Por Daniel Schteingart
Director del Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI)
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación
Tras haber crecido a “tasas chinas” entre 2003 y 2011, la economía argentina retrocedió dramáticamente en la última década, particularmente desde 2017. A pesar de la fuerte recuperación proyectada para 2021 (en torno al 8%), el PIB per cápita será en 2021 aproximadamente 15% inferior al de una década atrás y apenas similar al de 2006. Viendo la perspectiva a más largo plazo, encontramos que Argentina ha sido uno de los países del mundo que menos creció desde 1974 (apenas un 0,5% anual en términos per cápita). Dado que la desigualdad empeoró notoriamente desde entonces, el balance ha sido muy pobre en materia socioeconómica, con indicadores deteriorados en salario real, pobreza por ingresos y precarización laboral.
Argentina requiere con urgencia volver a crecer sostenidamente. En el siglo XXI, prácticamente siempre que la economía creció la pobreza bajó y viceversa en nuestro país. Cuando la economía crece, se generan puestos de trabajo y aumentan los ingresos de las familias; de ahí que la pobreza tienda a bajar cuando se produce más. Si bien la correlación no aplica en todo tiempo y lugar (por ejemplo, en los años ’90 la economía creció mucho pero la desigualdad empeoró tanto más que los indicadores sociales -como pobreza, precarización laboral y desempleo- empeoraron), tiende a darse con reiterada frecuencia. Crecer es condición necesaria -no suficiente- para mejorar la calidad de vida de las mayorías; a la inversa, es imposible pensar en mejorar los indicadores sociales con una economía contrayéndose. En 2020, Argentina terminó con 42% de pobres, 16 puntos porcentuales más que en 2017, previo al tobogán descendente de la crisis de 2018-2019 y la pandemia. Volver a bajar del 30% de pobres (una cifra de todos modos intolerable) requerirá crecer con fuerza.
El problema es que crecer no es tan fácil como a veces se imagina. En Argentina, hacer crecer la economía es un gran desafío. Una de las grandes trabas al crecimiento tiene que ver con la recurrente escasez de dólares que sufre nuestra economía. Crecer requiere sí o sí que tengamos dólares. El mecanismo es el siguiente: cuando crece la economía y las familias tienen mayores ingresos, sube el consumo. Parte de ese consumo se abastece con importaciones: por ejemplo, cuando la economía crece los hogares gastan más en cambiar el celular (que tiene muchísimas partes importadas), o el auto (ídem), o se van de vacaciones al exterior. Todo eso requiere dólares para pagarse. Asimismo, las empresas venden más, y por lo tanto necesitan más insumos y maquinarias para producir, muchos de los cuales se producen afuera. Esas importaciones fundamentales para el proceso productivo también se financian con dólares. De este modo, si no tenemos dólares, el país ingresa en lo que en la jerga se conoce como “restricción externa” y no puede crecer. ¿Cómo se da esa traba al crecimiento? Lo vimos en 2018-2019. Si no hay dólares, el peso se devalúa, la inflación se acelera, nuestros salarios se licúan, el consumo cae, la economía entra en recesión y la pobreza y el desempleo suben. Lo único “bueno” de ese proceso es que cae la demanda de dólares (ya que las importaciones se desploman), pero a un costo social y económico muy elevado.
Si entre 2003 y 2011 el país creció a “tasas chinas” y la pobreza bajó como no lo había hecho en décadas (del 70% en 2002 a menos del 30% en 2011)[1], ello se debió en gran medida a la multiplicación de las exportaciones de bienes y servicios, que pasaron de alrededor de 30.000 millones de dólares en 2002 a rozar los 100.000 millones en 2011. La fuerte suba de los precios internacionales de las materias primas, junto con el incremento de las cantidades exportadas, explicaron ese proceso, que permitió que la intensa suba de las importaciones derivada del crecimiento a “tasas chinas” pudiera ser financiada. Esa dinámica empezó a revertirse a partir de 2011, y desde entonces el país nunca más pudo retornar a ese nivel de ingreso per cápita y los indicadores sociales y económicos dejaron de avanzar -e incluso desde 2017 empeoraron dramáticamente-. A pesar de que las empresas que exportan son hoy bastante pocas (menos de 10.000), de ellas dependemos todos, ya que de ahí vienen los dólares necesarios para evitar devaluaciones y fortalecer nuestros salarios.
¿Qué tiene que ver todo esto con la minería? Mucho. Si bien el auge exportador del período 2003-2011 lo explica en mayor medida la agroindustria, la minería acompañó ese proceso. De acuerdo al INDEC, en 2003, el 2,1% de las exportaciones argentinas de bienes y servicios eran mineras; para 2011 esa cifra había trepado al 5,1%, lo cual indica que las exportaciones mineras crecieron notoriamente más rápido que las exportaciones totales (que, como mencionamos, más que se triplicaron en ese período). En términos absolutos, las exportaciones mineras pasaron de los 714 millones de dólares en 2003 a rozar los 5.000 millones en 2011, esto es, una septuplicación. Desde entonces, las exportaciones mineras cayeron a alrededor de la mitad (2.617 millones en 2020), y también perdieron cierta participación en el total exportado (en 2020 fueron el 4,1% de las exportaciones). Hoy la minería está desarrollada a “media máquina” en Argentina. Comparado con Chile, en donde las exportaciones mineras son más de 10 veces mayores a las nuestras (con la misma cordillera), el desempeño argentino luce muy modesto. Si Argentina pudiera aunque sea tener la mitad de las exportaciones mineras de Chile, el país podría tener capacidad para acelerar su tasa de crecimiento, ya que contaría con varios miles de millones de dólares adicionales que permitirían hacer expandir la economía sin ingresar en riesgos devaluatorios. En resumidas cuentas, la minería sí puede ser una palanca del desarrollo argentino al generar divisas clave para que el resto de la economía pueda expandirse y, con esa expansión, crear puestos de trabajo y reducir la pobreza. Pero su contribución va bastante más allá que el de ser un proveedor de divisas.
La minería -particularmente la metalífera- es un creador de empleo formal, de altos salarios y, además, en regiones extrapampeanas -en donde el sector privado tiene severas dificultades para generar buenos empleos-. Veamos algunos datos: de acuerdo a datos de la Encuesta Permanente de Hogares y de la Cuenta de Generación del Ingreso del INDEC en la minería metalífera, el 90% del empleo es registrado, la mayor cifra de toda la economía solo por detrás de los hidrocarburos. A modo de ejemplo, en el promedio del sector privado, apenas el 41% es asalariado registrado (y el resto se reparte entre asalariados informales y cuentapropistas, en general, precarios). El agro o el turismo (que los grupos antimineros suelen proponer como “alternativas” ante la minería) presentan condiciones laborales notoriamente más frágiles: en el agro, apenas el 25% del empleo es asalariado formal; en hoteles y restaurantes, esa cifra asciende a apenas un 42%. Si consideramos las remuneraciones, observamos un panorama similar: en marzo de 2021 el salario bruto promedio en la minería metalífera fue el más alto de toda la economía ($281.000), de acuerdo al Ministerio de Trabajo. Las remuneraciones en el sector son altas no solo para los cargos jerárquicos, sino en general: de hecho, más de la mitad de las y los trabajadores del sector gana por encima de $200.000 brutos, de acuerdo a datos que calculamos en el Centro de Estudios para la Producción en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La minería también contribuye a generar empleo formal fuera de CABA y la región Pampeana: en efecto, de los más de 16.000 trabajadores formales del sector[2], el 24% vive en Santa Cruz, el 23% en San Juan, el 11% en Jujuy y el 10% en Salta, que sumadas explican el 68% del empleo minero metalífero nacional. En las dos provincias más mineras del país, Santa Cruz y San Juan, la minería metalífera explica respectivamente el 8% y el 5% del empleo formal directo -sin contar a sus proveedores-.
Ahora bien, la minería tiene ciertamente un talón de Aquiles: es un sector profundamente masculinizado, de los más masculinizados de toda la economía. Apenas el 8,3% del empleo en la minería metalífera es femenino; si bien ha habido avances desde 2017 (cuando esa cifra era del 6%), el camino por recorrer es gigantesco, y requiere de múltiples acciones, que van desde la sensibilización y la deconstrucción de estereotipos -que asocian a la minería con la fuerza y lo masculino- hasta la posible incorporación de incentivos -premiar a empresas que se esfuercen por reducir esas gigantescas brechas-. La minería puede y debe ser un sector en el cual las mujeres puedan trabajar, ya que, como vimos, está entre los mejores de la economía en cuanto a sus salarios y su tasa de formalidad.
Retomando la pregunta inicial de este artículo, creemos que la minería sí puede ser una palanca del desarrollo nacional. Su potencial para la creación de divisas -que permitan alejar el fantasma de la restricción externa- es enorme, y también para la creación de puestos de trabajo de calidad y en regiones en donde las oportunidades de desarrollo productivo no son tan amplias como en la pampeana o en CABA. Asimismo, la minería será fundamental para lidiar con uno de los grandes problemas ambientales del porvenir, como el calentamiento global. La transición energética implicará menos combustibles fósiles y más energías más limpias, las cuales requerirán muchos más minerales -dos de los cuales Argentina dispone en cierta abundancia, como cobre y litio-. Los vehículos eléctricos -muchos más limpios que los actuales- requerirán entre 3 y 5 veces más cobre que los convencionales. En pocas palabras, el mundo del futuro será probablemente un mundo con menos carbono y más metales, y Argentina posee un potencial privilegiado en ello. Más minería también permitirá generar una escala más amplia para desarrollar más proveedores nacionales para el sector: si bien ha habido avances en los últimos años, el hecho de que la actividad esté a “media máquina” limita las posibilidades de desarrollar proveedores por una sencilla cuestión de escala. Por supuesto, esos proveedores no se crearán por arte de magia, pero por medio de políticas de promoción adecuadas podría avanzarse mucho, creando muchos más empleos indirectos en distintas partes del territorio nacional. Ahora bien, todos estos beneficios que puede traer la minería corren el riesgo de quedar opacados si no se mejora año a año la dimensión de género. El trabajo por hacer es inmenso. Hagámoslo.
[1] En 2016 el INDEC cambió la forma de medir la pobreza, al introducir una nueva canasta básica. Con esta nueva metodología, la pobreza por ingresos del año 2002 fue de aproximadamente el 70%, y no del 57% (que era el dato correspondiente a la antigua metodología).
[2] Se cuenta aquí la minería metalífera, la minería de litio y los servicios directamente asociados a minería. No se incluye aquí el empleo indirecto como construcción, industrias proveedoras, transporte, servicios profesionales, catering, etc. Tampoco se cuenta aquí la minería no metalífera.
WIM Argentina
