Es necesario hacer un enfoque federal sobre la explotación de los recursos naturales en las economías marginales.
Pensar en una Argentina desarrollada es girar la atención hacia los recursos naturales existentes en nuestra extensa geografía, de manera que las políticas de Estado se proyecten más allá de la pampa húmeda y de los polos fabriles en torno a las áreas portuarias. La distorsión del Producto Bruto Geográfico es tan acentuada como lo muestra el colapso de las economías regionales, ya ni siquiera sobreviviendo con los cultivos tradicionales.
San Juan, por el contrario, pudo diversificar su economía gracias a la gran minería, sin alterar su oferta agrícola, pero para alcanzar estándares competitivos se requiere políticas en obras de infraestructura para adecuar la logística -caso de la reactivación del Belgrano Cargas- y medidas fiscales adecuadas para estimular el valor agregado minero.
En ocasión de visitar nuestra provincia, el miércoles último, el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, coincidió en la necesidad de hacer un amplio análisis federal para garantizar un crecimiento económico equilibrado del país. El funcionario nacional comprende lo que sus antecesores obviaron por ignorancia o interés sectorial, por ejemplo ante el sentido social de la eliminación de las retenciones mineras que tanto escozor causa en opinólogos e ideólogos porteños, que lo interpretan como una concesión a las multinacionales.
Por el contrario, quitar las retenciones tuvo un impacto en 134 empresas, de las cuales 120 son pymes argentinas que pudieron mantener al personal calificado. Vale aclarar que este impuesto no existe en ningún país minero del mundo, porque frenaría las exportaciones y la producción, con menores puestos de trabajo. También Meilán exhibió números para los detractores, que pusieron el grito en el cielo porque se dejaba de percibir 128 millones de dólares anuales en retenciones.
Sin embargo, la medida estimuló la inversión, prolongando la vida útil de cinco yacimientos metalíferos, que representan 1.350 millones de dólares de ingreso por mineral que no se hubiera procesado, mantener 12.600 puestos de trabajo y 2.350 proveedores que se hubieran paralizado. Pero también es necesario legislar mediante estudios profundos y sin presiones antojadizas, que dañan tanto a la minería con leyes que la entorpecen, como advierte el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Jaime Bergé.
Es por eso que los representantes deben precisar más la legislación, para lo cual deben capacitarse, conocer más los temas mineros y hablar con quienes están empeñados en este desarrollo ante absurdas incomprensiones.
Diario de Cuyo
