El primer proyecto de ley enviado por el flamante gobernador mendocino pide salir de la prohibición que viene de la época de Cobos. ¿A San Juan le resulta indiferente?
Por Daniel Tejada
Sería imperdonable para los sanjuaninos dejar pasar sin prestarle demasiada atención al nuevo ciclo que empieza aquí nomás, en la vecina grande del sur. El lunes asumió el gobernador radical Rodolfo Suárez con una batería de promesas, como era de esperar, pero con una acción hasta ahora inédita por su carácter prioritario. El nuevo mandatario quiere minería cuanto antes.
Tanto es así que su primer proyecto enviado a la Legislatura mendocina, a pocas horas de haber iniciado su gestión, fue para reformar la famosa ley 7722 que desde la gobernación de Julio Cobos en adelante, lisa y llanamente prohibió la gran minería metalífera, esa que genera el mayor aporte al producto bruto en San Juan.
En su discurso de asunción, Suárez se comprometió a «gobernar con autoridad para resolver problemas estructurales como la pobreza». El nuevo intento de salir del cepo minero parece ir en esa dirección. Es sabido el impacto económico inmediato y a gran escala que genera la inversión minera como ocurrió con Veladero, Gualcamayo y en menor escala, Casposo.
Pero también es conocido el agridulce de la actividad extractiva. Primero, porque explota un recurso natural no renovable. Una vez agotado, la minera se va. El trabajador vuelve a la ciudad, se pone un kiosco o se compra un remís. Y la empresa prestadora de servicios busca desesperadamente algún contrato sustitutivo, muchas veces en el Estado.
También es conocido el riesgo de incidentes ambientales. Los sanjuaninos tuvieron que afrontarlo en un par de oportunidades con Veladero. El gobierno de Sergio Uñac aplicó multas. Y Barrick tuvo que abrirse a una fusión con otro socio de gran escala, la china Shandong Gold, para fortalecer las inversiones que se habían relajado al compás de los controles laxos.
Y, sin embargo, a ningún gobernante se le ocurriría dictar la prohibición minera en San Juan. El camino está claro hace más de una década: traer inversiones y poner muchos inspectores para custodiar los intereses locales. No es un invento creativo sino que está plasmado en el marco legal.
El crecimiento económico de la provincia, que incluso le dio espaldas para transitar la recesión con mayores defensas que otros distritos de la geografía argentina, se convirtió en caso de estudio y de reconocimiento, cuando el presidente Alberto Fernández convocó al ministro uñaquista Alberto Hensel para conducir la política minera a nivel nacional.
Según publicaciones porteñas, la expectativa puesta en Hensel radica en producir ingresos por 10.000 millones de dólares desde el sector minero, como mínimo. Es una friolera equivalente al desembolso del Fondo Monetario que acaba de rechazar la administración albertista.
Con gobierno radical, Mendoza vuelve a la carga para subirse al tren de la minería que tantas veces miró con pudor, mientras exprimía sus reservas petroleras sin reparar demasiado en que también iban a agotarse. La vitivinicultura tradicional es una marca registrada para los mendocinos, motivo de fiesta vendimial y de romace con el turista. Pero difícilmente pueda garantizar el sostenimiento económico de una población que triplica a la sanjuanina. La diversificación de la matriz económica ya no es una opción sino una urgencia.
El gobernador Suárez parece haberlo comprendido desde el arranque, a punto tal que su primer proyecto de ley enviado a la Legislatura fue para salir de la prohibición minera. Si prospera, habrá aparecido en Cuyo un competidor serio para San Juan en la carrera por atraer inversiones. Otra vez Mendoza. Esta vez, con la inevitable minería.
Canal 13
