que la aplicación de las retenciones a la minería implicará un 5% menos de percepción en las ventas y un 8% más en los costos, que además significará una pérdida de competitividad frente a los demás países de la región, principalmente Chile y Perú.
El Estado nacional volverá a recaudar unos U$S 223 millones por la aplicación de estos derechos de exportación, que saldrán de la propia facturación de las empresas mineras que además seguirá afrontando los pagos de regalías a las provincias, los aportes a fideicomisos y fondos de desarrollo regional, demás impuestos nacionales y provinciales, derechos aduaneros, cánones de agua y mineros, contribuciones y tasas retributivas de servicios a la Nación, los gobiernos provinciales y los municipios.
El esquema de pagos al fisco, en tanto, contempla tributos a las Ganancias, de 35% de los beneficios obtenidos; a la Ganancia WHT aplicado sobre los servicios prestados por empresas extranjeras, variables desde 4,5% hasta 31,5%; Bienes Personales, de 0,5% sobre el valor patrimonial de la tenencia accionaria; IVA; a los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque, del 1,2%; y una tasa hídrica, de 22% sobre el valor neto del gasoil facturado.
Diario El Zonda
