Por Carlos Pagni.
Ayer al mediodía los ministros que se reunieron en el despacho de Marcos Peña para analizar el fallo de la Corte Suprema, debieron ponerse firmes para evitar que Mauricio Macri saliera a denunciar una «justicia populista». El pronunciamiento de los jueces le provoca al menos tres costos a un gobierno que lo recibió con enorme frustración. No sólo por su contenido, sino también por la distancia que guardó con lo que se esperaba en la Casa Rosada.
Anteanoche, al cabo de un partido de fútbol en Olivos, las principales figuras del macrismo se fueron a dormir confiando en dos premisas: los jueces obligarían a celebrar audiencias públicas, pero convalidarían el aumento en el precio del gas en boca de pozo.
Tenían mala información. A pesar de que a las diez de la noche la sentencia ya estaba redactada.
La Corte ayer emitió un fallo distinto del que Macri imaginaba. En el texto aparecieron un trío de efectos que él no había contemplado: un mayor déficit fiscal, más complicaciones para quienes decidan invertir y un enredo político que deberá, en algún momento, resolverse.
El costo fiscal no es dramático. Pero el recorte de subsidios será más moderado. Los jueces anularon el ajuste a los consumidores domiciliarios. Son los beneficiarios del 26% del subsidio que el Poder Ejecutivo pretendía suprimir. Equivale a unos 1200 millones de dólares. Nada que no pueda manejarse. Eso sí: la Corte se extendió, en términos que para muchos especialistas son excesivos, sobre las ventajas del gradualismo. Se refirió, con espíritu bergogliano, a precios confiscatorios y reclamó a la administración que tenga en cuenta el equilibrio social. Es una advertencia para los aumentos que quedan por venir. No hay que olvidar que en el caso del gas la factura seguirá teniendo una subvención del 35%. Y en el de la luz, del 65%. De hecho, en la Jefatura de Gabinete tienen -¿tenían?- previsto aplicar de nuevo el torniquete a la electricidad en enero. ¿Será el mes más adecuado?
Las tarifas que deben abonar los usuarios industriales, comerciales y los generadores eléctricos se mantuvieron. No porque los magistrados las suscribieran, sino porque no estaban incluidas en el universo de consumidores que habían reclamado. Quiere decir que sigue habilitada la vía del amparo para las empresas, sobre todo pymes, que vayan a tribunales en busca de protección. La controversia energética permanece abierta. En un nuevo contexto: los jueces inferiores mirarán el fallo de ayer como un llamado a aplicar la ley garantizando un equilibrio económico-social que siempre es opinable.
La noticia que más lamentó Macri tiene que ver con la obligación de celebrar audiencias públicas para fijar el precio del gas en boca de pozo. Alguien le había garantizado que la Corte lo liberaría de ese procedimiento. Pero Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti consideraron que, mientras ese valor esté regulado por el Estado, las audiencias deben realizarse. Para el Ejecutivo es una prescripción inesperada, porque no hay ninguna norma que la establezca.
El precio del gas es el componente principal de la factura. Mucho más gravitante que el del transporte y la distribución. Y los especialistas del Gobierno, con Juan José Aranguren a la cabeza, consideran que es imposible liberarlo por completo. El ministro lo explicó a sus colegas de gabinete ayer al mediodía: «Es irracional pretender que el gas pueda fluctuar con libertad y al mismo tiempo obligar a audiencias públicas para el transporte y la distribución. ¿Qué pasaría con las transportistas y las distribuidoras, que tienen el precio de las tarifas fijado por audiencias si el gas sufriera un aumento de precio brusco? Quebrarían».
Con la obligación de celebrar audiencias para fijar el precio del gas aparece otro costo que Macri lamenta en el fallo de ayer: establece un obstáculo en la corriente de inversión para el sector energético. Se preguntaban ayer en la reunión de gabinete improvisada en el despacho de Marcos Peña al mediodía: ¿qué productor de hidrocarburos va a poner un dólar para extraer ese producto si el precio al que debe venderlo estará sometido a una audiencia de consumidores? Salvo que el Gobierno derogue el decreto 181/2004, que le permite regular ese precio, los contratos de compraventa de gas van a estar sometidos a ese mecanismo. El problema es más grave porque la matriz energética argentina triplicó su dependencia gasífera en los últimos 12 años.
Esta exigencia se inscribe en un marco más amplio: el pronunciamiento de ayer fija una posición muy clara respecto de las audiencias públicas. Maqueda y Rosatti reconstruyeron el debate de la Constituyente de 1994, de la que formaron parte. Y establecieron que las audiencias que estableció la reforma no deben ser sólo consultivas. Este criterio promete una innovación de consecuencias imprevisibles para el sistema de servicios públicos. La primera de ellas: ayer por la tarde, varios dirigentes de movimientos sociales leían la sentencia como una hoja de ruta.
Es obvio que los jueces previeron que su gradualismo podría ser tildado de kirchnerista. Así se explican los párrafos en los que objetan la política energética del gobierno anterior. De todos modos, Alejandra Gils Carbó prestó, con su drástico dictamen, un servicio inmejorable para que Lorenzetti pueda hacer lo que más le sale: promediar.
A propósito de Lorenzetti, ayer terminó de abrir un frente que había habilitado en pronunciamientos anteriores. Sobre todo en el caso «Halabi». Es la institución de las acciones de clase, por las cuales un grupo puede litigar en nombre de innumerables consumidores que tienen dificultades para acceder a la Justicia. Esta práctica, muy extendida en el derecho anglosajón, todavía no está reglamentada en la Argentina. El fallo de ayer da satisfacción a este tipo de reclamos.
El tercer costo que debe afrontar Macri es político. El corazón del gabinete quedó paralizado con la novedad judicial. Sobre todo cuando en las radios repicó el comunicado del Centro de Información Judicial, que dirige María Bourdin: «Tarifa de gas, por unanimidad la Corte anuló el aumento respecto de los usuarios residenciales». Simplificado: la Corte anuló el tarifazo. Bourdin 1 – Peña 0. No debería llamar la atención. El máximo tribunal está dominado por tres juristas que son políticos profesionales: Lorenzetti, Maqueda y, ahora, Rosatti. Los tres, peronistas.
La Jefatura de Gabinete tardó en reaccionar unas tres horas. Las principales figuras de Cambiemos esperaron el clásico mail «qué estamos diciendo», con el fraseo sobre la nueva situación. Llegó tarde, con sabor a poco: «El cambio que se produjo en la Argentina es que respetamos las instituciones». El oficialismo debería elaborar un discurso más consistente para quienes advierten que ayer se produjo una novedad de primera magnitud: la Corte no está dispuesta a acompañar, sin establecer grandes restricciones, el reordenamiento económico propuesto por Macri. Un aval a quienes consideran que ese reordenamiento es despiadado. O, por lo menos, un detalle que deberán incorporar a su argumentación quienes, dentro y fuera del gabinete, consideran viable un ajuste ortodoxo.
El título del comunicado judicial expone un dato relevante: «Por unanimidad». Es un mensaje para Macri. Si pensaba condicionar a Maqueda, Highton y, sobre todo, a Lorenzetti con la incorporación de nuevos jueces, el fallo indicó que Rosatti se sumó a sus colegas. Lorenzetti demostró ayer que la incorporación de nuevos integrantes no abrió una grieta preocupante en la Corte. El martes por la noche, el Gobierno había recibido este informe a través del procurador del Tesoro, Carlos Balbín: «El tribunal está dos a dos. Lorenzetti y Rosatti están más cerca de la posición del Ejecutivo. Highton y Maqueda, más lejos. Si esa disidencia no se resuelve, va a haber unanimidad en contra del Ejecutivo». Es lo que sucedió. Durante la mañana de anteayer un colaborador del Presidente recibió el mismo panorama de parte de Lorenzetti, quien, por otra parte, habló varias veces con Macri.
A lo largo del miércoles alguien convenció a Macri de que el fallo saldría como él lo había soñado. Este error subraya uno de los problemas que desnudó el proceso judicial: la Casa Rosada carece de una interlocución confiable con la Corte. Alrededor de este fallo hubo infinidad de gestores: Germán Garavano, Fabián Rodríguez Simón, Carlos Balbín, Gustavo Lopetegui, entre muchos otros. Los mensajes fueron muchas veces contradictorios.
El fallo fue una instancia crítica de un proceso mal ejecutado. Hay ministros que aconsejaron no realizar un aumento de tarifas tan drástico. Otros propusieron, ya en enero, celebrar audiencias públicas. De hecho, María Eugenia Vidal realizó una en la provincia antes de aumentar la electricidad. Rogelio Frigerio había conseguido en mayo, junto con Aranguren, que los gobernadores peronistas convalidaran un aumento de tarifas con límites de 500% o 400%, según la región. Pero ese pacto se rompió, sin que quede clara la responsabilidad de quien lo hizo: ¿fue Aranguren?, ¿fue Lopetegui? La facturación resultante del aumento no se estudió con detenimiento. Ni siquiera se realizó una simulación. Los errores aparecieron cuando todo estaba hecho. Estos desaciertos fueron señalados hace más de dos meses, en una de las clásicas reuniones de los sábados por la mañana, cuando la gobernadora Vidal dijo: «Estamos ante problemas graves de gestión». Pero Jaime Durán Barba refutó: «Para nada. El problema de las tarifas sólo interesa a un mínimo grupo de gente». El desdeñable círculo rojo, al que pertenece, por ejemplo, la Corte.
La hipótesis que subyace a esa desaprensión conduce a un último fallido: la primera explicación consistente de la política tarifaria se conoció el martes de esta semana, en medio de una sesión tumultuosa, cuando Aranguren visitó la Cámara de Diputados. Nada que sorprenda. Esa demora nace de las mismas cabezas que sostenían que Macri podía justificar un ajuste sin explicar con claridad la herencia recibida.
La Nación
