Comenzó el periodo de debate con empresarios y ambientalistas para definir una política de Estado.
Este miércoles quedó abierto el «Espacio de Diálogo» propuesto por la consultora que contrató el gobierno de Alfredo Cornejo para definir la política que seguirá el Ejecutivo en torno a la minería. La primera jornada se llevó adelante en un ambiente «pro minero», aunque la postura oficial de la Provincia es que no se inclinarán por ninguna alternativa. En tanto, los ambientalistas cuestionaron que, desde un principio, la discusión ya esté limitada porque el Ejecutivo la definió en términos de «minería sustentable».
La mecánica del espacio consiste en proponer temas a tratar, en los cuales representantes de diferentes instituciones -como empresas mineras, agrupaciones ambientalistas, centros de estudiantes y demás- seleccionarán en cuál participar, aportando datos y argumentos con los que sostienen sus posturas.
Según precisó el ministro de Infraestructura, Enrique Vaquié, la idea no es lograr un consenso, sino que tanto mineros como ambientalistas «recuperen la confianza y se logre determinar si la actividad es sustentable o no».
Al finalizar estos encuentros luego de seis meses, se elaborará un informe con los resultados para que Cornejo determine qué postura tomará el Estado en cuanto a minería.
Si bien Vaquié es coautor de la Ley 7.722, que limita la minería a cielo abierto con uso de cianuro en territorio provincial, también destacó que ese es «el marco» a respetar desde el que partirá el diálogo.
«La sustentabilidad tiene que ver con pensar a largo plazo, con utilizar los recursos y dejar a las generaciones futuras con las mismas condiciones que las actuales», señaló el ministro y luego agregó: «En los últimos años hubo discusiones donde se utilizaron muchos calificativos y pocos sustantivos».
Por su parte, la facilitadora del espacio de diálogo contratada por el Gobierno, Marita Abraham, indicó que se busca que «todos expresen su opinión en términos científicos», en base a las cuales se elaborará la conclusión.
Abraham señaló que hay datos que en ocasiones se desconocen, pero que son fundamentales para la postura que toma el Estado. A modo de ejemplo, mencionó que extraer cierta cantidad de oro requiere menos agua que obtener un bife de carne, pero que una actividad es más redituable que otra.
Entre los expositores que se presentaron durante la jornada inaugural se destaca Felipe Matthews, quien fue líder de la búsqueda de los 33 mineros que quedaron atrapados en Chile en agosto de 2010. «La minería es parte del desarrollo de una comunidad. Hay que esclarecer ciertas cifras erróneas que no informan realmente lo que sucede en la minería. Es un área que se tiene que meter de alguna forma en la economía», sostuvo.
A su vez, el subsecretario de Política Minera de la Nación, Santiago Dondo, destacó que el país se encuentra en una etapa inicial de la minería, debido a que la actividad no se empezó a explotar verdaderamente hasta 1990.
«Los fundadores del país lo concibieron como minero. El mismo nombre deviene de un mineral», destacó. Según Dondo, el país ha acumulado experiencia en «atraer proyectos y sacarlos a patadas».
«El desafío es determinar cómo explotar la minería, para qué y dónde», añadió.
Ambientalistas
Las asambleas en defensa del agua también fueron invitadas a participar de la primera jornada. sin embargo, entraron en discusión desde el principio porque no les gustó que el Gobierno hablara de diálogo, por un lado, pero les marcara la cancha al ya definir la convocatoria bajo el concepto de «minería sustentable».
En ese sentido, si bien finalmente se sumaron, aclararon que la invitación por parte de Ambiente les llegó en la última semana.
«Fue un primer encuentro de diálogo sobre minería sustentable totalmente desequilibrado», expuso Sergio Onofrio, uno de los 50 ambientalistas que se dieron cita. En esa línea, consideró que «todos los convocados por el Gobierno hablaron a favor, no hubo otra visión. Ellos -por el gobierno- reconocieron que se equivocaron».
Onofrio señaló que «tuvimos que presionar» porque no se sentían representados e incluso tomaron como provocación que los empresarios invitados pidieron derogar la ley 7722, una cuestión que para los ambientalistas está fuera de toda discusión.
El Sol
