Mendoza busca promover la minería, en particular la búsqueda de cobre en Malargüe. Las propiedades mineras tienen dueños. Quiénes son y qué intereses hay detrás.
En Mendoza casi no hay minería metalífera, pero el Gobierno busca impulsar esa actividad, particularmente la búsqueda y futura explotación de yacimientos de cobre. El interés creció el valor estratégico y la alta demanda de ese mineral por la transición energética. En ese camino algunas propiedades mineras cuyos expedientes acumulaban polvo, comienzan a tomar otro valor. Es que en la Provincia aunque no había actividad, los minerales guardados en la roca sí tienen “dueños” y hay un grupo de concesionarios que concentra la mayoría de las propiedades mineras en la zona que el Estado busca promocionar. En el nuevo contexto, corren con ventaja.
El impulso de la minería tiene una zonificación acotada por las restricciones y, sobre todo, la resistencia social que hubo en el Valle de Uco y el rechazo político a proyectos de Las Heras. Según figura en el Padrón Minero, en Malargüe hay 82 propiedades mineras donde se declara que hay o puede haber cobre. En ninguna hubo actividad real hasta ahora. El proyecto Cerro Amarillo es el primero que avanza en la búsqueda de cobre en la zona. La empresa presentante es Wincul (a nombre de Manuel César Benitez, presidente de la Cámara de Proveedores Mineros), pero el representante real es Jorge Bengochea. Esa firma consiguió la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental y ejecuta el plan de inversión en Malargüe.
El Gobierno espera tener al menos 8 proyectos de exploración iniciados en los próximos años.
Los dueños del cobre
Entre los 82 proyectos para buscar cobre en Malargüe hay varios nombres repetidos. El principal propietario de los proyectos mineros para buscar cobre en Malargüe es la empresa Geometales. Esa firma tiene 13 propiedades registradas, la mayoría de ellas adquiridas entre los 90 y los 2000. Esa empresa pertenece al grupo SACDE (ex IECSA), la constructora que fundó la familia Macri y que fue presidida por Ángelo Calcaterra. En 2017 la empresa fue adquirida por los accionistas de Pampa Energía, liderados por Marcelo Mindlin, quien hoy, según los expedientes, es el principal propietario de yacimientos de cobre en el Distrito Minero Malargüe.
Se trata de una de las empresas energéticas más importantes del país, con presencia en toda la cadena: generación (hidroeléctrica, térmica y renovable) y transporte de energía eléctrica (es dueña de Transener), producción de petróleo y gas Mindlin y Pampa Energía no son actores nuevos en Mendoza, pues esa empresa tiene a cargo la explotación de las centrales hidroeléctricas de los complejos Los Nihuiles y Diamante, es decir las empresas Hinisa e Hidisa. Las concesiones vencen en el segundo semestre de este año, por lo que Pampa Energía, la Nación y el Gobierno de Mendoza tendrán en negociaciones trascendentes.
Esa empresa no tiene antecedentes relevantes en la actividad minera, pero comenzó a activar inversiones. La Legislatura aprobó la exploración para El Burrero, Las Choicas y La Adriana, tres de las 13 propiedades que posee. Además, tiene las minas Indica, Francesca, Joaquina, Valentina, Florencia, Águila Primera, Adriana, Amelia, Cobrecito, El Coloso y Bursuno. Desde SACDE confirmaron que esa compañía mantiene el 100% de Geometales y están realizando los primeros trabajos. En 2004, antes de la sanción de la ley 7722, ya había presentado un plan de exploración en un área de 48 kilómetros cuadrados (similar a la superficie de la Ciudad de Mendoza).
En la zona tienen vecinos conocidos con los que deberá ponerse de acuerdo. Entre los titulares superficiarios están las empresas de capitales extranjeros que, entre otras cosas, son dueños del complejo Las Leñas. Esa empresa tiene medio millón de hectáreas donde se combinan proyectos turísticos, ganaderos y de expansión territorial, entre otros.
Mendocinos y empresas que asoman
Otro de los propietarios de concesiones es la empresa AgAuCo, un nombre que combina las identificaciones de la tabla periódica de plata, oro y cobre. El propietario de las áreas es el geólogo Mario Roberto Chabert, conocido como referente minero en Mendoza. Las minas El Perdido y Tango 4 son propiedad de Chabert, que tiene como socio a Raúl Concina, otro referente del sector que, además, tiene la mina Elisa 2 a su nombre. La empresa Cognito, las minas Lucía, Mabel, Analía y Caprichosa. Todas para buscar cobre diseminado, oro y plata. En ningún caso figuran con mensura. Esa firma es subsidiaria de la canadiense Exeter.
Minera Río de la Plata, otra de las empresas que había cuestionado la constitucionalidad de la ley 7722, también tiene intereses y propiedades en el lugar. Las concesiones Peinetón y Urano están registradas a nombre de esa empresa, sin inversión declarada.
Uno de los referentes de Josemaria figura como directivo de una de las empresas que tiene cateos en Malargüe.
Otro de los propietarios es la empresa Pampa Exploraciones. Las áreas Clotilde y Villagra, donde buscarán cobre, fueron concesionadas a esa empresa que aunque no es muy conocida, tiene arraigo en una de las grandes mineras del mundo. Uno de los directores de Pampa es Ricardo Vitaller, que es directivo de Josemaría, la mega mina de cobre que está en construcción en San Juan. Vitaller, como representante de la Cámara Minera y de la empresa a la que pertenece, estuvo reunido con el gobernador Alfredo Cornejo en Canadá, en lo que fue el intento de relanzamiento de Mendoza como destino de inversiones mineras.
Justamente uno de los objetivos de Cornejo es sacar a la Provincia de la lista negra de sitios «antimineros». De hecho el influyente informe del Instituto Fraser dejó a Mendoza fuera de todo en 2023; dentro de la lista «Dropped», de destinos descartados para la inversión. Ese informe está basado en encuestas a los principales referentes de la industria minera mundial.
Especulación y la cadena minera
En la lista hay casos curiosos, como las propiedades a nombre de Godofredo Carlos Schoustal, un empresario fallecido de San Rafael que tiene 8 propiedades mineras en Malargüe. Incluso hay una mina registrada a nombre de Nello Tarquini, un histórico industrial santafesino relacionado con la construcción, ya fallecido también, cuyas creaciones se transformaron en emblema. En ese mismo listado hay expedientes iniciados hace décadas, incluso casi un siglo. La falta de actualización y de transparencia en la difusión de los titulares de las propiedades, también aumenta la especulación.
El negocio de la posesión y transferencia de propiedades mineras tuvo varios auges en Mendoza. Uno de esos picos estuvo a principios de los 2000 y hasta que comenzaron los litigios con esa actividad, en 2005. Los «pases» funcionaron como negocio inmobiliario, con declaraciones de transferencias oficiales y muchas extra oficiales realizadas en escribanías. Desde el Gobierno aseguran que con el nuevo código de procedimientos buscan desalentar el negocio inmobiliario, es decir el registro de propiedades sin compromiso de inversión y que terminan en transacciones privadas, sin que haya transferencia.
La industria minera funciona como una especie de «cadena alimenticia». Las personas o empresas que registran los yacimientos, no son las que terminarán luego en la explotación. En esa cadena se escala según los trabajos, el nivel de inversión necesaria y los intereses. El primer paso lo pueden dar geólogos o micro empresas, luego vienen las empresas junior de exploración y, según los resultados, los proyectos comienzan a crecer y allí aparecen otras firmas de mayor experiencia y envergadura. En caso de que se concrete algún proyecto de explotación, hay dependencia de las inversiones de capital.
El plan para promocionar la minería tiene un actor que genera polémica: la empresa estatal Impulsa Mendoza. Esa compañía tendrá la potestad, el poder real para administrar los recursos y será quien negocie, incluso, futuras concesiones. Esa facultad tiene repercusiones vidriosas. Cuando Rodolfo Suarez creó la empresa, desde el sector privado vieron a la medida como un nuevo intento de intervención estatal.
Argentina no tiene ninguna mina de cobre activa. Sí hay fuertes inversiones en exploración, particularmente en San Juan. De los 5 proyectos avanzados, 3están en esa provincia: Josemaría, Pachón y Los Azules. Los otros dos so MARA, en Catamarca, y Taca Taca, en Salta. Un sexto proyecto considerado por la «mesa del cobre» tiene un futuro más incierto: San Jorge, de Mendoza. Canadá es el origen de la mayoría de las empresas con intereses en el país. Los Azules es propiedad de McEwen, que está radicada en ese país. Josemaría es propiedad de Lundin, un gigante minero canadiense que, además, tiene las principales propiedades del llamado «Distrito Vicuña», que incluye Filo del Sol y Luna Huasi. Taca Taca también tiene dueños canadienses: First Quantum. Mara es propiedad de Glencore, una minera con sede en Suiza.
Fuente: Mdz
