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Estallido social en Panamá por un contrato minero firmado a espaldas de la comunidad

Desde principio de año se viene gestando un conflicto ambientalista en Panamá por la negociación de un contrato entre el gobierno y la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para operar la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, ubicada en el caribe panameño. El tema estaba latente pero hubo algo que hizo que estallara todo por el aire… El nuevo contrato fue aprobado por el Congreso en un trámite exprés el viernes 20 de octubre y esa misma noche el presidente le dió sanción a la iniciativa.

Desde ese día, miles de manifestantes salieron a la calle a reclamar la derogación urgente de esta ley, que consideran inconstitucional. Sindicatos, estudiantes y cientos de personas autoconvocadas se sumaron al grito de “¡Panamá no se vende!” y “¡Derogación ya!”. A los enfrentamientos con la policía -que dejó más de 800 detenidos-, los bloqueos de rutas y el desabastecimiento de combustible y alimentos se sumó también la delicada situación de miles de migrantes que cruzan Panamá en su camino hacia Estados Unidos y quedaron varados.

Qué está en discusión
Varias cosas. En primer lugar la explotación minera a cielo abierto. Panamá tiene la que se considera la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica: una mina de cobre de unas 12.000 hectáreas que está ubicada en la provincia de Colón, en el Caribe panameño y sobre el corredor biológico mesoamericano, es decir, sobre un área protegida.

En segundo lugar, cuáles son las condiciones en las que se habilita dicha explotación minera a cielo abierto. Y acá entra la Ley 406, aprobada mediante un tratamiento exprés y de espaldas a la comunidad, que extiende por 20 años los permisos de operación sobre la mina para Minera Panamá y agrega la posibilidad de una prórroga por otros 20 años más, o sea una concesión por 40 años.

El primer contrato con la empresa data de 1997 pero la mina comenzó a estar operativa recién en 2019. Desde ese año se extraen unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre para la exportación. En 2008, el Centro de Incidencia Ambiental inició una demanda alegando que los términos del contrato eran inconstitucionales y recién en 2017 obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, fue recién en 2021 que la decisión de la Corte se publicó en la Gaceta Oficial y pasó a tener efecto legal.

En los hechos, el primer contrato -declarado inconstitucional- fue sustituido por el nuevo refrendado por el Congreso hace dos semanas.

Sanción exprés y protestas masivas
El gobierno de Laurentino Cortizo aprobó el nuevo contrato en tiempo récord. En solo tres días, el Congreso debatió y aprobó los términos de la nueva concesión que extiende los permisos hasta por 40 años. Este contrato fue discutido entre el Ejecutivo y la minera durante todo el 2022 y recién salió a la luz a principios de este año. El gobierno sostiene que la versión aprobada representa una gran mejoría respecto al anterior ya que incluye el pago de impuestos, un plan de cierre y desmantelamiento de minas, y el pago de un canon de 375 millones de dólares anuales que la empresa debe pagar por explotar la mina.

Al tratamiento exprés del Congreso se sumó otro detalle: el mismo viernes 20 por la noche, cuando el número de manifestantes iba creciendo en la calle, el presidente Cortizo le dio sanción a la iniciativa transformándola en ley.

Las críticas llegaron por todos lados. Por un lado, la cuestión ambientalista; y por otro, el incumplimiento del proceso administrativo y legal para adjudicar la concesión. “El documento tiene lesiones al Estado panameño en prácticamente todas sus cláusulas”, declaró Raisa Banfield, directora de la Fundación Panamá Sostenible.

«Este es un contrato leonino, un contrato vendepatria que la oligarquía de este país quiere porque se beneficia de él», opinó Saúl Méndez, secretario general del sindicato de trabajadores de la construcción. “Estamos seguros que es el pueblo el que tiene la fuerza para derrotar este contrato», agregó.

“Los jóvenes nos apoderamos de la calle y no nos vamos a ir hasta que se derogue un contrato minero que no fue consultado con la ciudadanía, que es totalmente abusivo y con el que en solo tres días el Gobierno panameño aprobó la destrucción de 40 años de nuestro país», afirmó Aybar, una joven activista ambientalista que participó de la marcha.

En las calles las protestas se hicieron masivas. Se estima que más de 50.000 personas participaron de las convocatorias. Muchos lo hicieron con banderas de Panamá y carteles con diferentes consignas en contra de la minería: “La minería es un saqueo disfrazado de progresos”, “Somos patriotas, no vende patrias».

El plebiscito que no fue
Cuando se cumplía una semana de protestas en la calle, Cortizo anunció que la cuestión sobre el contrato se resolvería a través de una consulta popular, donde los panameños podrían decidir si se derogaba o no la ley. En su anuncio, el presidente dio fecha y todo: dijo que el 17 de diciembre estarían habilitadas las urnas para ir a votar.

«A través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento», remarcó.

Pero las palabras del mandatario no duraron mucho. Al día siguiente, el Tribunal Electoral de Panamá rechazó el plebiscito. «En estos momentos no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular», anunció en una conferencia el presidente del tribunal, Alfredo Juncá.

En las calles, los manifestantes seguían firmes: «¿Queremos diálogo? ¡No! ¿Consulta? ¡No! ¡Queremos derogación ya del contrato minero!»

¿Cómo siguió?
Finalmente y luego de dos semanas de intensas protestas en las calle, que incluyeron bloqueos de rutas, desabastecimiento de combustible y alimentos y enfrentamientos con la policía, entre otros, el Congreso de Panamá le pasó la pelota a la Corte Suprema de Justicia para que defina la constitucionalidad o no del contrato que avala las operaciones de la First Quantum Minerals.

«Hemos tomado la decisión de dejarle a la máxima institución jurídica de este país, la Corte Suprema de Justicia, la decisión final», dijo el diputado oficialista Leandro Ávila, ante el plenario de la Asamblea Nacional.

Al mismo tiempo, los diputados aprobaron el viernes otra ley (una moratoria de la minería metálica) que “prohíbe el otorgamiento de concesiones para la exploración, extracción, transporte y beneficio de la explotación de la minería metálica en todo el territorio nacional». Pero esta norma deja por fuera el contrato alcanzado con Minera Panamá, que pasaría directo a manos de la Corte.

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