El secretario de Minería nacional, Daniel Meilán, dijo que esas propuestas son usadas para cosechar frutos políticos en el corto plazo. Hizo un esbozo de los objetivos del AFM.
El funcionario nacional estuvo en la apertura del ll Seminario internacional de Mineria Metalifera, organizado por la revista especializada Panorama Minero. Meilán, en su discurso, hizo referencia indirecta a las expresiones políticas que instan a recuperar las retenciones a la minería.
A continuación, el discurso completo.
Una Política de Estado Minera para el siglo XXI
Queridos amigos:
Es para mí un gran gusto, participar de este encuentro que reúne a todos los que formamos parte de la actividad.
Estamos cumpliendo un año de cambio político en Argentina y creo que este es un momento y un espacio inmejorable para compartir algunas reflexiones.
El cambio no significa pontificar obviedades, imponer nuevas verdades reveladas o elegir los caminos fáciles y redituables del corto plazo. El cambio es dialogar y consensuar un modelo de política que responda a los intereses de los ciudadanos y que, todos nosotros, convencidos de los aportes que puede entregar la minería al país, estemos a la altura de las circunstancias.
Cuando hablo de un cambio, me refiero a la verdadera búsqueda conjunta hacia un país más justo, más federal y más igualitario. Un país que les asegure a sus habitantes la posibilidad de alcanzar un desarrollo digno en el lugar que habitan.
Este primer año de trabajo nos enfrentó a nuestro mayor desafío: impulsar el regreso a una verdadera política de estado sobre la minería. Una política que marque el camino de construcción no solamente de una minería responsable sino la reconfiguración del Estado, en todos sus niveles, como el actor central responsable de cómo deseamos que se desarrolle la actividad minera en la Argentina.
En este marco, el Estado Nacional, junto a los Estados provinciales, buscamos apuntalar y garantizar un marco regulatorio justo, ordenado y estable en el tiempo para las inversiones; así como también establecer los límites necesarios para que la minería se desarrolle de manera transparente y con el objetivo central de potenciar la calidad de vida de los ciudadanos.
Entendemos, claramente, que esto sólo será posible, si los actores institucionales, Estado, gremios, empresas y la sociedad civil trabajan en consenso en el ámbito del federalismo.
En este sentido, desde el primer día de gestión, el Presidente MM, visualizó en la minería una de las principales actividades económicas con la potencialidad de lograr la descentralización regional de nuestro país. Asimismo, esta visión política comprendió la necesidad de integrar un nuevo paradigma de un Estado presente en el debate minero con una mirada superadora: combinar el diseño de herramientas institucionales y técnicas que garanticen el armonioso desarrollo de las comunidades junto con la recomposición del marco legal y macroeconómico del país.
Por ello, en la primera etapa de Gobierno se buscó promover la apertura de la economía y generar el contexto adecuado para promover el ingreso de inversiones para todas las actividades. En particular para nuestro sector, la medida que permitió reactivarlo, tanto en la minería metalífera, como en la no metalífera exportadora (del que participan 120 empresas pymes), fue la quita de retenciones. Sólo en impuestos a las ganancias, se recupera más de dos veces lo que deja de recaudarse por retenciones.
Ésta, más el resto de las medidas macroeconómicas, posibilitaron la extensión de la vida útil de Alumbrera, Manantial Espejo y Pirquitas, y evitó el cierre de Sierra Grande y Casposo, permitiendo la continuidad laboral de 12.600 trabajadores y exportaciones por 1300 millones de dólares.
Producto de los cambios, han ingresado y están instalándose actualmente alrededor de 40 empresas internacionales, principalmente interesadas en minerales metalíferos y también en la industria de los no metálicos y todo ello, a pesar de la baja de precios internacionales que afectan globalmente al sector.
Estas medidas, estrictamente necesarias para devolverle la competitividad al sector, han tenido para nuestro presidente un alto costo político en el marco de las relaciones con la ciudadanía, la oposición e integrantes de la propia coalición de gobierno. Pero es este el principal ejemplo de la vocación de esta gestión de entender a la minería como una política de estado que no puede estar sujeta a las urgencias y vaivenes políticos de turno.
Lamentablemente, los tiempos de la minería no son generalmente coincidentes con los tiempos políticos. Por ello, podemos observar que las propuestas demagógicas y sistemáticamente contradictorias son utilizadas por expresiones políticas para cosechar frutos en el corto plazo. Debemos rechazar estos posicionamientos enérgicamente entendiendo que este tipo de irresponsabilidades no sólo afectan el clima de inversión, sino que, aún más importante, horadan y retardan los procesos de reconstrucción de confianza y de credibilidad del Estado frente a la ciudadanía como garante del carácter responsable del desarrollo de la actividad.
Es evidente que para algunos políticos, es más sencillo pensar en las próximas elecciones, que en las próximas generaciones.
Es por ello que, desde nuestra responsabilidad institucional, trabajamos fuertemente en recuperar a la Secretaría de Minería y al Segemar, con el objeto de poder articularlo operativamente con las provincias y optimizar los resultados en las regiones mineras.
Estas tareas, serán coordinadas y trabajadas con el empresariado y el sector gremial.
Ahora bien, el esfuerzo de esta parte del año, está centrado y priorizado en acordar los lineamientos de base que regirán en la política minera en los próximos 30 años.
Esta tarea, está realizándose en el ámbito del Cofemin y tiene por objeto actualizar el Acuerdo Federal Minero, como producto del consenso.
Esta ley de excelencia, firmada, en primer término por los actores del federalismo, los Gobernadores y el Presidente de la Nación, deberá ser ratificada por la Legislatura Nacional y las Legislaturas Provinciales.
Es básico, para nuestra gestión, generar confianza, confianza para que nuestras comunidades se sientan respaldadas por la ley, su cumplimiento y la generación de beneficios y confianza para que los inversores mineros, tengan un marco de previsibilidad.
Nadie puede negar que existe una enorme cantidad de familias con sus necesidades básicas insatisfechas. Esta dolorosa e injusta realidad demanda de todos nosotros nuestros máximos esfuerzos para lograr oportunidades de crecimiento fruto de una industria bien planificada, responsable y comprometida con la realidad de la gente.
Debemos entender la necesidad de que la actividad minera potencie sus virtudes desde el reconocimiento de sus errores y debilidades pasadas y presentes. Es menester que todas las partes involucradas en el debate de esta nueva realidad incorporen como propio uno de los objetivos centrales del Estado en todos sus niveles: la conciencia de que el desarrollo de la actividad no puede, nunca, divorciarse del cuidado y la promoción de la aprobación social necesaria. Surge innegociable la necesidad de un Estado presente y a todos los sectores potenciando la obligación de trabajar para socializar en las comunidades los beneficios de la actividad.
Así, pretendemos construir una política de Estado equilibrada, escuchando a todas las partes, generar credibilidad y aprender que errores y deficiencias que existieron y existen, podrán superarse entre todos.
La Política Minera para el siglo XXI, sólo será factible, en la medida que la Nación y las provincias trabajen en conjunto buscando este objetivo superador, dejando de lado las diferencias políticas, respondiendo a su único y elemental deber: atender a las necesidades y promover el bienestar de todos los habitantes de nuestro país.
Por ello, creo que es importante, para cerrar estas palabras, mencionar algunos de los considerandos que enmarcan al nuevo AFM y que configuran una verdadera declaración de principios:
- Que, de conformidad con nuestra Constitución Nacional, todos los habitantes del país gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras;
- Que, en igual sentido, la minería se presenta como una industria clave en relación con el propósito constitucional de promoción del bienestar general, constituyendo una actividad impulsada, lícita, legalmente declarada de utilidad pública, ampliamente reglamentada, y que se desarrolla conforme a los principios fundamentales establecidos en el Código de Minería;
- Que todo esto será factible en la medida en que Provincias y Nación implementen una Política de Estado Minera para el siglo XXI, que deberá incluir, entro otros:
- mayores beneficios de las comunidades en las zonas mineras y su adecuada participación en un marco de diálogo y transparencia,
- altos estándares de gestión y control ambiental,
- propender a una mayor participación en los ingresos que genera la actividad minera a las provincias dueñas de los recursos minerales,
- fortalecer el desarrollo de la infraestructura y la integración con otros sectores productivos del país, para ser protagonista de su crecimiento,
- un permanente apoyo en el desarrollo de la ciencia y la innovación aplicadas, para actualizar o mejorar prácticas y tecnologías,
- su relación con otras áreas, como la educación en todos sus niveles, a fin de promover la formación que permita oportunidades de empleo,
- una adecuada comunicación con la sociedad y todos los actores involucrados, con información de calidad, actualizada y en forma transparente,
- el aprovechamiento racional e integral de los recursos mineros en el territorio Nacional,
- la generación de un sector industrial vigoroso y una fuerte cadena de valor, y
- la promoción del desarrollo sectorial, consensuando medidas necesarias para atraer inversiones.
El Acuerdo Federal Minero, establecerá una nueva visión y pautas para el desarrollo del sector. Reglas claras y exigentes que protejan al ambiente y a las comunidades, que respeten el federalismo y la idiosincrasia de cada provincia, sin comprometer al conjunto.
Que le muestren al mundo que Argentina es un único país y que cada provincia, es una porción indispensable para la República.
Que así sea.
