Nación pide planchar debate minero, pero se aceleran tiempos


La situación epidemiológica de Chubut no es ajena a lo que sucede en gran parte del país ante el avance de la segunda ola de contagios por covid-19. “Estamos en una situación crítica”, aseveró el ministro de Salud, Fabián Puratich, a propósito de la curva ascendente de positivos y su consecuente alza en la internación de pacientes.

Sin embargo, con este escenario de frente, la Legislatura intentará esta semana, según le confiaron fuentes internas a este diario, ir por un nuevo capítulo en la batalla por la rezonificación minera. El contexto está más claro que nunca. Y ya no existen grises. Hay dos posiciones tomadas y, en la actualidad, dos proyectos que esperan su tratamiento: zonificación minera y la prohibición absoluta de la actividad, denominado “Iniciativa Popular”.

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Sobre esto discutieron en las últimas horas diversos especialistas como parte del segundo ciclo de conversatorios organizado por la Cámara de Proveedores y Empresario Mineros (CAPEM) de Chubut.

“Uno habilita la explotación de los recursos mineros en la Meseta Central con los máximos estándares de cuidado ambiental y el otro no solo golpearía a la actividad minera sino además a otras actividades, producto de la pobreza del lenguaje utilizado en su redacción y de la vaguedad interpretativa”, aseguró el vicepresidente de CAPEM, Mario Bensimón.

Por su parte, el economista Eduardo Crespo manifestó que si bien existen problemas ambientales “la solución no pasa por la prohibición de actividades y el no crecimiento, sino al contrario”. Y manifestó que “quienes se oponen a la minería se oponen a la producción pero no al consumo: todos los que dicen estas cosas tienen celular, smart TV y vehículos. Pero quieren seguir consumiendo, con lo cual vamos a tener que importar todo lo equivalente a la minería”. Y completó: “No hay ninguna posibilidad de cuidado ambiental si no hay desarrollo económico”.

Estas son algunas de las miradas a favor de un proyecto promovido desde Nación y que cuenta con un acompañamiento que compromete los destinos políticos del gobernador Mariano Arcioni. Y es que, como viene sucediendo en los últimos días en Andalgalá (Catamarca), los hechos de violencia se suceden y parecen no dejar margen para la acción legislativa. “No hay margen. Los que somos políticos sabemos a qué nos enfrentamos. Pero no podemos seguir postergando un debate para el que tenemos los votos y que significaría un cambio de raíz para la Provincia”, le aseguró a este diario un diputado provincial oficialista.

Sin embargo, los hechos de violencia vienen aletargando la discusión. Y lo que realmente se pone en juego es el voto para las elecciones intermedias. “El oficialismo necesita responderle a la Nación, pero nosotros no tenemos ningún apuro en generar un debate acorde. Los que votamos en contra lo hacemos en favor de las ciudades que representamos donde la gran mayoría de sus habitantes han demostrado no estar de acuerdo y hasta lograron la presentación de un proyecto que también tendrá que ser tratado en la Legislatura”, sostuvo en diálogo con este medio un legislador opositor.

Con una salvedad: el proyecto de iniciativa popular tiene fecha de caducidad para mayo. Y los días corren.

Sin embargo, Nación ya bajó la idea de planchar el proyecto hasta después de las elecciones. Pero las posiciones en la Legislatura están tomadas. El problema es que una gran parte de los bloques no tiene unanimidad. Y se provocan internas calientes que generaron un desmembramiento masivo en la casa legislativa. Y es que detrás de ambos proyectos está en juego el futuro del peronismo provincial. Un proyecto que divide, en un momento donde desde la Nación solo reclaman unidad.

La Nación

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