El titular de Oil M&S ofreció devolver un área petrolera, que nunca entró en producción y en la que se asoció con Omar Álvarez, a cambio de una suma millonaria. La Secretaría de Hidrocarburos analiza la propuesta. ¿Qué va a responder el Gobierno?
En un escenario político desfavorable y sin línea directa con Casa Rosada, Cristóbal López comenzó a retraerse en el rubro energético. En este contexto, el empresario que creció exponencialmente durante el kirchnerismo ofreció devolver a la provincia de Mendoza el área petrolera Río Diamante, a cargo de Oil M&S, aunque condicionó esta posibilidad a que el Gobierno le entregue 7 millones de dólares, unos 100 millones de pesos.
Paralelamente, esta petrolera del Grupo Indalo mantiene una deuda de 7.600 millones de pesos con AFIP en concepto del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) e inició los trámites para entrar en concurso de acreedores.
De acuerdo con el planteo que realizó la petrolera de López, la provincia debe asumir los costos por los trabajos de campo que Oil, en sociedad con Energía Mendocina de Omar Álvarez, realizó desde 2008 a la fecha: exploraciones, sísmicas y trabajos 2D y 3D que, según la empresa, demandaron una inversión de U$S 7 millones. Por estas horas, el Ejecutivo analiza la «oferta», aunque se rechazaría de plano.
«La empresa Oil M&S presentó un planteo de imposibilidad de ejecutar el contrato con la provincia, ofreciendo rescindirlo y devolver el área a cambio de los recursos invertidos. Nosotros le dimos vista a la Subsecretaría de Energía y a la Secretaría de Ambiente», manifestó a MDZ el fiscal de Estado, Fernando Simón.
Más allá de la sugerencia que realice Fiscalía de Estado, la decisión de aceptar o no la propuesta de Oil correrá por cuenta del Ejecutivo provincial. En ese sentido, el subsecretario de Minería y Energía -a cargo de la Dirección de Hidrocarburos-, Emilio Guiñazú, valoró el gesto de López -la posibilidad de devolver el área-, pero fue cauteloso sobre la posibilidad de entregar dinero a cambio.
Al respecto, Guiñazú manifestó: «Veo como positivo que se defina la situación de estas áreas, pero el resarcimiento es un tema que va a tener que ser cuidadosamente analizado, desde el punto de vista legal y contractual. Voy a tener en cuenta lo que determine Fiscalía de Estado porque el ofrecimiento de Oil afecta al patrimonio de la provincia».
De todos modos, además del daño económico que representaría, sería un «suicidio político» para el Gobierno de Alfredo Cornejo pagarle 7 millones de dólares (más de 100 millones de pesos) a una empresa de López.
Paralelamente, en otro proceso administrativo, la provincia quiere ejecutar la garantía del contrato con Oil porque la petrolera no invirtió el dinero comprometido en la etapa exploratoria: 66 millones de pesos. En este concepto, corresponde una multa del 1%: 660.000 dólares. En una primera etapa, el Gobierno rechazó la solicitud de la firma que había pedido una condonación e invertir ese dinero en exploración.
Sin embargo, jurídicamente, la petrolera de López cuenta con argumentos para evitar el pago, ya que -según defienden- el plazo de tres años que tenían para invertir los 66 millones de dólares nunca empezó a correr: si bien se le adjudicó el área en 2008, el pliego de aquella licitación sostenía que el tiempo se contaría desde que esté aprobada la declaración de impacto ambiental (DIA), la cual nunca se completó.
Esta fue una falencia del pliego de la segunda ronda licitatoria, lo que en las licitaciones posteriores se corrigió.
Oil argumenta que no es responsabilidad de la empresa que la DIA no haya avanzado porque este proceso está paralizado debido a una traba judicial. En este sentido, un particular -usuario del Río Atuel- presentó un amparo en el Juzgado Federal de San Rafael pidiendo la paralización de la declaración de impacto ambiental, ya que la eventual explotación del área lo perjudicaría.
Del lado del Gobierno, sospechan que la petrolera demoró a propósito, con errores en la manifestación de impacto ambiental (uno de los pasos de la DIA) que llevaron a la suspensión de actividades de campo. Así, la empresa ganaría tiempo para vender su participación en Río Diamante. Claro que el Gobierno debería aprobar esa eventual cesión y la firma compradora, asumir el compromiso de inversión inicial (U$S 66 millones).
Si bien el Gobierno tiene argumentos para revertir la concesión de Río Diamante, si entra en un litigio con Oil, el pleito podría demorar años. Durante ese tiempo, el área estaría paralizada y no se podría avanzar en una nueva licitación. Ante esta dicotomía, y con un ofrecimiento que a primera vista sería rechazado, se encuentra la gestión de Cornejo.
Mdzol
