(San Juan) La Justicia provincial unificó las tres denuncias que ingresaron por el nuevo derrame de solución cianurada en Veladero y el fiscal Sohar Aballay ya se metió de lleno en el caso. Como primer paso, le pidió al Ministerio de Minería una serie de informes sobre las actuaciones que realizó en forma previa y posterior al incidente sucedido en la mina iglesiana el jueves 8 de septiembre. Mientras el proceso avanza, la casa del juez que tiene que resolver la causa amaneció con pintadas.
Las denuncias en trámite las motorizan el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis; el defensor del Pueblo, Julio César Orihuela; y el abogado jachallero José Torres. Todas apuntan a lo mismo: establecer si con la fuga ocurrida en Valadero se configuró el delito de contaminación.
Aballay, que es el fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial que nuclea a Jáchal e Iglesia, tiene que resolver ahora si requiere que se abra la investigación. Antes, tomó algunas medidas. Entre otras cosas, presentó un escrito al juez jachallero Pablo Oritja que oficie a la cartera que dirige Alberto Hensel un pedido para que brinde datos del derrame.
Las fuentes contaron que al tratarse de un delito de peligro, con la información que requiere, el fiscal apunta a determinar si ese eventual peligro subsiste como para que sea necesario pedir la suspensión de las actividades en Veladero. Sería la misma medida que dictó el gobernador Sergio Uñac, aunque en este caso en el marco de una causa judicial.
Aballay está actuando con la colaboración de dos de sus colegas de la Primera Circunscripción Judicial. Se trata de Daniel Guillén y Fabricio Medicci, que fueron afectados al caso Veladero por el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani.
Desde que se supo del derrame, Jáchal vive horas de tensión por un grupo antiminero de asambleístas que agredió al gobernador y una concejal, además de intimidar al intendente. En ese clima, ayer aparecieron manchas de pintura en la casa de Oritja, que es quien debe resolver la causa.
Diario de Cuyo
