El gobernador recibió un documento con más de 60 páginas en el cual se establecen los criterios de un plan para diversificar la matriz productiva. Tal como anticipó MDZ, se promoverá la minería metalífera que no choque con la Ley 7.722 y las empresas deberán «devolver» el agua que utilicen.
La política minera para la Provincia de Mendoza ya está plasmada en un documento que es de manejo interno en el Gobierno provincial y, junto con hacer un diagnóstico de lo que fueron los últimos 10 años de manejo de la actividad, se fija como ambicioso objetivo poner a la minería a la par de los hidrocarburos en la recaudación de las arcas fiscales.
Este documento avanza en un contexto en que el Ejecutivo provincial busca diversificar la matriz productiva provincial, la cual no tiene muchos puntos para ampliarse y la actividad aparece como una atractiva alternativa.
El avance de la política desde la Secretaría de Minería al gobernador se dio, además, en otro momento particular, justo cuando el ministro de Economía Enrique Vaquié, ferreo opositor a la minería, se fue al Banco Nación. En su reemplazo, Martín Kerchner, aparece como una figura más amigable y abierta a estudiar alternativas. «Es mejor un «ni» que un anti», indican en la industria.
La política minera
En un documento de más de 60 páginas el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú, entrega las conclusiones del por qué en los últimos 10 años se ha manejado la minería de una manera que no trajo beneficios para la provincia y, además, perfila cómo se debe realizar para que, dentro de los marcos normativos vigentes (especialmente respetando la Ley 7.722 que prohibe el uso de sustancias tóxicas en la minería), se pueda desarrollar la industria para beneficio de Mendoza.
Tal como había anticipado MDZ, en el texto se repite en reiteradas ocasiones que se respetará la Ley 7.722 (por sobre todo) y también se sugiere la reglamentación de la misma, la cual está pendiente y es esperada por la industria para establecer claramente qué sustancias se prohíben y cuáles no, además de aclarar cuestiones como el rol de la Legislatura en el proceso de puesta en marcha de un proyecto.
Al mismo tiempo, y también como anticipó este diario, prevé duros controles ambientales y la obligación de los proyectos mineros que utilicen agua en alguna zona de la provincia, la restituyan en otro sectores donde se necesite.
El escrito, que está en su versión preliminar a la espera de los cambios que pueda considerar el gobernador Alfredo Cornejo, señala que el Gobierno provincial promoverá la minería en todos sus niveles, incluso en proyectos de primera categoría (metalíferos) que permita la Ley 7.722. Del mismo modo, no se cierra la puerta a nadie en la etapa de prospección y exploración, independiente si esos procesos pueden luego ejecutarse o no.
Los metales a la par del petróleo
Más de 100 horas de conferencias y 500 horas de diálogo con 72 expositores, bajo la coordinación de 25 consultores que registraron, grabaron y procesaron todo el proceso del Espacio de Diálogo Minero, terminaron en un documento que contiene la política minera para Mendoza y en el cual se cuantífico la falta de decisión y de medidas con respecto a la actividad.
«La pérdida de oportunidades para la Provincia que podría haber recibido en los últimos 10 años inversiones directas por más de USS 5,000 (cinco mil) millones con la creación de más de 5,000 (cinco mil) puestos de trabajo directos y por los menos 20,000 indirectos de alta calidad», considera el documento.
El número no es antojadizo, ya que esos mismos 10 años son los que proyecta la Secretaría de Minería para que la actividad alcance el potencial que tienen los hidrocarburos en la economía y el desarrollo de Mendoza.
Por eso, directamente lo que propone Guiñazú en el Capítulo 3 del documento es que la provincia «promoverá el desarrollo de aquellos proyectos que, respetando las leyes vigentes en la Provincia: Ley No.7722, Ley de Aguas, Ley de Glaciares y el resto de las leyes que legislen ambiental o territorialmente el desarrollo productivo, generen puestos de trabajo formales, condiciones y escala de consumo para el desarrollo de infraestructura, ingresos fiscales y desarrollo en general, particularmente en aquellas regiones de la Provincia donde no exista otra forma de desarrollar la infraestructura, se cuente con el soporte de la comunidad y las condiciones socio/ambientales necesarias para soportarla».
En ese mismo capítulo, pero en otro punto, dice que la provincia «promoverá en los casos en que se necesario la reglamentación de las leyes, lo que permitirá dar mayor seguridad jurídica a la sociedad y a los inversores». En este caso, se sugiere entonces la reglamentación de la Ley 7.722, la cual desde su creación bajo el gobierno de Julio Cobos, nunca fue reglamentada.
La idea de la política es que «en el término de 10 (diez) años, la Minería aporte a la Provincia de Mendoza un nivel de actividad equivalente al del sector hidrocarburífero, con una cadena de proveedores de equipos y servicios completamente desarrollada y una cadena de industrias derivadas de la misma que agregue valor a sus productos».
El Capítulo 4 del documento contiene todas las consideraciones ambientales y en uno de ellos indica puntualmente lo que será la política hídrica minera, uno de los puntos más cuestionados a la industria.
Junto con detallar todos los procesos que contempla la apertura de un proyecto, hace especial hincapié en lo que se refiere al cierre de mina, el cual establece desde que se inician las operaciones cómo debe cerrarse el proyecto con los estándares ambientales adecuados.
En lo que se refiere al agua, manifiesta que se considerán mecanismos de compensación hídríca y marca los siguientes puntos:
(1)Ningún emprendimiento minero podrá realizarse en una región en la cual su demanda de agua afecte los derechos de los usuarios precedentes y sus aprobaciones deberán ser realizadas siguiendo estrictamente los procedimientos existentes por el DGI.
(2) Todo emprendimiento minero mediano y grande cuya demanda de agua se encuentre debidamente aprobada por el DGI, deberá implementar un mecanismo por el cual el equivalente a la cantidad de agua autorizada para su uso, sea repuesto a partir de la purificación y/o limpieza de aguas superficiales y/o subterráneas no aptas para consumo humano y/o agrícola.
(3) Alternativamente, el emprendimiento podrá proponer obras al DGI que permitan incrementar la eficiencia en la distribución y/o el riego de forma tal de compensar el agua usada, a través de las perdidas por absorción y/o vaporización. El agua disponibilizada a través de este mecanismo de compensación será administrada por el DGI de acuerdo con las leyes vigentes y reglamentos del organismo.
En resumen, la política está escrita y en las revisiones internas cuenta con el aval para avanzar, aunque por ahora nadie va a salir a hablar del tema ni a confirmar los pasos a seguir, como un posible envío a la Legislatura del texto. Así será por lo menos hasta que la Nación haga la presentación del Pacto Federal Minero, el cual viene a apoyar aún más la política diseñada por Guiñazú.
El trabajo del subsecretario no deja cabos sueltos y por primera vez en 10 años el Ejecutivo cuenta con un plan serio para poder avanzar con la actividad dentro de los marcos legales que establece Mendoza.
Mdz Online
