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Fomentar pymes mineras

 

La discusión de la restitución de las retenciones a la minería en la Cámara de Diputados de la Nación, ha alineado una vez más a los férreos defensores y a los implacables opositores, del Modelo de Desarrollo Minero que salvo 4 excepciones, fue aprobado por los representantes de todas las provincias en el Congreso Nacional en la década del ’90.

Un modelo, que por el hecho de no haber sido adecuada y convenientemente debatido ni consensuado hace que la licencia social que requiere la gran minería para operar, constituya en estos momentos, el mayor de los desafíos que en términos de sociedad-comunidad se deben enfrentar.

Desde los objetivos propios a su creación, este modelo generó todas las condiciones de seguridad para atraer capitales de inversión, vinculados en forma preferencial con los proyectos de gran minería y en forma particular, con los minerales de oro, plata y cobre.

Por esta razón, los costos-beneficios desde la condición de escala que revisten, de la misma forma en que conmocionan desde los eventos de contaminación que pueden ocasionar, impactan desde los indicadores socioeconómicos, que puedan generar. Minas Veladero, Gualcamayo y Casposo para ejemplificar, participan del 40% del Producto Bruto Geográfico Provincial y sus exportaciones representan, algo más del 70% de las exportaciones de la provincia de San Juan.

Como desde la realidad de nuestro subdesarrollo, una política de impulso de la minería debería garantizar como objetivo prioritario el desarrollo de las pymes, este modelo, salvando al sector de las cales, se hizo prohibitivo respecto del desarrollo de todo el sector minero no metalífero, y con excepción del oro, la plata y el cobre, restrictivo respecto de todos los otros metales que conforman al sector metalífero.

Por esta razón y luego de aprobada la Ley de Inversiones Mineras hace ya 30 años, no es casual que en la actualidad no exista ninguna mina, ningún empresario, ni ningún tipo de inversión relacionado desde lo nacional con la explotación de nuestros minerales metalíferos, y tampoco es accidental, que en relación a los minerales que forman parte del interés de los países de origen de las empresas extranjeras, nuestras montañas estén sembradas de derechos mineros, en un escenario, donde nos sobran los dedos de las manos para contar a nivel de país los proyectos que se encuentran en producción o en vías de su factibilización.

Es real que la minería requiere de previsibilidad fiscal y jurídica, de reglas claras y de certidumbre política, pero también es cierto que todos estos derechos no han contribuido a modificar la realidad de atraso y subdesarrollo que padecen todos los países perpetuados como productores de materias primas minerales a nivel mundial. Nuestra latinoamérica es el mejor ejemplo de este castigo.

Comparto plenamente la necesidad de que nuestra minería debe consolidarse como una fuente de crecimiento y desarrollo, sobre la base de la creación de trabajo genuino e inclusivo y de una adecuada redistribución de la riqueza, y ante esto, estimo que deben adoptarse decisiones que deben ser prácticas y estratégicas.

Desde lo práctico, deberíamos evitar que los metales se obtengan fuera del país. Esto implicaría la construcción de plantas de refino que redundarían en un aumento de la inversión, un incremento de las fuentes de trabajo y en una oportunidad para establecer un contralor, sobre lo que se produce en concepto de metal y subproductos.

En el caso del cobre, convenir que las empresas destinen parte de su producción a resolver las necesidades de demanda interna, a efectos de terminar con la perversa dualidad de importar como producto elaborado con valor agregado, lo que exportamos como materia prima mineral. Ambas decisiones generarían en forma inmediata un impacto laboral.

Desde lo estratégico, cualquier actividad de carácter productiva, extractiva, de servicios etc., desde una adecuada planificación estratégica, puede generar desarrollo y crecimiento social y económico sustentable.

Pero la única actividad que puede generar desarrollo industrial es la actividad minera, que permite apalancar adicionalmente, todo tipo de desarrollo tecnológico, científico y militar.

El Ser de nuestro dilema minero, no pasa necesariamente por las empresas extranjeras que deseen invertir, ni por la cuantía de sus capitales de inversión.

Pasa por definir cuál es el modelo de desarrollo minero que desde el bien general y desde el interés nacional debemos defender como Nación, para salir del subdesarrollo, el atraso y la postergación, asegurando nuestro crecimiento, industrialización, bienestar y justicia social.

Hablar de esto es hablar de las pymes mineras, de un desarrollo minero tecnológico e industrial, y de un proyecto minero nacional, que en el contexto de un proyecto de Nación lamentablemente no se discute, no se cuenta y no se tiene.

 

Por: Héctor Velázquez Álvarez, Ingeniero en minas.

Diario de Cuyo

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