El ministro Coordinador anunció el lunes la posibilidad de llamar a consulta popular sobre el desarrollo de la actividad minera en la provincia. El planteo cosecha apoyo en algunos sectores más allegados al dasnevismo, mientras que para la UCR el Estado no tiene capacidad de control y desde el FpV señalan que la discusión por la matriz productiva provincial debe ser previa a la minera. Las opiniones de Sixto Bermejo, Raúl Barneche y Santiago Igon.
Hay que transitar por lo racional
«Hay que transitar por lo racional», sugirió el diputado nacional Sixto Bermejo.
Para Sixto Bermejo, referente del PACh y diputado nacional, el planteo provincial es «muy atinado», considerando que se trata de un tema que necesita discusión y que se difundan las experiencias que hay en las distintas provincias. «Hay una ley, la 5001, que prohíbe la mega minería en general y no hace demasiados distingos. Esa ley tiene que ser cambiada por otra si es que se quiere incursionar en la minería dentro de la provincia» planteó, para agregar que «he escuchado al gobernador decir primero que las regalías que pretende la provincia son bastante distintas que las que están pagando en San Juan, donde es un 3% sobre el valor declarado por las mineras. Los ingresos de esa provincia son irrisorios en comparación con el daño ecológico que hacen y con lo que se llevan».
También consideró que debería establecerse una zona intangible en la cordillera, «que tiene valores mucho más importantes que lo que se pueda obtener de la minería y hay que cuidar su ecología y condiciones naturales», mientras que para la meseta deberían evaluarse qué proyectos podrían estar controlados adecuadamente para no constituir un agravio a la naturaleza. «En buena hora la discusión porque si no tenemos posiciones ultristas: nada se puede hacer, o se puede hacer cualquier cosa. Hay que transitar por lo racional», concluyó Bermejo.
SACRIFICIOS VS. GANANCIAS
Para Raúl Barneche, previo a una instancia de consulta hay que analizar una serie de factores que generan dudas. «Esto abarca la situación económica con la que van a entrar las mineras, la cuestión ambiental y social; no sólo qué porcentaje de regalías recibirá la Provincia, sino también cuáles serán los mecanismos de extracción y cuál será el control ambiental sobre la exportación, entre varias más», dijo.
Más adelante, agregó: «creo que Cisterna lo mira pensando que sus arcas se van a hinchar de recursos como fue en la época de oro del petróleo, hace muy poco tiempo. Pero esto no va a ser así. No creo que alcance a compensar los volúmenes de ingresos que tiene la trasferencia petrolera, pero sí puede generar daños mucho más irreversibles que los que la industria petrolera causa».
Dijo además que el Estado no tiene capacidad de control ni una adecuada capacidad de «negociación» y destacó la experiencia crítica que actualmente se atraviesa con los hidrocarburos en cuanto a niveles de inversión y su repercusión en el empleo.
«Tenemos que saber qué es lo que estamos dispuestos a invertir y qué áreas estamos dispuestos a sacrificar en aras de qué mejoramiento socio-económico para todos los chubutenses, no para un grupo de empresarios que puedan tener relación con las mineras y algunos funcionarios», subrayó.
Santiago Igon, diputado nacional del FpV, planteó que la discusión pendiente desde hace décadas en la provincia es la que establezca la matriz productiva y que ese debate debe darse a nivel dirigencial y desde todos los partidos políticos para recién después de eso hacer una consulta popular por una actividad específica.
«Al polo lanero del valle no se le está dando bolilla. Si Trelew se quiere dedicar a la ganadería y agricultura, le está faltando promoción y todo lo que se haga en la meseta va a terminar teniendo impacto sobre esa zona. Sabemos lo que está pasando con Guilford, con el tema petrolero, y la minería no va a venir a solucionar mágicamente el futuro de la provincia. Tiene que haber una discusión amplia, con participación de la Universidad que tiene sede en Comodoro, Madryn, Trelew y Esquel, y discutir planificadamente hacia dónde queremos ir», sostuvo para destacar por último que «la Ley 5001 hay que respetarla siempre y mantenerla vigente».
El Patagónico