Con proyecto, Gobierno quiere evitar choques tras consultas populares. Estudian usar ‘fast track’.
El Gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para evitar los choques entre autoridades nacionales y locales por proyectos petroleros y mineros, e impedir que las consultas populares los prohíban, dijo el ministro de Minas y Energía, Germán Arce.
Luego de que la Corte Constitucional eliminara una norma que facultaba solo al Gobierno Nacional para decidir sobre proyectos de exploración y explotación, partidos políticos y grupos de ambientalistas han promovido consultas en diferentes municipios de Colombia en las que se han rechazado proyectos auríferos.
“Aquí hay una discusión muy de fondo, que es la estamos dando en este momento, y es cómo se armonizan las diferentes competencias legales, porque los alcaldes tienen competencias en el ordenamiento del suelo; y la Nación, en la administración del subsuelo”, dijo el ministro Arce.
El Gobierno Nacional es el responsable de gestionar los recursos del subsuelo en donde se encuentran el petróleo y los minerales, pero los alcaldes y gobernadores pueden definir los proyectos en sus jurisdicciones.
Además, el país quiere iniciar la exploración de otros metales como el cobre.
“Ni la Nación tiene el poder de imponerle una decisión al territorio, ni el territorio tiene la capacidad legal de vetar una competencia de nivel nacional”, sostuvo Arce.
En el caso de la consultas popular realizada en marzo en el municipio de Cajamarca, en Tolima, el 97,9 por ciento de los electores votaron contra la ejecución de proyectos y actividades de minería, y dejaron en la incertidumbre un proyecto aurífero de la sudafricana Anglogold Ashanti, que ha invertido 365 millones de dólares.
Inseguridad jurídica
Lo ocurrido en Cajamarca es la más reciente muestra de la inseguridad jurídica que enfrentan las empresas que invierten en la cuarta economía de América Latina, por las diferencias entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales.
El ministro Germán Arce sostuvo que el Gobierno estudia si presenta el proyecto de ley al Congreso por el mecanismo ordinario o a través de una forma rápida denominada fast track.
Con el mecanismo de vía rápida, el Ejecutivo está presentando al Congreso las leyes para implementar el acuerdo de paz que se firmó con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que pone fin a un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 220.000 muertos.
Colombia espera un incremento de la exploración y explotación de petróleo y minerales por las mejores condiciones de seguridad tras el acuerdo de paz, pero es consciente de que necesita dar garantías a los inversionistas.
“Darles una regla clara a los inversionistas debería quitar parte de esa incertidumbre que se ha generado por el activismo de algunos tribunales y cortes y por estas consultas, así como la sensación de riesgo que se está observando. A los inversionistas hay que darles una regla clara”, concluyó Arce.
El Tiempo
