Un informe de la Plataforma Argentina de Diálogo “Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable” aborda los objetivos vinculados al acceso a la información pública y privada de las industrias extractivas en Argentina y las practicas de transparencia existentes.
La Plataforma de Diálogo es un conjunto de OSCs y Universidades que se reúnen para desarrollar e impulsar un programa de trabajo con el objetivo de producir información legítima y confiable y promover una agenda de diálogo en torno a temas críticos vinculados a la minería.
La integran Fundación Cambio Democrático, Fundación Directorio Legislativo, Fundación Compromiso, Fundación Vida Silvestre; la Universidad Nacional de San Martín y el Área de Geología Minera de la Universidad de Buenos Aires.
El informe está compuesto por cuatro capítulos, una introducción donde se expresa los objetivos y alcance del estudio, la metodología aplicada (dimensiones de estudio, matriz de transparencia y las fuentes de información y entrevistas) y los distintos conceptos sobre transparencia y la importancia de este término en relación al acceso a la información pública.
El segundo capítulo marca el contexto donde fue elaborado dicho informe, remarcando las iniciativas internacionales sobre transparencia de las industrias extractivas, la ubicación que tiene nuestro país respecto a los índices internacionales de acceso a la información y la situación sectorial que engloba el marco al marco normativo e institucional.
En el apartado “resultados” puede observarse el análisis de la dimensión fiscal, económica, social-ambiental y un cuadro sinóptico del relevamiento de transparencia, donde se detalla: “que el acceso a la información de los indicadores fiscales es en general insuficiente, con una leve mejora en la actividad hidrocarburífera por sobre la minera. Con respecto a los indicadores económicos, la actividad minera presenta una calificación suficiente a adecuada, mientras que la actividad hidrocaburífera es adecuada para todos estos indicadores. Por último, los indicadores socio ambientales muestran una mayoría con calificación insuficiente para ambas actividades, a excepción del indicador inventario de pasivos ambientales que ha sido calificado como suficiente para la actividad minera”.
A partir de estos (y otros) hallazgos de la investigación, es que se generaron algunas recomendaciones de política en pos de mejorar la transparencia en las Industrias Extractivas. Entre ellas, podemos encontrar las siguientes:
1. Promoción de la transparencia en las industrias extractivas
Se debe priorizar el trabajo con un enfoque multidimensional que incluya, pero trascienda, a las cuestiones fiscales. Esto implica incorporar al análisis las dimensiones económicas y socio-ambientales, obteniendo un análisis más integral de las temáticas relevantes para la diversidad de actores e intereses que se vinculan con el desarrollo de estas actividades. En esta línea, es fundamental comprender que muchos de los conflictos que se desatan en torno a las industrias extractivas refieren a problemáticas de índole ambiental y social. De allí, que la transparencia como política integral sea un mecanismo fundamental y necesario, para facilitar el diálogo y la construcción democrática de consensos, para el desarrollo de estas las actividades productivas.
2. Comprensión Federal de la problemática
Si bien este trabajo buscó indagar en un primer momento la esfera Nacional/Federal, resulta imprescindible extender un relevamiento similar al presentado en este estudio, a nivel provincial. La importancia de esto radica en que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias, razón por la cual muchas de las actividades y necesidades vinculadas con la transparencia se darán a este nivel institucional. Este proceso, puede llevarse a cabo con un esquema que incorpore a las provincias que componen la OFEMI (Organismo Federal de Estados Mineros) y la OFEPHI (Organismo Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).
3. Acceso a la Información
Se considera de importancia promover una ley nacional de presupuestos mínimos del Derecho al Acceso a la Información Pública. Esto no solo apunta a fortalecer las instituciones y la gobernanza, sino que pretende también mejorar procesos vinculados a las consultas previas y audiencias públicas que se llevan adelante en el marco de la actividad extractiva, como el Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa a pueblos indígenas, y los procesos de consulta y participación ciudadana establecidos en el marco normativo nacional.
4. Desagregación de Información
A raíz de lo identificado, se considera de importancia brindar los datos en diversos “grados” de análisis, entendiendo por esto no solamente publicar los datos agregados, sino también la composición de esa información en cada una de sus aristas de importancia. Esto permite al ciudadano enfocar el análisis desde diversas dimensiones, según sus intereses y necesidades.
5. Programa de Transparencia
Finalmente, para la promoción del fortalecimiento institucional y de la sociedad civil, se recomienda la elaboración e implementación de un Programa de transparencia, el que podría desarrollarse en el ámbito del nuevo Ministerio de Energía y Minería. Dicho Programa, puede tomar como referencia a la fructífera experiencia ya realizada en el país, junto con el Banco Mundial, relacionada con la actividad de asistencia a la industria minera, la que ha dado positivos resultados en este ámbito.
