Catamarca. Agua Rica es un proyecto minero que se caracterizó por las marchas y las contramarchas. Ya fue suspendido en 2010 cuando hubo una fuerte manifestación en Andalgalá. En aquel momento, el juez de Minas, Raúl Guillermo Cerda, ordenó la paralización del proyecto porque no gozaba de licencia social. Luego, la Secretaría de Minería dejó sin efecto el informe de impacto ambiental que había sido aprobado en 2009.
En 2011, la Secretaría de Minería emitió una resolución través de la cual se declaró que el Informe de Impacto Ambiental (IIA) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Agua Rica son «técnica y ambientalmente inviables”.
En la actualidad, Agua Rica y Cerro Atajo forman parte del «Distrito Minero Catamarca» que impulsó el Gobierno a partir de un acuerdo entre la empresa Yamana que tiene la concesión legal de Agua Rica y la empresa estatal CAMYEN, propietaria de las minas de Cerro Atajo.
En febrero de 2015 ambas empresas firmaron el contrato por el cual se otorga a Yamana el usufructo de Cerro Atajo por 40 años. CAMYEN, por su parte, recibiría el 5% de las utilidades de Agua Rica cuando el proyecto se ponga en marcha. De aquel anuncio pasó ya un año y medio y no hubo avances. Agua Rica solo mantiene una oficina en Andalgalá con pocos empleados.
Es decir que a partir del vínculo con Yamana Gold, Catamarca no ha obtenido hasta ahora nada y las probabilidades de ganar algo en el futuro son más remotas que nunca.
En septiembre de 2015, la Secretaría de Minería aprobó el informe de impacto ambiental para el área de Cerro Atajo. Pero Agua Rica todavía no lo tiene y está complicada para obtenerlo porque requiere de un amplio proceso de participación social.
Mientras tanto, seis años después de la demanda judicial, todavía hay dudas que ningún organismo pudo resolver y que fueron las planteadas por los vecinos en el recurso de amparo.
El Ancasti
