La empresa que recibió millones de los K y el macrismo quiere reducir al máximo


 

Es YCRT, la minera de Santa Cruz. Planta sobredimensionada, despidos y causas por corrupción.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) la empresa minera de Santa Cruz, iniciaría su Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), según anunció su interventor Omar Zeidán (Cambiemos). La medida está bajo evaluación. Se trata de la empresa destinataria de $ 26.000 millones durante el gobierno kirchnerista, manejo de fondos que derivó en una causa por corrupción contra Julio De Vido, detenido en dicho expediente. La firma asegura no poder continuar destinando el 90% de su presupuesto al pago de salarios.

La empresa de carbón santacruceña fue destino de una millonaria partida de presupuesto durante la gestión anterior que le valió un procesamiento a Julio De Vido por administración fraudulenta, con un desvío de fondos de $ 265 millones.

Según la Justicia, el extinto Ministerio de Planificación destinó una “gran cantidad de fondos públicos ($ 26.000 millones) para la reactivación de la actividad minera y la generación de energía”, que incluyó diversas obras. Lo que se le reprocha al diputado del FPV es “el uso que se dio a las millonarias sumas dispuestas para la concreción del “ambicioso” proyecto”, que según la causa “no cumplió con sus objetivos”.

Este año la intervención de YCRT buscó reducir el gasto de la empresa e implementó un plan de reestructuración que generó el despido de 415 trabajadores. El Presupuesto del año en curso que se aprobó en el Congreso le otorga $ 3.435 millones, casi 800 millones menos que en 2017.

Según las autoridades de la empresa minera, la suma de dinero no alcanza para cubrir los sueldos y jubilaciones, que en 2017 demandaron poco más de $ 3.800 millones.
Desde YCRT y tal como consta en la causa judicial, la planta de personal entre 2011-2015 se duplicó -cuanto menos-, o se sobredimensionó, llegando a poco más de 3.000 agentes pero no por razones de producción, sino más bien por fines electorales.

Desde YCRT remarcan que mientras crecía la planta de personal (un 233% durante el gobierno anterior), “la producción de carbón fue de un 85% menos” y que “es imposible tener esta estructura y ser eficientes”, indicaron a Clarín desde la empresa. Desde la Casa Rosada, por su lado, señalaron que es parte de la “reducción del déficit fiscal que se impulsa, con la idea de que la empresa sea viable como la usina, nada va a cerrar”

La decisión de avanzar con los despidos generó un gran malestar en los gremios estatales, que están en conflicto con YCRT desde febrero. En este escenario, el interventor Zeidán anunció que analiza iniciar el procedimiento preventivo de crisis (PPC) tras una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, de quien depende la empresa intervenida. La palabra final la tiene el Gobierno. Es la misma salida que el Ministerio de Trabajo le concedió este lunes al supermercado Carrefour.

YCRT entiende que ante la existencia de una crisis económica/financiera, y para tratar de superarla y “mantener la empresa en marcha”, el camino viable sería el PPC. El mismo supone que los sindicatos lo acepten y por diez días accedan a “sentarse a negociar, y si se llega a un acuerdo se homologará por el ministerio de trabajo, sino seguirá todo como antes”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.

Una vez iniciado el procedimiento de crisis, considerado un marco de negociación “las partes tienen que resignar exigencias de cara a favorecer la conservación de las fuentes de trabajo”.
La norma le permite al empleador por ejemplo, cuando acuerda despidos, “reducir indemnizaciones, pero en caso de acordarse se debería compensar con otro beneficio a los gremios”, indicaron fuentes de la empresa. Todo está bajo análisis.

La crisis financiera que vive YCRT derivó en 415 despidos que, según la intervención, no tienen vuelta atrás. Mientras los gremios resisten y exigen la reincorporación de los puestos de trabajo (este lunes hubo una protesta en el Congreso, en una carpa de ATE), el Gobierno nacional responsabiliza a la anterior por “la planta de personal inflada”.

La empresa está sin operar y en medio de la crisis se debe reordenar otra situación que costó mil de millones de pesos: la Usina de Carbón que rescindió el actual gobierno y que estuvo en manos de la firma española Isolux Corsán. La obra está denunciada por corrupción y hasta que no se reencauce la situación de YCRT no se podrá tomar ninguna decisión sobre la usina.

Los números cuestionados

La causa inició con la denuncia del actual interventor de YCRT, Omar Zeidán, que puso bajo sospecha el manejo de $ 26.000 millones que representa el presupuesto que el extinto Ministerio de Planificación Federal destinó a YCRT desde 2005 a 2015 para su modernización. Esto estaba ligado la construcción de la Usina Térmica que la mina de carbón debe abastecer. Dicha obra, según la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), llegó a incrementar su valor original en un 90,28%.

La construcción del tren turístico por casi 443 millones de pesos, obra que nunca se terminó y se pagó parcialmente, también es parte de la investigación sobre el manejo de los fondos. Para su ejecución, en julio de 2014 se firmaron 453 convenios financiados por el Ministerio de Planificación.

El desvío de fondos se habría realizado por intermedio de diversos convenios de colaboración entre YCRT y la FRSC (dependiente de la UTN). que contaba a su vez, con la Fundación que permanece intervenida por orden del juez Rodríguez, ya que era la receptora de los fondos.
Clarín

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