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El CEAS le pidió a Suarez que reabra el debate sobre la minería

De acuerdo con lo que ha venido sosteniendo desde el día que tomó la decisión de volver para atrás las modificaciones que había logrado introducirle a la ley 7.722, la que se conoce como la Ley Antiminera de Mendoza, Rodolfo Suarez no insistirá nuevamente en un debate que, asegura, ha cerrado para siempre, o que, al menos, no permitirá hasta el fin de su mandato, en diciembre del 2023. Sin embargo y pese a tal sentencia, los empresarios, el mundo de la ciencia y de la academia, los gremios y el resto de los sectores políticos han firmado una declaración conjunta en la que invitan a reabrir la discusión “con consideración de las dimensiones económica, ambiental y social, incluyendo las miradas y experiencias internacionales, los acuerdos globales y teniendo en cuenta el cuidado del agua”.

Suarez decidió no tocar más el tema cuando una serie de manifestaciones en contra de las modificaciones a la ley que impide la minería a gran escala en la provincia llegaron a gran escala hasta la misma Casa de Gobierno con sus reclamos. Recién se estaba acomodando en su despacho cuando la realidad le devolvía, en dos expresiones diferentes sobre un mismo tema, la complejidad que envuelve muchos de los problemas estructurales no resueltos en la provincia. La política lo animó y acompañó, pero, afuera, buena parte de la sociedad, quizás minoritaria pero muy ruidosa y movilizada, le dejó en claro que no permitiría cambio alguno a la norma, algo que la dirigencia traduce como ausencia de “licencia social”.

Ahora es el Consejo Económico y Social de Mendoza, el CEAS, el que le pide reabrir el tema, luego de haber analizado durante medio año las posibles salidas a la crisis que atraviesa la provincia y a todo lo que le impide hoy crecer, mejorar su estatus económico, generar riqueza y crear empleo. “Se invitará a la reapertura del debate a todos los actores relacionados e interesados en la temática, buscándose la activa participación de un organismo con capacidad científica comprobada que propicie el diálogo claro”.

La invitación es cuidadosa y por demás cautelosa. Es cierto que, dentro del plenario, la inmensa mayoría de quienes componen el organismo no ha tenido reparos en avanzar en un cambio de la matriz productiva, o una ampliación de la misma, partiendo de la minería y avanzando en una reformulación de todos los sectores económicos. El día que se llevó adelante la votación de los proyectos que le han sido elevados al gobierno, el apoyo a la reapertura de la discusión minera fue contundente y solo uno de los integrantes del consejo, del sector de la cultura y músico él, se expresó en contra.

El documento aclara que, para una buena y efectiva implementación del resultado del debate, “se tomarán en especial consideración los departamentos que, como el caso de Malargüe, muestren una clara aceptación hacia la necesidad de contar en sus territorios con esta actividad”.

La invitación hace mención a Malargüe y no es caprichosa. Ese departamento no sólo cuenta con licencia social para llevar adelante todos los proyectos y emprendimientos que lo tienen como objeto. Necesita, además, de una reactivación urgente e imperiosa, quizás como el resto de los territorios provinciales, pero cuenta con los recursos para ser explotados. La Intendencia implora que se la deje decidir por su cuenta, pero ha encontrado la oposición del resto de la provincia en una actitud inexplicable, mezquina y autoritaria, además de comunas o sectores de la sociedad que se arrogan a sí mismos el derecho de decidir por el resto, por los demás o por todos.

En el peronismo también se ha variado la posición que se manifestaba sobre la minería hacia fines del 2019, cuando Suarez lo llamó a ser parte del proyecto de ley que cambiaría la 7.722, respecto de lo que se piensa ahora. Así como el gobernador hoy tiene decidido no volver más con el asunto, en la primera oposición deslizan que no moverán un dedo para modificar el estatus actual de la situación. Mucho menos en medio de un proceso electoral ya desatado y en un contexto convulsionado, con apatía, enojo, bronca y mucho desánimo por parte de la sociedad.

Voceros del peronismo, sin embargo, hoy recuerdan que se perdió una gran oportunidad para darle un giro al tema. Afirman, además, que Suarez se equivocó al plantear la explotación minera en toda la provincia cuando debió empezar, primero, por Malargüe. “Creyó que podía con todo, se vio superpoderoso y que podía hacer cualquier cosa y así terminó todo”. A esto le adicionan que siempre le sugirieron al gobernador que se ocupara sólo de Malargüe para escalar hacia otras zonas y hasta dicen que prueba de ello fueron los proyectos que presentaron luego del fracaso de las reformas.

Como sea, en el consejo se han ocupado de elaborar y diseñar los planes, los proyectos y las propuestas que pidió el propio Suarez y que todo dependerá de lo que se decida de ahora en más. Y lo del debate minero, en verdad, ocupa un par de párrafos del documento que aprobó el plenario de los trabajos de cada una de las comisiones.

Se ha sugerido, también, avanzar “en un plan de matriz productiva de Mendoza que facilite su integración al mundo e incorpore innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de la economía: tradicionales tales como agricultura, ganadería, industria y servicios (comercio, turismo) y no tradicionales (cultural, aeroespacial, economía del conocimiento) y aprovechar el potencial turístico mendocino e internacional de la cordillera de los Andes, generando senderos de gran recorrido”.

El Sol

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