CAMYEN hará un reclamo legal por la concesión de 10 años
Para la empresa estatal minera es legal el contrato que suscribieron en 2015 y que va hasta 2025.
El vicepresidente de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE), Alejandro Bosio, tras reconocer que ya fueron notificados sobre la terminalidad de sus operaciones en el complejo de rodocrosita de Minas Capillitas el próximo 28 de mayo, adelantó que insistirán con la legalidad del contrato de concesión firmado en septiembre de 2015 por 10 años. Y responsabilizó a los diputados provinciales de la oposición por la eventual pérdida de la mina de rodocrosita cuya explotación está a cargo de CAMYEN y la supuesta pérdida de fuentes laborales.
«CAMYEN no reconoce el final del contrato de concesión”, aseguró Bosio al sostener que la extensión del contrato hasta 2025 no fue «puesta en duda” en la notificación que recibió la firma y anticipó que se seguirá con el curso legal correspondiente para «defender” los intereses de Catamarca y la empresa.
«Desde la Nación nunca se nos cuestionó la validez de esa adenda, de la extensión de la concesión hasta 2025, durante un año y medio. CAMYEN no recibió ningún tipo de comunicación que demuestre incomodidad con la adenda firmada. Entonces, entendemos que ésta podría ser la consecuencia de una operación política”, analizó.
El funcionario consideró que «vale la pena seguir un proceso legal porque tenemos documentadas ventas que no hicimos por culpa de esto; una inversión de $24 millones que se hizo en virtud de esa extensión y que ya no se podrá amortizar».
Aseguró que desde la empresa se cumplió con todo lo que decía el contrato: explorar y generar nuevos recursos. Y señaló que las auditorías del Tribunal de Cuentas, Fabricaciones Militares, y todos los órganos de control de la firma estatal indican que se «trabajó correctamente”.
También pronosticó que 60 familias que viven de la minería en Minas Capillitas se quedarán sin ingresos. «Lamentablemente, prosperaron las gestiones de los legisladores de la oposición, quienes recientemente se reunieron con el ministro de Defensa de la Nación, Julio Martínez, en Buenos Aires, siguiendo con su política partidaria. Porque hay que diferenciar: lo que ellos hacen no es política de Estado, es política electoral”, reprochó.
Para Bosio, lo que sucedió fue la materialización «del final anunciado de la política partidaria de los diputados del Frente Cívico, de una idea que tiene el radicalismo de cerrar la mina, de dejar a Catamarca sin participación”.
Y agregó: «Los felicito, lo lograron. Ahora den la cara ante las familias que se quedan sin su medio de vida. Que digan dónde irán esos comprovincianos”,
Por último, Bosio indicó que la CAMYEN paralizó la actividad minera en Minas Capillitas por el corte de ruta -cercano al ingreso del complejo- porque un grupo de piqueteros no permite el ingreso de personal minero, combustible e insumos.
«La fuente laboral no está en peligro para nada»
El subsecretario de Gestión y Planificación para la Defensa, Arnoldo Marini, aseguró que no está en riesgo la continuidad laboral de los 60 trabajadores mineros que realizan sus tareas en el complejo de rodocrosita de Minas Capillitas (Andalgalá) y aclaró que la mina seguirá operando con normalidad, aunque con otro tipo de controles. Marini es el segundo de Héctor Lostri, secretario de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa del Gobierno Nacional y detenta el cargo de interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM).
«La fuente laboral no está en peligro para nada. No se va a perjudicar a ningún trabajador minero. La idea es encauzar el proceso de explotación de la mina”, explicó Marini a El Ancasti al ratificar que el convenio de concesión con la CAMYEN caduca el 28 de mayo. «Este convenio no favorece para nada los intereses de Fabricaciones Militares, y de ahí que existe una denuncia penal que sigue su curso. La anterior intervención no protegió correctamente los intereses de la DGFM al suscribir este contrato y con una prórroga de dudosa validez que llevaba la explotación hasta el 2025. Era un convenio que no preveía muchos niveles de contralor y que, entiendo, permitió un grado de desmanejo”, advirtió. De igual forma, anunció que «se iniciará una acción legal en la sede de competencia Federal para dar certeza jurídica» sobre el convenio que la DGFM considera nula porque falta la firma de la Secretaría de Minería de la Nación en adenda.
El Ancasti
