Santa Cruz. Continúan las tratativas en Buenos Aires por la usina, luego del cambio de Secretaría nacional. Aranguren, Zeidán y los dirigentes gremiales analizaron la situación y desde el sindicato aseguran que hay más de 40 casos de despidos irregulares.
De la reunión con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y el interventor de YCRT, Omar Zeidán, participaron el secretario general adjunto del Consejo Directivo Nacional, Julio Fuentes; Orestes Galeano, de ATE CDN; el doctor Alexis Barraza, del equipo de abogados de ATE Nacional y el delegado de la seccional Río Turbio, Cristian Oliva.
Julio Fuentes detalló el reclamo por los despidos: “Sobre 79 casos de cesantías que se han dado en el yacimiento, ATE solicita la reincorporación de 40 casos en los que detectamos situaciones de injusticias por procedimiento inadecuado o sanción desmedida. Todos los casos merecen una revisión, pero se han presentado en el sindicato 40 situaciones que realmente requieren una urgente reconsideración. La empresa ha quedado en responder”, afirmó.
Además el dirigente de ATE Nacional habló del reclamo por la denuncia que la intervención de la empresa realizó sobre los Convenios Colectivos de Trabajo: “Tenemos una audiencia citada por el Ministerio de Trabajo para el día lunes. Nosotros hemos hecho saber nuestra posición. Creemos que no pasa la situación por la Convención Colectiva, no es que la empresa no esté operando en plena producción por el CCT, muy por el contrario, hay una serie de problemas heredados y otros que serán de la nueva administración, pero debe resolverse el problema sin afectar los derechos de los trabajadores. Nosotros estamos dispuestos a esforzarnos, pero antes la empresa debe garantizar condiciones de obra y de funcionamiento”.
Además, durante la audiencia ATE reiteró la preocupación que genera el traslado de la administración de la usina eléctrica a la Secretaría de Energía, lo que implica variar la propuesta de constituir una sola empresa que fue presentada por los trabajadores en el Congreso de la Nación.
Cristian Oliva explicó que esa operación podría facilitar privatizaciones de servicios.
Julio Fuentes concluyó asegurando que la solución al conflicto está en manos de la empresa y del Gobierno: “ATE no negocia ninguna convención colectiva a la baja, nosotros podemos aportar nuestras propuestas y esfuerzo pero nunca nuestras condiciones de trabajo. Eso no resuelve los problemas de YCRT, solamente perjudicaría a los trabajadores y por lo tanto agudizaría los problemas de la empresa. Los problemas se resuelven con una buena gestión, una buena administración, transparente y honesta”.
A través de la Resolución 6-E 2017 Aranguren dejó sin efecto la Resolución Nº1866 del 23 de noviembre de 2006, que regulaba la licitación para el contrato de la obra pública de la Central Termoeléctrica a carbón.
Esta determinación –según indicaron en ATE- genera un profundo malestar en los trabajadores al no tener precisiones sobre el alcance de esta medida, ya que el traspaso de la obra a la Secretaría de Energía Eléctrica modificará el panorama laboral.
La decisión habría surgido a raíz del informe emitido por la Sindicatura General de la Nación; en el marco de la auditoría dispuesta en el Artículo Nº2 del Decreto Nº257 del 26 de enero de 2016 y de la Resolución Nº10 del 5 de febrero del mismo año, se destacó la inexistencia en la ex Secretaría de Minería de un área con competencia para opinar sobre cuestiones técnicas y económicas de todo lo concerniente a obras termoeléctricas, en especial, la de la central de Río Turbio.
La primera reunión se llevó a cabo este lunes a última hora, “El Ministro nos informó que ellos estiman que la posibilidad de poner en marcha la actividad en la usina no vaya más allá al mes de febrero. Eso posibilitaría en un plazo de 10 meses poner en función la primera etapa y 18 meses después para poner a pleno funcionamiento las dos turbinas de la usina”, señalaba Hugo Godoy entonces.
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