El presidente de la Cámara Minera de San Juan y titular del GEMERA, Mario Hernández, considera que las recientes resoluciones de la Secretaría de Política Minera de la Nación demuestran que la modernización del Estado también alcanzó a la industria minera.
Mediante las Resoluciones 06/2019 y 09/2019 publicadas ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional simplificó los trámites relacionados con la actividad minera. Una de ellas deroga diez resoluciones y perfecciona los mecanismos para reducir las cargas administrativas y aprovechar todos los procesos de digitalización.
Mario Hernández, que además de presidir la CMSJ está al frente del Grupo de Empresas de Exploración de la República Argentina (GEMERA), aprueba estas medidas “en el sentido de que se transparenta, se agiliza, se ahorra tiempo en trámites. Por otro lado, cada uno de los actores o empresas evaluará de cuánto será el ahorro que puede tener a partir de esto. No puedo decir cuánta plata se ahorran las compañías. Aquellas nuevas empresas que se van a registrar en la Ley de Inversiones Mineras van a tener un sistema más ágil y transparente”, precisa.
La Secretaría de Política Minera del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, junto a las secretarías de Simplificación Productiva de esa misma cartera, y la de Gobierno de Modernización de la Nación trabajaron en la simplificación del Registro. El sistema se encontrará operativo desde fines de febrero en la plataforma de Trámites A Distancia (TAD).
“Todo lo que es digitalización y aceleración de los trámites se espera y es bienvenido. Es bueno que muchas provincias tomaran la iniciativa de registros digitales y de trámites a distancia, porque es eficiente y más competitivo. En ese sentido, aprobamos que la modernización del Estado se vaya dando en todos los niveles también”, indica Hernández.
Según el titular de la CMSJ, “muchas de las empresas tienen sus domicilios en las provincias, así que ahorrarán en viajes, tiempo y dinero. Creo que por ahí el ahorro está en eso. Es interesante en el sentido de que al transparentar el sistema se sabe qué es deducible y qué no es deducible respecto a la Ley de Inversiones Mineras. No interpretamos que hay reducción de impuestos, que haya reducción de gastos es otra cosa. Lo que si creemos es que ayuda en transparentar reglas o criterios consuetudinarios que eran más discrecionales y sobre los que había dudas, como por ejemplo que las empresas puedan desistir o ampliar la estabilidad recibida, o bien los criterios que debe tener el Estudio de Factibilidad. En ese sentido la norma aporta a la claridad y a la institucionalidad, si bien esto no se traduce en incentivos monetarios como reducción de impuestos”, concluye.
Cámara Minera de San Juan