El Decreto 308, publicado este martes en el Boletín Oficial, introduce un nuevo régimen optativo de retenciones móviles para el mineral de cobre. La medida del Poder Ejecutivo busca atraer inversiones en una producción estratégica, pero tiene, también impacto político. Se contrapone con la decisión del Gobierno de no modificar los impuestos a la soja, el maíz, el trigo y sus derivados sin pasar por el Congreso.
A fines de mayo, el presidente Alberto Fernández dijo que las retenciones «son un instrumento idóneo» para desacoplar los precios de los alimentos. «Y para eso necesito una ley, pero tengo una oposición que dice que no quiere que se toque ese tema», agregó. «¿Para qué la voy a mandar si no va a salir?», finalizó.
En el caso de la minería, el Ministerio de Economía decidió crear un régimen de retenciones «progresivas» o móviles para el cobre, sin ley mediante. El esquema propone que los nuevos proyectos puedan optar entre la retención fija actual, del 4,5%, o entre alícuotas de entre 0 y 8% que varían con el precio del commodity.
Para la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la opción «debe ser analizada por cada proyecto minero». La entidad reclamó que «los derechos de exportación sean eliminados» para bajar la presión impositiva y agilizar inversiones. «El cobre será, junto al litio, uno de los minerales con mayores perspectivas de crecimiento» por «el cambio de paradigma energético», vaticinó.
El fallo de la Corte
Según la mirada del Gobierno, existe una diferencia sustancial entre las retenciones al agro y el esquema para el cobre. Como se crea un régimen voluntario y las compañías pueden elegir entre el actual marco impositivo y el nuevo, no hay un aumento de impuestos compulsivo. Las retenciones móviles facilitarían la llegada de inversiones importantes, que se gestionan en el Foro de Minería, en Canadá.
Esa suba compulsiva es la que no se podría hacer por DNU, en la opinión del Ejecutivo. Citan un fallo de la Corte Suprema de 2014, «Camaronera Patagónica SA c. Ministerio de Economía». El caso remite a resoluciones de 2002. En el voto mayoritario, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Carlos Fayt indicaron que las retenciones son tributos y que, por lo tanto, solo el Congreso puede crearlos. Eugenio Zaffaroni votó en forma concurrente.
El juez Ricardo Lorenzetti votó, en 2014, contra la fijación de retenciones por resolución del Ejecutivo.
El Código Aduanero, en el artículo 755, da potestad para que el Ejecutivo fije retenciones para, entre otras cosas, «estabilizar los precios internos»; o «atender las necesidades de las finanzas públicas». Pero según ese fallo la Corte, el Código Aduanero no prevé alícuotas ni fija máximos que limiten al Poder Ejecutivo y el Congreso debería hacerlo.
El código aduanero
«El código aduanero permite subir las retenciones. Según el artículo 755, el Poder Ejecutivo puede establecer la alícuota que quiera», dijo Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista.
El diputado Itai Hagman, del Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos, tiene una opinión similar. «Las retenciones no son una atribución del Congreso, porque no son un impuesto. Por eso, históricamente se fijaron por resolución. Como por ejemplo, la famosa resolución 125 (de retenciones móviles, en 2008), que después Cristina Fernández envió al Congreso por razones políticas y terminó perdiendo la votación», dijo.
Recordó que, en diciembre de 2019, el Frente de Todos puso topes a las retenciones agroindustriales (33% para la soja y 15% para el trigo, entre otras) en la ley ómnibus de solidaridad que votó al inicio del mandato del presidente Alberto Fernández. «Ese tope no está vigente porque la prórroga estaba en el proyecto de Presupuesto 2022 que la oposición rechazó«, añadió.
Es, paradójicamente, el motivo por el que la Sociedad Rural reclama en la justicia la inconstitucionalidad de los derechos de exportación. «Puede haber un argumento político, que es que no haya condiciones políticas para subir las retenciones a las exportaciones agroindustriales», sostuvo Hagman.
El Cronista
