El Mandatario riojano se mostró comprensivo con las protestas sociales contra la megaminería a cielo abierto.
El gobernador Ricardo Quintela, se mostró este fin de semana comprensivo de las protestas en la provincia de Mendoza contra la minería a cielo abierto y recalcó que «el problema» no es la actividad sino «el sistema de extracción» con cianuro o ácido sulfúrico. «Hay que tratar de que la explotación tenga licencia social y consenso social», dijo el mandatario en una entrevista a un medio nacional.
En tanto, Quintela reconoció no estar al tanto de un proyecto de explotación conjunta de oro en su provincia por parte de una minera canadiense y otra china: «me entero por ustedes», admitió.
El gobernador, además, celebró el abrazo entre Alberto Fernández y Carlos Menem en la ceremonia de asunción presidencial más allá de que «se pueda estar o no de acuerdo» con el exmandatario, a quien calificó como «una persona muy afectuosa y muy querida en La Rioja». El pasado viernes, el gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez anunció la derogación de la ley 9.209 que permitía el uso de sustancias químicas como el cianuro para la explotación minera, que modificaba la antigua Ley 7.722 y que desató una ola de movilizaciones en la provincia cuyana.
Según explicaron desde la gobernación cuyana, «se enviará a la Legislatura el proyecto de derogación para ser tratado el lunes». Tras una reunión con los intendentes, en el marco del espacio de diálogo abierto tras las polémicas, Suárez consideró que la norma no tenía el consenso de la mayoría de los mendocinos.
«La licencia social no existe en la provincia de Mendoza», afirmó y señaló que prometió que «iba a escuchar a los mendocinos». «Después de escuchar a los intendentes he decidido mandar a la Legislatura la derogación de la ley», afirmó.
Por su parte, siete departamentos San Rafael, San Carlos, Maipú, Lavalle, La Paz, Tunuyán y Santa Rosa habían notificado su decisión de suspender sus fiestas de Vendimias hasta que no se lograra la derogación.
El jueves, el gobernador mendocino había anunciado que no iba a reglamentar la ley 9209, que facilitaba la explotación minera en la provincia al modificar la 7.722, y que iba a iniciar un diálogo abierto para lograr el consenso social.
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