Alfredo Cornejo apeló a la misma estrategia que Mauricio Macri cuando habilitó el debate por la despenalización del aborto, para que se discuta en Mendoza un tema muy conflictivo como la minería: dejar que sea el juego legislativo el que tome una decisión. Pero a diferencia del presidente, que estaba en contra de la legalización, conceptualmente el gobernador y buena parte de su gobierno respaldan los cambios.
Si pasa, pasa. El gobierno de Alfredo Cornejo acomodó su estrategia para impulsar la minería en Mendoza a un par de proyectos presentados por el peronismo en la Legislatura y avanzar con lo que siempre consideró por lo bajo como una prioridad: dar la discusión por la ampliación de la matriz productiva de la provincia.
Fue una sorpresa, es cierto, la actitud tomada. Desde que asumió, el gobernador no quiso abrir el debate por la modificación de la ley 7722 pendiente de la conflictividad social que el tema despierta, fundamentalmente, en el Valle de Uco.
Para Cornejo discutir esa ley de 2007 y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Suprema Corte en diciembre pasado siempre fue considerado como un beneficio que podría llegara a largo plazo. Pero con costos políticos altísimos y a pagar en el corto plazo.
Nada conduce a concluir que la iniciativa del senador kirchnerista Alejandro Abraham, que presentó el proyecto para modificar la norma antiminera, haya sido una idea generada por el propio gobernador. Es muy probable que a esa ley se le acople el proyecto presentado por otro Justicialista, Juan Agulles, quien desde hace tiempo también viene insistiendo con la misma modificación aunque con algunas diferencias.
Lo que sí es seguro que cuando la iniciativa comenzó a circular la semana pasada en el Senado, Cornejo la dejó correr.
Algo similar está haciendo el mandatario mendocino con la minería, a la jugada de Mauricio Macri en impulsar la despenalización del aborto.
Ante un tema tan controvertido, dejará que sea el juego legislativo el que defina la discusión. El gobernador observará primero cómo se definirá el peronismo que, como ya se sabe, está dividido ante la propuesta de Abraham. Y después buscará una estrategia con los propios que, como también se sabe, tienen miradas distintas.
Uno chisporroteo ya generó el tema. Jorge Difonso, el intendente de San Carlos y uno de los impulsores de la 7722, ya le recriminó al secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, por dar el aval legislativo para que se abriera el debate.
“Habíamos quedado en que la ley no se tocaba”, le recriminó el socio político del massismo en Cambia Mendoza al funcionario provincial, sacando del archivo un compromiso asumido en la campaña de 2015.
“La ley no puede quedar rígida”, fue la respuesta de Mingorance.
Hay una diferencia sustancial entre Macri y Cornejo, sin embargo, en su estrategia acerca de cómo encarar legislativamente un tema tan conflictivo.
El presidente avaló la discusión del aborto sin estar de acuerdo con la despenalización. Cornejo abrió el juego para discutir el futuro de la minería, convencido de que es posible el desarrollo de la actividad.
Ya no es un secreto en la Legislatura, en estos días que lleva de discusión entre los pasillos el proyecto de Abraham, que para un parte del Gobierno y para Ambiente particularmente el punto central del proyecto del legislador K es totalmente respaldable.
El exintendente de Guaymallén propone la eliminación de la ratificación legislativa de todos los proyectos mineros, tal como reza la actual normativa.
Para el gobierno: que las Declaraciones de Impacto Ambiental para aprobar cualquier iniciativa minera deban pasar por el filtro de la Legislatura ante de ser aprobadas, es sencillamente “una aberración”.
Fueron los propios radicales quienes, cuando estaba en el poder en 2007, sucumbieron a la presión social para que la 7722 fuera sancionada.
Ese mea culpa todavía existe. “Esa ley que marcó el futuro económico de Mendoza se terminó de firmar en el capot de un auto”, recuerdan con algo de remordimiento quienes hoy están en el Gobierno y en aquél momento fueron parte de la discusión.
Algo cambió dentro del propio Ejecutivo con relación al tema. Ya no están dos funcionarios clave del arranque de la gestión que eran firmes defensores de la ley que ahora se pretende modificar.
Uno de ellos es Enrique Vaquié, quien fue hasta principios de 2017 ministro de Economía y Producción y que además todavía muestra con orgullo la cucarda de haber sido uno de los redactores de la 7722 cuando se desempeñaba como senador provincial hace 11 años.
Y el otro es Eduardo Sosa, de la organización eonlogista OIKOS y exsecretario de Ambiente de la gestión de Mingorance, quien había llegado convocado por Vaquié y se fue hacia finales del año pasado pegando un portazo.
MDZ
