(Mendoza) El gobernador Alfredo Cornejo espera que antes de fin de año la Subsecretaria de Energía y Minería que conduce Emilio Guiñazú le eleve el informe final del «Espacio de Diálogo Minero» que se inició en junio. El mandatario necesita contar con datos certeros para -según dicen en su entorno- «terminar de definir la posición de la Provincia» respecto a una materia que ya mostró varios capítulos de visiones encontradas (de hecho, el espacio fue desconocido por varias organizaciones ambientalistas que adujeron disparidad oficial a la hora de receptar las opiniones). Pareciera estar claro el interés del gobernador en abrirle la puerta a más emprendimientos metalíferos ya que la promoción de un ámbito de discusión sobre el tema cuando la ley 7.722 reduce sustancialmente esa posibilidad es un gesto claro en ese sentido. Además, estima que la iniciativa debería concretarse antes de una eventual convocatoria a un Pacto Federal Minero por parte de la Nación para que las provincias, como dueñas de sus recursos, propongan actividades en sus territorios.
Según fuentes cercanas al informe, éste resaltará la vigencia de la 7.722 y las restricciones que ésta impone pero dejaría abierta la posibilidad de desarrollo a algunos proyectos. No obstante, días atrás el propio Guiñazú admitió que el documento no conformará a todas las partes debido a lo irreductible de sus posturas. Además, y aunque nadie lo diga, los recientes incidentes contaminantes en la mina sanjuanina de Veladero supusieron otro factor de rechazo para estos emprendimientos.
El 17 de noviembre se entregarán las conclusiones. Quizás la clave, no sencilla de concretar en los hechos, sea la que brindó uno de los especialistas expositores: «La minería se puede hacer bien o mal y eso depende de la política que se implemente, de una normativa moderna que contemple las nuevas tecnologías y de instituciones gubernamentales idóneas, bien organizadas y con personal capacitado que ejerza un adecuado control para que genere confianza a la comunidad».
Diario San Rafael